Economía. Empleo en negro: la informalidad afecta al 45% de los trabajadores en Argentina

La informalidad laboral en Argentina alcanzó al 45% del total de trabajadores durante 2026 y volvió a encender alarmas sobre la calidad del empleo. El dato muestra un deterioro sostenido desde fines de 2023, cuando el indicador se ubicaba en 41,4%, y confirma que una parte creciente del mercado laboral funciona sin registración, aportes jubilatorios ni cobertura plena de derechos.

La medición corresponde al segundo trimestre del año y surge de datos procesados por la Universidad Nacional de Rosario a partir de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC. El informe también advierte que el problema se agrava en el Norte argentino, donde la informalidad entre cuentapropistas supera el 80% en varios centros urbanos.

Informalidad laboral: el avance del cuentapropismo precario

Uno de los puntos centrales del relevamiento es el cambio en la composición del empleo. Entre fines de 2023 y 2026, la participación de los asalariados cayó del 73,7% al 70,5%, mientras que el cuentapropismo avanzó del 22,6% al 25,5%.

Ese desplazamiento no es neutro. El informe señala que el 65,8% de quienes trabajan por cuenta propia en la población urbana opera en la informalidad. Es decir, buena parte del aumento del cuentapropismo se explica por ocupaciones de baja protección, ingresos inestables y escaso acceso a derechos laborales.

Entre los asalariados, la falta de aportes jubilatorios alcanza el 37,9%, una cifra que también muestra un deterioro respecto del 33,6% registrado a fines de 2016.

El dato confirma una tendencia de fondo: el mercado de trabajo genera ocupación, pero una porción significativa de esos puestos queda fuera de los mecanismos formales de protección social.

Servicio doméstico y construcción, los sectores más afectados

La informalidad no impacta igual en todas las actividades. El sector más golpeado es el servicio doméstico, donde la falta de registración llega al 77,4%. Le sigue la construcción, con 76,2%, uno de los rubros históricamente más expuestos a la contratación precaria.

También aparecen con niveles elevados la gastronomía y alojamiento, con 63,9%, y el comercio, con 54,7%. Se trata de actividades intensivas en empleo y muy sensibles a la caída del consumo, la estacionalidad y la rotación laboral.

En el otro extremo, los servicios profesionales, científicos y técnicos registran una informalidad del 19,2%, mientras que información y comunicación alcanza el 33,9%.

La brecha sectorial muestra que la calidad del empleo depende cada vez más del perfil productivo. Allí donde predominan empresas más grandes, mayor productividad y tareas especializadas, la formalidad crece. En cambio, en rubros de baja escala o alta rotación, el empleo informal se vuelve estructural.

El Norte supera el 80% de informalidad entre cuentapropistas

El análisis territorial expone una de las caras más duras del problema. Las tasas más altas de informalidad entre cuentapropistas se concentran en el Norte y Cuyo.

La ciudad de Formosa encabeza el ranking, con 87,9% de cuentapropistas informales. Le siguen Gran Tucumán y Tafí Viejo, con 87,6%, Santiago del Estero y La Banda, con 87,5%, Gran Resistencia, con 84%, y Gran San Juan, con 83%.

En el extremo opuesto aparecen la Ciudad de Buenos Aires, con 32,8%, Mar del Plata y Batán, con 42,7%, Bahía Blanca y Cerri, con 43%, y las ciudades fueguinas de Ushuaia y Río Grande, con 43,1%.

A nivel regional, la Patagonia muestra tasas de informalidad total de entre 18% y 33,5%, mientras que el Noroeste se ubica entre 43,9% y 56,2%, y el Noreste entre 51,9% y 53,8%.

Conurbano bonaerense: la informalidad llega al 70% en cuentapropistas

La brecha también se observa dentro del AMBA. En la Ciudad de Buenos Aires, la informalidad total es del 26%, con 25,6% entre asalariados y 32,8% entre cuentapropistas.

En el Conurbano bonaerense, en cambio, el indicador trepa al 47,5% total. La situación es especialmente crítica entre trabajadores independientes, donde la precariedad alcanza el 70,2%.

Ese contraste muestra dos mercados laborales muy distintos dentro de una misma área metropolitana. Mientras CABA concentra más empleo formal, servicios profesionales y actividades de mayor productividad, el Conurbano combina cuentapropismo de subsistencia, baja escala empresarial y mayores niveles de vulnerabilidad social.

El dato tiene impacto político y económico. El Conurbano bonaerense es el distrito socialmente más sensible del país y cualquier deterioro en la calidad del empleo repercute sobre ingresos familiares, consumo, asistencia social y conflictividad territorial.

Las causas estructurales detrás del empleo informal

Según el informe, las diferencias regionales no se explican solo por la cantidad de cuentapropistas en cada jurisdicción. También pesan la estructura productiva, la productividad promedio y el tamaño de las empresas.

En provincias donde predominan actividades de alta productividad y grandes compañías, como la industria hidrocarburífera en Neuquén, la informalidad es mucho más baja y ronda el 26,4%. Algo similar ocurre en sectores ligados a minería, electrónica o servicios especializados.

En cambio, las zonas con menor densidad empresarial, más empleo independiente de baja escala y menor productividad muestran mayores niveles de informalidad.

La presencia del sector público también funciona como amortiguador. En provincias como La Rioja y Catamarca, donde el empleo estatal representa más de un tercio de los ocupados, la informalidad ronda el 43,9% y el 45,1%, respectivamente.

El impacto social de un mercado laboral partido

El avance de la informalidad laboral abre un debate central para la economía argentina. No se trata solo de empleo en negro, sino de trabajadores que quedan fuera de aportes jubilatorios, obra social, indemnización, licencias y protección frente a accidentes o caída de ingresos.

El crecimiento del cuentapropismo precario también puede reflejar una estrategia de supervivencia ante la falta de empleo asalariado formal. En ese escenario, muchas personas generan ingresos por cuenta propia, pero sin estabilidad ni derechos laborales comparables.

Para el Gobierno, el dato representa un desafío doble: reducir la informalidad sin destruir empleo y mejorar la productividad de regiones donde el trabajo no registrado aparece como una condición estructural. Para sindicatos, provincias y empresas, la discusión vuelve a poner en primer plano la necesidad de políticas laborales, fiscales y productivas que permitan formalizar sin expulsar trabajadores del mercado.