15 de octubre de 2026
La Justicia investiga presuntas irregularidades en una megaobra financiada con recursos públicos y créditos internacionales. El ex gobernador y actual senador nacional figura entre los once involucrados. La construcción sigue inconclusa y una presentación judicial busca trasladar el expediente al fuero federal.
En la mira. Uñac, que recientemente se autoproclamó como posible candidato presidencial del peronismo, está siendo investigado por la Justicia Federal.
El ex gobernador de San Juan y actual senador nacional Sergio Uñac quedó en el centro de una investigación judicial por presuntas irregularidades en el Acueducto Gran Tulum, una obra de infraestructura hídrica presupuestada originalmente en USD 198 millones que, años después de su puesta en marcha, continúa inconclusa.
La causa alcanza a once personas, entre exfuncionarios provinciales, autoridades de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) y representantes de empresas vinculadas con el proyecto. Los fiscales buscan determinar si existieron anomalías en las contrataciones, la compra de cañerías, los costos y los controles sobre los trabajos realizados.
El expediente sumó además un capítulo que puede proyectar el caso al escenario judicial nacional: la defensa de uno de los investigados solicitó que la causa pase a la Justicia Federal, mientras que el juez Daniel Rafecas ya pidió información para evaluar su competencia.
El Acueducto Gran Tulum fue presentado como uno de los proyectos de infraestructura más importantes de San Juan. Su objetivo era ampliar el abastecimiento de agua potable y mejorar el servicio para una población futura superior al millón de habitantes.
La obra comenzó en 2018 y debía convertirse en una pieza estratégica para garantizar el suministro de agua en el Gran San Juan y departamentos aledaños.
Sin embargo, el proyecto continúa inconcluso y quedó bajo investigación judicial por posibles irregularidades en su ejecución.
El presupuesto original rondaba los USD 198 millones, una cifra que refleja la magnitud del emprendimiento y el volumen de recursos comprometidos.
Ese monto corresponde a la estimación inicial del proyecto y no implica que la Justicia haya acreditado un gasto efectivo por la totalidad de esa suma.
Uno de los principales interrogantes del expediente es determinar qué ocurrió con las contrataciones, los materiales utilizados, los mecanismos de supervisión y los fondos destinados a una obra que todavía no cumplió su objetivo.
La cuestión excede las fronteras provinciales. Se trata de una infraestructura vinculada con un servicio esencial, financiada mediante una combinación de recursos públicos y endeudamiento, cuyo resultado está bajo cuestionamiento.
La causa involucra a Sergio Uñac, quien gobernó San Juan entre 2015 y 2023 y actualmente ocupa una banca en el Senado de la Nación.
También alcanza a Cristian Andino, actual diputado nacional y exresponsable de OSSE, y a Julio Ortiz Andino, exministro de Infraestructura provincial.
Entre los investigados aparecen además los expresidentes de OSSE Sergio Ruiz, Guillermo Sirerol y Juan Carlos Caparrós, junto con otros exresponsables y funcionarios vinculados con la ejecución y supervisión de los trabajos.
La investigación también incluye a Gustavo Mastelono, representante de Krah América Latina, empresa vinculada con la provisión de cañerías para el proyecto.
El expediente busca reconstruir las distintas etapas de la obra y establecer qué responsabilidades podrían corresponder a cada una de las personas involucradas.
La inclusión de Uñac tiene una dimensión política especial porque se trata de un exgobernador que conserva representación en el Congreso nacional.
Hasta el momento, no existe una condena ni una determinación judicial de culpabilidad contra los investigados.
La investigación se inició en diciembre de 2025, luego de una denuncia del abogado Marcelo Arancibia, quien solicitó que se analizaran las contrataciones y los procedimientos administrativos relacionados con el acueducto.
Entre los principales puntos bajo análisis aparecen las licitaciones, los precios abonados, la provisión y calidad de las cañerías y los controles técnicos realizados durante la construcción.
Uno de los capítulos centrales involucra a los materiales utilizados y a las empresas encargadas de suministrarlos.
La Fiscalía busca determinar si las decisiones adoptadas durante la ejecución del proyecto fueron ajustadas a las condiciones contractuales y si existieron eventuales perjuicios económicos para el Estado.
Los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro, de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Especiales, tienen a su cargo la investigación provincial.
El objetivo es reunir elementos que permitan establecer si se cometieron delitos y, en ese caso, qué participación tuvo cada uno de los involucrados.
El proceso judicial sumó tensión este miércoles, cuando debía realizarse una audiencia de formalización de la investigación.
El encuentro fue suspendido después de que Sergio Uñac y Cristian Andino no se presentaran ante la jueza de Garantías Mónica Lucero. Los abogados de ambos legisladores justificaron sus ausencias por compromisos parlamentarios en Buenos Aires.
La magistrada consideró justificadas las inasistencias, mientras que el fiscal Sebastián Gómez cuestionó los argumentos y planteó la posibilidad de solicitar el desafuero para garantizar la comparecencia.
Finalmente, la audiencia fue reprogramada a pedido de las partes, sin que se concretara la formulación de cargos contra los once investigados.
El episodio incorporó una dimensión institucional al expediente, debido a que dos de las personas involucradas cuentan con inmunidades parlamentarias.
Los fueros no impiden investigar a un legislador, aunque pueden establecer condiciones especiales para determinadas medidas judiciales.
En paralelo, la defensa de Sergio Ruiz, expresidente de OSSE, presentó una inhibitoria para solicitar que la investigación pase de la Justicia de San Juan a la Justicia Federal.
El planteo fue realizado por el abogado Mohamed Nasser Uzair y recayó en el juzgado federal interinamente a cargo de Daniel Rafecas, bajo el expediente CFP 5004/2026.
El argumento principal es el origen del financiamiento de la obra.
La defensa sostiene que aproximadamente USD 99 millones del presupuesto original provinieron de recursos nacionales y que el resto estuvo asociado con líneas de crédito internacional respaldadas por el Estado argentino.
La participación nacional en el financiamiento tiene antecedentes documentados. En 2019, el entonces Ministerio de Hacienda anunció un préstamo de USD 50 millones del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional destinado a financiar parte del acueducto.
Para los abogados de Ruiz, la intervención de organismos nacionales en el financiamiento y la supervisión justificaría que el expediente sea investigado por tribunales federales.
Rafecas solicitó informes a la Fiscalía provincial y a la jueza Mónica Lucero para conocer el estado de las actuaciones. Por ahora, el magistrado no resolvió asumir la competencia.
Si se produce un conflicto entre ambas jurisdicciones, la controversia podría terminar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El abogado Mohamed Nasser Uzair también cuestionó el criterio utilizado para identificar a las personas alcanzadas por la causa.
"Queremos una investigación independiente del poder y una Justicia transparente. Existe una evidente selectividad en la actuación de los fiscales. Por ejemplo, se cita y notifica a Cristian Andino por haber sido presidente de OSSE, pero no se aplica el mismo criterio respecto del exgobernador José Luis Gioja, iniciador de la obra", sostuvo.
El letrado también mencionó a José Luis Beltrán, actual presidente de OSSE durante la administración del gobernador Marcelo Orrego, y cuestionó que no haya sido incluido en la investigación.
La defensa considera que el expediente presenta criterios desiguales respecto de funcionarios que intervinieron en distintas etapas del proyecto.
Esos cuestionamientos forman parte de la estrategia procesal de uno de los investigados y no constituyen irregularidades judiciales acreditadas.
La investigación por el Acueducto Gran Tulum tiene derivaciones que van más allá de San Juan.
El expediente involucra a un exgobernador que hoy integra el Senado, a un diputado nacional, a exfuncionarios provinciales y a una empresa vinculada con una obra financiada parcialmente con recursos nacionales.
El caso también vuelve a poner en discusión el control de la obra pública en Argentina, especialmente en proyectos de infraestructura de gran escala que involucran fondos de diferentes jurisdicciones y compromisos de financiamiento internacional.
Para Uñac, el avance judicial representa un frente de exposición política mientras mantiene actividad en el Congreso.
Para la actual administración provincial, encabezada por Marcelo Orrego, el desafío consiste en definir el futuro de una infraestructura esencial y esclarecer los cuestionamientos que rodean su ejecución.
La causa todavía atraviesa una etapa preliminar y el traslado al fuero federal no está resuelto.
Pero el interrogante central ya está instalado: cómo una obra presupuestada en USD 198 millones, destinada a garantizar agua potable, llegó a permanecer inconclusa y bajo investigación judicial.
La respuesta dependerá del avance de las pericias, el análisis de los contratos y las decisiones que adopten los tribunales sobre las responsabilidades de cada uno de los involucrados.
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