País. Catamarca hierve por los negocios de la familia Jalil: control de farmacias, OSEP y denuncias que llegan a La Rioja

Raúl Jalil no solo es el Gobernador de Catamarca. Con el poder que ha generado se cree un Todopoderoso que maneja gran parte de la provincia a su antojo. Y los negocios, su familia y el Estado como una administración de su propiedad parecen ser toda una misma cosa. Las denuncias se multiplican, los contratos millonarios se repiten y encontrar alguien que se anime a hablar de los negociados que hay detrás es una tarea que se siente peligrosa.

En Catamarca circulan cuestionamientos crecientes sobre la participación del entorno familiar del gobernador Raúl Jalil en el sector de la salud privada y las farmacias, en un contexto de críticas a la situación de la obra social provincial (OSEP) y a la provisión de insumos en el sistema público.

Al mismo tiempo, en la vecina La Rioja el Concejo Deliberante de la capital trata un proyecto que pide un informe detallado sobre eventuales participaciones societarias y contratos del mandatario y su familia.

Las críticas apuntan a una concentración de la cadena farmacéutica. Se señala que el Grupo Jalil, a través de Red Colón de Farmacias, tendría una presencia dominante en Catamarca.

OSEP (obra social de empleados públicos) de Catamarca.

El monopolio farmacéutico y la OSEP

Colón Red de Farmacias nació en 1979 como emprendimiento familiar impulsado por José Guido Jalil, padre del gobernador y fundador del Sanatorio Pasteur en 1959.

Según la propia empresa y LinkedIn, hoy cuenta con alrededor de 24 sucursales, incluidas cerca de 10 en La Rioja, y se presenta como un grupo de autoservicio con dermocosmética y otros rubros.

Críticos y notas periodísticas locales sostienen que el grupo concentra la mayoría de las farmacias catamarqueñas y es el principal proveedor de medicamentos de alto costo (incluidos oncológicos) para OSEP.

La declaración jurada de Raúl Jalil, difundida en 2024, confirma su participación societaria: 20 % en Sanatorio Pasteur S.A. (valuado en más de $633 millones en ese momento), 20 % en Red Colón S.A. (cerca de $390 millones) y participaciones menores en otras firmas como Frutos del Cerro S.A. (producción de nueces).

El Sanatorio Pasteur, dirigido actualmente por miembros de la familia (entre ellos Fernando Jalil como vicepresidente), es el principal centro privado de alta complejidad de Catamarca y forma parte de una red que incluye otras clínicas.

Opositores acusan al gobierno de desviar pacientes y recursos de la salud pública hacia estas instituciones privadas, con auditorías y comités que favorecerían al grupo. En 2024 y 2025 se publicaron notas que calificaban a OSEP como "una sucursal más del Grupo Jalil" y señalaban aumentos de órdenes y aportes obligatorios que impactarían especialmente en docentes y empleados públicos.

Expansión a La Rioja

El mismo día del video y en jornadas previas, el Concejo Deliberante de la capital riojana trató un proyecto de resolución impulsado por el concejal libertario Ángel Ávila. El pedido exige al Ejecutivo municipal un informe detallado sobre participación societaria, administración, contratos, habilitaciones y controles de Raúl Jalil y su familia en La Rioja desde el 1 de enero de 2019 (incluyendo farmacias, concesionarias y otros establecimientos).

El texto menciona específicamente firmas como Red Colón y apunta a verificar posibles contrataciones municipales, habilitaciones comerciales y ausencia de conflictos de intereses. Sectores opositores vinculan la expansión empresarial con un supuesto pacto político para ganar influencia en la provincia vecina.

Las críticas apuntan a una concentración de la cadena farmacéutica.

Otras denuncias de negocios polémicos

Las críticas no se limitan al sector salud. En las últimas semanas se acumularon denuncias penales y políticas:

• Gasoducto Troncal Lavalle-Catamarca: Jalil y varios funcionarios fueron denunciados ante la Justicia federal por un acuerdo con la empresa MEGA que redujo una multa de $1.963 millones (actualizada por inflación a más de $6.800 millones según los denunciantes) a un pago de apenas $301 millones, además de liberar garantías. La obra, financiada con fondos nacionales y adjudicada en 2022, quedó inconclusa. Se investigan posibles delitos de administración fraudulenta, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública.
• Cerro Atajo y minería: Legisladores de la UCR y La Libertad Avanza denunciaron la adjudicación por parte de la empresa estatal CAMYEN de derechos de exploración a Lua Mining (constituida poco antes del contrato) en el yacimiento de Andalgalá, al que se atribuye un potencial de oro valuado en US$28.000 millones. Se cuestiona la falta de licitación y supuestos vínculos con empresarios cercanos a Jalil. Hubo denuncias penales previas en 2025.
• Otros frentes incluyen acusaciones por obras públicas que revalorizarían terrenos familiares (incluidos proyectos inmobiliarios de 46 hectáreas), el control de YMAD con designaciones familiares, vínculos de un hermano (Andrés Jalil) con la estafa piramidal de Adhemar Capital (donde figuró como inversor y luego como damnificado) y conflictos de interés en el sector olivícola junto al vicegobernador Rubén Dusso.

Jalil, quien asumió la gobernación de Catamarca en 2019, mantiene una alianza política local con sectores del peronismo.

Jalil, peronista y gobernador desde 2019, proviene de una familia de origen libanés con trayectoria empresarial y política en Catamarca (su padre también fue intendente).

La familia mantiene un holding que abarca salud privada, farmacias, agro (nueces, olivos, viñedos), inmobiliario y otros rubros.

Mientras el gobierno destaca inversiones mineras de litio y cobre y gestiones ante Nación, la oposición y medios críticos sostienen que el poder político se usa para consolidar negocios privados.

Foto familiar histórica de los Jalil, compartida por el gobernador Raúl Jalil. Aparecen su madre Evelina, hermanos (entre ellos Fernando) y la tía Marta en la Hostería de Paclín, hace unos 60 años.

Hasta el momento, las denuncias se encuentran en etapa de investigación y no hay condenas firmes.

El video y el pedido de informes en La Rioja marcan el momento en que la controversia cruza la frontera provincial.