15 de octubre de 2026
El juez federal Martín Cormick impuso una multa diaria al jefe de Gabinete por el incumplimiento de la cautelar que obliga al Gobierno de Javier Milei a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. La medida responde a un reclamo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) por la falta de actualización salarial y de fondos para becas estudiantiles.
El juez Martín Cormick impuso una multa diaria de $100.000 a Diego Santilli por el incumplimiento de la cautelar sobre el financiamiento universitario.
La Justicia federal impuso una multa diaria de $100.000 al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de la medida cautelar que ordenó al Gobierno de Javier Milei cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución fue firmada este miércoles por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, en el marco de una causa impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
La decisión judicial responde al reclamo por la falta de actualización de los salarios de docentes y trabajadores no docentes de las universidades nacionales, además de la insuficiencia de fondos destinados a las becas estudiantiles. El magistrado consideró que existió un incumplimiento de la orden judicial y dispuso la aplicación de sanciones económicas diarias al funcionario responsable de la administración del presupuesto.
En su resolución, Cormick dispuso hacer efectivo el apercibimiento que había establecido el 30 de septiembre de 2026 y fijó una multa diaria inicial de $100.000 para el titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
El documento fundamenta la medida en las atribuciones establecidas por el artículo 100, inciso 1, de la Constitución Nacional y el artículo 5 de la Ley 27.798. También advierte que la sanción podría modificarse si continúa el incumplimiento de la cautelar.
En concreto, el juez dejó abierta la posibilidad de aumentar el monto de las multas o incorporar a otros funcionarios entre los responsables alcanzados por las sanciones. De esta manera, la resolución establece un mecanismo de presión judicial para que el Poder Ejecutivo cumpla con lo ordenado.
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El conflicto tiene como antecedente una intimación dictada por Cormick el 22 de septiembre, cuando el magistrado le otorgó al Poder Ejecutivo un plazo de cinco días hábiles para comenzar a pagar las partidas previstas en la Ley de Financiamiento Universitario.
Según los antecedentes consignados en el caso, el Gobierno no cumplió con esa disposición dentro del plazo establecido. Frente a esa situación, el juez avanzó con la aplicación de las astreintes, una herramienta judicial que permite imponer sanciones económicas para procurar el cumplimiento de una obligación.
La administración de Milei anunció que apelará la medida cautelar. Sin embargo, Cormick sostuvo que la resolución continúa «activa, firme y de cumplimiento obligatorio» y señaló que ya había sido convalidada previamente por la Corte Suprema, según los términos informados en el caso.
La Justicia federal volvió a exigir al Gobierno de Javier Milei que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) impulsa desde hace meses el reclamo judicial por la aplicación de la ley. Entre los principales puntos de conflicto figuran la actualización de los salarios del personal docente y no docente y los fondos destinados a las becas para estudiantes universitarios.
La controversia se centra en la ejecución de una norma que establece obligaciones de financiamiento para las universidades nacionales. La falta de cumplimiento denunciada por el sector universitario derivó en una disputa judicial con el Gobierno nacional.
La sanción contra Santilli introduce un nuevo capítulo en ese conflicto: además de la obligación de cumplir con la cautelar, la Justicia dispuso consecuencias económicas diarias ante la persistencia del incumplimiento.
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Desde el Poder Ejecutivo cuestionaron la interpretación de la resolución como una sanción personal contra Diego Santilli. Según la postura oficial, el documento no identifica personalmente al jefe de Gabinete ni establece una obligación de pago individual a su nombre.
«Se trata de una resolución dirigida a funcionarios de la Jefatura de Gabinete en el marco de un expediente judicial, no de una sanción personal contra Diego Santilli», señalaron desde el Gobierno.
La posición oficial contrasta con el alcance de la medida dispuesta por Cormick, que fijó una multa diaria inicial de $100.000 para el titular de la Jefatura de Gabinete y dejó abierta la posibilidad de modificar tanto el monto como los funcionarios alcanzados.
La decisión judicial profundiza el enfrentamiento entre el Gobierno de Javier Milei y el sistema universitario nacional por la aplicación de la ley de financiamiento. El caso también plantea una disputa sobre el cumplimiento de las decisiones judiciales por parte del Poder Ejecutivo.
El punto central será determinar si el Gobierno acata la cautelar o si la controversia continúa por la vía judicial. Mientras tanto, la multa diaria y la posibilidad de extender las sanciones agregan presión sobre los funcionarios responsables de ejecutar las partidas presupuestarias reclamadas por las universidades.
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