País. Ahogados por las deudas: dos trabajadores estatales de Río Negro pidieron su propia quiebra

Dos trabajadores estatales de Río Negro pidieron su propia quiebra ante la Justicia de Villa Regina, asfixiados por créditos y consumos que ya no pueden pagar. Se trata de una empleada policial y de un trabajador vinculado al ámbito educativo.

La jueza del fuero Civil que intervino aceptó las dos presentaciones. En ambos casos consideró acreditada la cesación de pagos, es decir, la imposibilidad de cumplir de manera regular con las obligaciones.

Según informó la Dirección de Comunicación Judicial de la provincia, las deudas habían dejado de ser compromisos aislados y redujeron al mínimo el dinero disponible para los gastos cotidianos. Los expedientes incluyen préstamos de bancos y entidades financieras y consumos con tarjetas de crédito.

Las situaciones personales agravan el cuadro. En el caso de la empleada policial, su salario es el principal ingreso del hogar y debe afrontar un alquiler. El trabajador educativo, en tanto, atraviesa problemas de salud.

Qué implica pedir la propia quiebra

La quiebra no es una herramienta exclusiva de las empresas: una persona también puede solicitarla cuando ya no logra afrontar sus deudas. Una vez declarada, interviene un síndico que analiza el patrimonio, verifica los créditos y determina qué bienes podrían destinarse al pago.

En uno de los expedientes de Villa Regina, la Justicia ordenó suspender los descuentos salariales por obligaciones anteriores a la quiebra y frenar algunos débitos bancarios. A la vez, dispuso que una parte de los ingresos se deposite en una cuenta judicial.

El efecto inmediato es que esos descuentos dejan de consumir el sueldo mientras se ordena el pago a los acreedores.

Rodrigo Vicente, secretario general de ATE Río Negro, reclama un tope a los descuentos sobre los salarios.

El reclamo de ATE: un tope a los descuentos

Los dos casos le dieron sustento a un planteo que ATE Río Negro viene haciendo desde mediados de septiembre. Su secretario general, Rodrigo Vicente, le pidió al Ejecutivo provincial que fije un tope máximo para los descuentos voluntarios por préstamos, créditos y deudas financieras. El argumento es que el salario debe tener prioridad sobre los compromisos financieros.

El gremio cita antecedentes de la Justicia laboral rionegrina que establecieron un límite del 33%, calculado después de los descuentos de ley. Y expuso dos ejemplos extremos: una trabajadora a la que le retuvieron casi el 99% de su haber neto y cobró apenas $12.000, y un recibo de sueldo con saldo neto de $0.

Para Vicente, el sobreendeudamiento de los estatales es un problema de la provincia y también del país. El reclamo apunta al gobierno de Alberto Weretilneck, a quien los sindicatos le piden que intervenga.