15 de octubre de 2026
La oposición reunió 121 diputados y quedó a ocho del quórum necesario. Las ausencias de legisladores vinculados con Pullaro, Jaldo y otros mandatarios provinciales fueron determinantes. La Casa Rosada negoció concesiones legislativas mientras las provincias mantenían abiertos sus reclamos por obras y recursos.
Sin quórum. La oposición no pudo alcanzar los 129 diputados necesarios para que se desarrolle la sesión.
El Gobierno de Javier Milei consiguió evitar una derrota política de alto impacto en la Cámara de Diputados gracias a una combinación de negociaciones con gobernadores, concesiones parlamentarias y ausencias decisivas. La oposición no alcanzó el quórum para tratar el rechazo del DNU 70/23, uno de los pilares del programa económico libertario, y la sesión especial convocada para este jueves 15 de octubre terminó fracasando.
El tablero marcó 121 diputados presentes, ocho menos de los 129 necesarios para abrir el debate. En esa diferencia resultaron determinantes legisladores vinculados con los gobernadores Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, Osvaldo Jaldo, de Tucumán, y Carlos Sadir, de Jujuy.
El salteño Gustavo Sáenz también quedó en el centro de las negociaciones, aunque su bloque tuvo una posición diferente: dos de sus tres diputados acompañaron el quórum opositor.
El resultado representó un alivio para la Casa Rosada, que logró preservar el megadecreto y recuperar margen de negociación de cara al Presupuesto 2027 y a la discusión por la suspensión de las PASO.
La estrategia del oficialismo se concentró en impedir que la oposición reuniera los diputados suficientes para iniciar la sesión.
En Santa Fe, dos legisladores cercanos a Maximiliano Pullaro, Gisela Scaglia y José Núñez, no bajaron al recinto. Ambos integran Provincias Unidas, el espacio que reúne a sectores provinciales con una relación variable con el Gobierno nacional.
Scaglia, además, preside la bancada, por lo que su ausencia tuvo un peso político especial.
En Tucumán, la ayuda fue todavía más directa. Los tres diputados del bloque Independencia, alineados con el gobernador Osvaldo Jaldo, decidieron no participar.
Se trata de Gladys Medina, Javier Noguera y Elia Fernández, cuyos votos podían resultar decisivos para alcanzar el número reglamentario.
La misma situación se registró en Jujuy, donde Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán, vinculados con el gobernador Carlos Sadir, tampoco estuvieron presentes. El caso de Zigarán generó un fuerte malestar opositor porque había firmado la convocatoria a la sesión, pero finalmente no asistió.
También se registraron otras ausencias entre legisladores de Provincias Unidas y espacios provinciales, lo que terminó de desarmar las posibilidades de la oposición.
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, fue uno de los protagonistas de las conversaciones previas, aunque el comportamiento de sus legisladores mostró que el respaldo provincial al Gobierno no fue uniforme.
Los diputados Pablo Outes y Bernardo Biella, integrantes de Argentina Federal, finalmente bajaron al recinto y aportaron sus presencias al intento opositor.
La tercera representante salteña, Yolanda Vega, no asistió por motivos de salud, una ausencia que había sido anticipada.
La situación expuso el peso de las negociaciones provinciales, pero también sus límites: no todos los gobernadores dialoguistas garantizaron la misma conducta parlamentaria.
En el caso de Sáenz, la relación con la Casa Rosada mantiene un componente pragmático, atravesado por pedidos vinculados con infraestructura, desarrollo productivo y recursos para la provincia.
Esa agenda ganó visibilidad durante la jornada con el anuncio del Gobierno nacional de convocar a empresas mineras y operadores logísticos para analizar mejoras en el Belgrano Cargas, con especial impacto en Salta y la reactivación ferroviaria del norte argentino.
La coincidencia temporal entre el anuncio y las negociaciones parlamentarias generó atención entre los bloques opositores. Sin embargo, no está acreditado que esa iniciativa haya sido ofrecida como una contraprestación directa por las ausencias legislativas.
El intento por sostener el DNU 70/23 se desarrolló en un escenario de negociaciones entre el Poder Ejecutivo y los gobernadores.
Los mandatarios provinciales necesitan mantener abiertos los canales con la Nación para avanzar en obras de infraestructura, financiamiento y proyectos productivos. A su vez, Milei depende de los bloques territoriales para construir mayorías o bloquear iniciativas opositoras.
La discusión incorporó una concesión política concreta: la decisión del oficialismo de aceptar la restitución de los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
La Libertad Avanza acordó incorporar esa modificación al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que será debatida en la sesión convocada para el 21 de octubre.
El texto incluye la eliminación de los efectos del artículo 154 del DNU 70/23, que había derogado la Ley de Tierras, y la restitución de la Ley 26.737.
De esa manera, el Gobierno buscó desactivar uno de los argumentos más importantes que utilizaba la oposición para promover el rechazo integral del decreto.
La estrategia combinó una salida legislativa para un punto conflictivo con negociaciones territoriales de último momento.
No obstante, los contactos por obras y recursos provinciales no permiten afirmar por sí solos que se hayan cerrado acuerdos económicos a cambio del quórum.
El conflicto por la Ley de Tierras había complicado al Gobierno después de que la discusión sobre la compra de inmuebles rurales por extranjeros volviera al centro de la agenda judicial y parlamentaria.
La Corte Suprema dispuso una medida cautelar que restableció provisoriamente los límites legales a la extranjerización de tierras.
Ese fallo modificó el escenario político y permitió que el oficialismo negociara una alternativa sin avanzar hacia el rechazo completo del megadecreto.
Para varios legisladores dialoguistas, la posibilidad de mantener los límites de la Ley de Tierras eliminaba uno de los principales motivos para acompañar una sesión contra todo el DNU.
La Casa Rosada aprovechó ese margen para incorporar los cambios a un proyecto propio y convocar a una nueva sesión para el 21 de octubre.
El movimiento fue decisivo porque el eventual rechazo del decreto en Diputados habría tenido consecuencias institucionales importantes. El Senado ya había votado en contra del DNU en 2024, por lo que una decisión similar de la Cámara baja habría completado el rechazo legislativo. Al impedir la apertura de la sesión, el Gobierno evitó ese escenario.
La caída de la sesión no afectó únicamente al intento de rechazar el DNU 70/23. La convocatoria incluía otros asuntos sensibles para el oficialismo, entre ellos la prórroga de la emergencia en discapacidad y proyectos destinados a abordar el creciente endeudamiento de las familias argentinas.
La oposición buscaba reunir distintas demandas sociales dentro de una misma sesión y ampliar así la presión sobre el Ejecutivo.
El objetivo era aprovechar la movilización de sectores universitarios, organizaciones sociales y sindicatos para impulsar una agenda parlamentaria que colocara al Gobierno en una posición defensiva.
Sin embargo, el faltazo de ocho legisladores respecto del mínimo necesario impidió que se abriera formalmente el debate.
La jornada dejó una señal sobre la capacidad del oficialismo para intervenir en la dinámica parlamentaria incluso sin contar con mayoría propia.
El resultado también puede leerse como un anticipo de las negociaciones que se aproximan. El Presupuesto 2027 será una de las principales discusiones entre el Gobierno nacional y los mandatarios provinciales. Allí volverán a aparecer reclamos por fondos, infraestructura, transferencias y distribución de recursos.
La Casa Rosada también pretende avanzar con la suspensión de las elecciones primarias, un debate que necesitará acuerdos con fuerzas ajenas al oficialismo.
En ese escenario, Pullaro, Jaldo, Sadir y otros gobernadores mantienen capacidad para influir sobre decisiones nacionales mediante sus legisladores.
El vínculo funciona en ambas direcciones. El Gobierno necesita votos y ausencias estratégicas, mientras los mandatarios buscan preservar margen de negociación frente a la Nación.
La sesión fallida mostró que el poder territorial de los gobernadores sigue siendo determinante para la gobernabilidad de Milei, incluso cuando no existe una alianza electoral formal.
El Presidente evitó una derrota que podía golpear uno de los pilares de su gestión. Pero el resultado también dejó expuesta una dependencia política: la supervivencia de proyectos centrales puede quedar atada a decisiones de dirigentes provinciales con intereses y agendas propias.
La Casa Rosada ganó tiempo y conservó el DNU 70/23. La próxima prueba llegará con la sesión del 21 de octubre y, especialmente, con la negociación del Presupuesto 2027.
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