Sucesos. Causa ANDIS: Nuevo procesamiento a Spagnuolo por irregularidades en compras de insumos y medicamentos

El juez federal Ariel Lijo, a cargo interino del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 11, dictó este viernes un nuevo procesamiento sin prisión preventiva contra Diego Orlando Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y amplió las imputaciones en la investigación por presuntas irregularidades en contrataciones del Programa Incluir Salud.

La resolución, de más de 500 carillas, extendió las acusaciones contra Spagnuolo, su exsegundo Daniel María Garbellini y el lobista Miguel Ángel Calvete (considerados presuntos jefes de una asociación ilícita), así como contra Andrés Horacio Arnaudo y Federico Maximiliano Santich (como miembros de esa organización).

Todos ya habían sido procesados el 9 de febrero de 2026 por el entonces juez Sebastián Casanello, medida confirmada en septiembre por la Sala II de la Cámara Federal.

Además, Lijo procesó sin prisión preventiva a otras 19 personas -principalmente empresarios vinculados a firmas proveedoras y agentes administrativos de ANDIS- y dictó falta de mérito para 11 indagados. No se dispuso prisión preventiva porque los imputados se mantuvieron "a derecho" y no se advirtió riesgo de fuga o entorpecimiento.

El monto y la operatoria investigada

La Justicia estimó de manera provisoria y parcial diferencias de precios por al menos $7.833.872.357,24 en compras de medicamentos e insumos médicos y ortopédicos. De ese total, unos $5.984.594.394,24 corresponden a medicamentos y $1.849.277.963 a insumos en seis segmentos: amputaciones, cardiología, implantes auditivos y audífonos, neurocirugía, sillas y andadores, y traumatología.

El relevamiento técnico lo realizó el Ministerio de Salud y se limita a operaciones cotejables con valores de referencia.

Según la resolución, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 funcionarios de ANDIS (bajo la gestión de Spagnuolo, designado por el presidente Javier Milei) habrían direccionado de manera intencionada compras de prestaciones de alto costo y baja incidencia (PACBI) del Programa Incluir Salud -destinado a personas con discapacidad o enfermedades graves sin cobertura- para favorecer a proveedores vinculados, a cambio de retornos y dádivas. La operatoria incluiría selección arbitraria de proveedores, circulación de información privilegiada, simulación de competencia, direccionamiento de adjudicaciones y gestión de pagos.

Lijo sostuvo que las pruebas permiten tener por acreditada, con el grado de probabilidad de esta etapa, "la existencia de una organización delictiva que habría operado dentro y fuera de la ANDIS", integrada por funcionarios, operadores externos (como Calvete y Pablo Atchabahian), empresarios y personas encargadas de canalizar fondos.

Los delitos atribuidos son asociación ilícita, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y defraudación por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública nacional. En algunos casos se sumó lavado de activos agravado.

Entre los nuevos procesados figuran empresarios ligados a Expo Trauma, Artrobone Ortopedia, Cirugía y Ortopedia Imnova, Cirugía Alemana Insumos Médicos, Farma Salud, Laboratorio Ortopédico Sagués, Med-El Latino América, Meridius, Neurosalud, Ortopedia Bernat, Bymax Medical y Sistemas Médicos Globales, además de agentes administrativos como Fabián Parlakian, Matías Palotti Bertola y Alberto Denholm, y otros vinculados a circuitos financieros alrededor de Calvete.

Contexto de la causa

Spagnuolo estuvo al frente de ANDIS desde diciembre de 2023 hasta agosto de 2025, cuando dejó el cargo tras la difusión de audios en los que se lo escucharía hablar de un sistema de coimas.

La causa, impulsada por el fiscal Franco Picardi, ya tenía un tramo previo centrado en medicamentos con estimaciones de perjuicio más amplias en etapas anteriores.

Esta nueva resolución profundiza el análisis de la misma estructura delictiva en el rubro insumos y se suma a la confirmación previa de los procesamientos por la Cámara.

La medida mantiene el avance de la investigación hacia eventuales etapas de juicio, sin que implique condena. Los imputados pueden apelar.