9 de octubre de 2026

Política

Política. San Isidro: el municipio pidió la indagatoria de Posse por presunto fraude con viviendas sociales

La gestión de Ramón Lanús, querellante en la causa, reclamó que el exintendente declare por un plan que preveía 250 casas y terminó con 41. La decisión queda en manos del juez federal Sebastián Ramos.

Quién pidió la indagatoria de Posse

La Municipalidad de San Isidro pidió la indagatoria del exintendente Gustavo Posse en la causa que investiga un presunto desvío de fondos de un plan de viviendas sociales. La presentación la hicieron los abogados Nicolás Ramírez, Juan José Oribe y Julieta Melconian, que representan al municipio.

La comuna, hoy conducida por Ramón Lanús, actúa como querellante desde marzo, cuando la Cámara Federal de Casación Penal habilitó su ingreso al expediente. La causa tramita en el Juzgado Federal N° 2 en lo Criminal y Correccional, a cargo de Sebastián Ramos, que es quien debe resolver si cita al exjefe comunal.

No es la primera vez que se reclama esa medida. En 2017 el fiscal Jorge Di Lello ya había pedido la indagatoria de Posse, pero nunca se concretó. La investigación nació en 2014, a partir de una denuncia de la abogada y exconcejal Marcela Durrieu.

El plan bajo sospecha: 250 casas previstas, 41 construidas

El expediente gira en torno al Plan Federal de Viviendas en el barrio Martín y Omar. Posse firmó el convenio con el Ministerio de Planificación Federal, que entonces conducía Julio De Vido, y el compromiso era levantar 250 viviendas en un año.

Las obras empezaron en 2006 y se dieron por cerradas en 2008. Una inspección de fines de 2016 contó 44 casas, y una pericia de ingeniería civil de 2022 bajó el número a 41 técnicamente válidas. Según la investigación, para eso se habría usado el doble de los recursos previstos al inicio.

La pericia contable detectó 12 redeterminaciones de precios que más que duplicaron el valor original del contrato. Además, se presentaron certificados de obra hasta marzo de 2016, nueve años después del plazo pactado, con pagos por $37,6 millones.


De las 250 viviendas comprometidas en el barrio Martín y Omar, la pericia judicial contó 41 construidas.

La declaración que apunta al exintendente

El pedido llegó después de un testimonio clave. En julio declaró como imputado Fernando Adrián Romero, subsecretario de Obras Públicas del municipio durante la ejecución del proyecto, que renunció en enero de 2009. En su declaración, señaló a Posse como el responsable exclusivo de las decisiones políticas, incluido el plan de viviendas.

El juez debe definir ahora si lo cita. Sobre Posse rige la presunción de inocencia.

La pelea política en el Concejo Deliberante

La causa también divide al Concejo Deliberante de San Isidro. El miércoles, el cuerpo aprobó un pedido de informes sobre la participación del municipio en el expediente, impulsado por los bloques Primero San Isidro y Convocación por San Isidro.

Votaron a favor los 12 concejales del oficialismo y sus aliados. En contra lo hicieron el possismo y los bloques peronistas, en una nueva muestra del enfrentamiento entre la gestión de Lanús y el espacio del exintendente.

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