País. Catamarca: denuncian que gremios intervienen en la titularización docente

La titularización docente en Catamarca quedó bajo la lupa después de que Roberto Díaz, técnico del Ministerio de Educación, denunciara que gremios del sector tendrían intervención directa en la definición de los listados. El planteo abrió un nuevo foco de tensión en el sistema educativo provincial y volvió a poner en debate el rol de los sindicatos en los procesos administrativos.

Díaz apuntó especialmente contra ATECA y sostuvo que habría docentes incluidos y excluidos del proceso según criterios que no estarían formalizados en un acto administrativo definitivo. Sus declaraciones también incluyeron denuncias por presunta persecución política y cuestionamientos a la gestión educativa encabezada por Verónica Soria.

Titularización docente: la denuncia que sacude a Educación

El técnico del Ministerio de Educación fue tajante al describir el mecanismo que, según su denuncia, se estaría aplicando en Catamarca: "Acá se titulariza quién puede, no quién tiene que hacerlo".

Díaz afirmó que, a diferencia de otros procesos de titularización por decreto, los listados serían elaborados y elevados por los gremios. De acuerdo con su planteo, quienes no figuren en esas nóminas quedarían afuera del acceso a la estabilidad laboral.

El denunciante también señaló que, hasta el momento de sus declaraciones, no existía un instrumento jurídico definitivo que formalizara las titularizaciones. "No hay un acto administrativo completo terminado", sostuvo, al reclamar una resolución ministerial o un decreto que oficialice el procedimiento.

El punto es sensible porque la titularización docente define estabilidad, carrera laboral y reconocimiento dentro del sistema educativo. Por eso, cualquier sospecha sobre discrecionalidad o intervención externa en los listados tiene impacto directo entre docentes de la Capital y del interior provincial.

ATECA, SIDCA y el rol de los gremios

Díaz cuestionó el lugar que estarían ocupando las organizaciones sindicales dentro del Ministerio de Educación. Según su mirada, la información sobre los procesos administrativos debería ser brindada por las autoridades oficiales, no por representantes gremiales.

En ese marco, afirmó que ATECA tendría injerencia para determinar quiénes acceden a la titularización. También mencionó a SIDCA, al que describió como un gremio con fuerte incidencia en las decisiones del área, aunque se trata de apreciaciones del propio denunciante.

El técnico fue más allá y advirtió que la afiliación sindical no puede ser utilizada como criterio para acceder a un derecho laboral. "No está como requisito puesto en el decreto que convoca, que habla de la titularización, que vos tengas que estar afiliado a un sindicato", señaló.

Según Díaz, el proceso se habría convertido en una titularización "a dedo" y afectaría especialmente a docentes del interior. También cuestionó que el Ministerio no hubiera solicitado a directivos y supervisores un relevamiento escuela por escuela para identificar a quienes realmente reúnen las condiciones.

Denuncias por "listas negras" y persecución política

La acusación más grave de Díaz apuntó a la existencia de mecanismos de persecución dentro del sistema educativo. "Existen listas negras, hay persecución política", afirmó durante la entrevista.

Consultado sobre esa frase, ratificó su denuncia sin matices: "Sí, señor. Sí, señor, lo afirmo, lo escribo y lo firmo donde quiera".

Como respaldo de su planteo, relató situaciones personales vinculadas a sumarios y descuentos salariales pese a haber presentado documentación por una licencia. También aseguró que hay trabajadores que temen expresar reclamos o mantener determinados contactos dentro del ámbito ministerial.

La denuncia instala un conflicto institucional de alto impacto para la gestión educativa provincial. Si el proceso de titularización queda atravesado por sospechas de discrecionalidad, presión gremial o persecución, el Gobierno deberá dar explicaciones sobre los mecanismos de control y transparencia aplicados.

Duras críticas a Verónica Soria y pedido a Jalil

Díaz también cargó contra la gestión de Verónica Soria al frente del Ministerio de Educación y Trabajo. Calificó la administración con "cero" y cuestionó la decisión del Gobierno de unificar ambas áreas.

"Esta es la peor gestión en todos los años que nosotros tenemos trabajando en el sistema educativo", afirmó el técnico, quien dijo tener más de 25 años de trayectoria vinculada al área.

En ese contexto, le hizo un pedido directo al gobernador Raúl Jalil: "Que revea quiénes son las autoridades del Ministerio de Educación y Trabajo".

Díaz sostuvo que todavía hay margen para modificar el rumbo de la política educativa provincial. "Que modifique aunque sea le queda un año de mandato, pero que modifique, que evite todo este desastre administrativo, pero pedagógico, político, que se ha transformado al ministerio", planteó.

El impacto político de la crisis educativa en Catamarca

El conflicto por la titularización docente llega en un momento delicado para el sistema educativo de Catamarca. La denuncia no solo apunta a un procedimiento administrativo, sino que cuestiona la relación entre el Ministerio, los gremios y los trabajadores de la educación.

El caso puede escalar si docentes excluidos del proceso, sectores opositores o la propia comunidad educativa reclaman explicaciones formales sobre los listados, los criterios utilizados y el instrumento legal que respalda las titularizaciones.

Para el Gobierno provincial, el desafío será despejar dudas sobre la transparencia del proceso y evitar que la denuncia se transforme en una crisis política mayor. Para los gremios, el episodio abre una discusión sobre los límites de su intervención en decisiones que impactan directamente en la carrera docente.