16 de octubre de 2026
Un informe reveló que unas 1.937 compañías entraron en mora durante septiembre y que los casos crecieron 53% en un año. Las tasas de interés elevadas, la debilidad de la industria y la construcción y las dificultades para acceder al crédito complican al sector privado. El deterioro agrega presión sobre la actividad económica y las perspectivas de recuperación.
La morosidad empresarial en Argentina alcanzó niveles preocupantes durante septiembre de 2026, con 58.982 compañías que registran dificultades para cumplir normalmente con sus obligaciones bancarias. La cifra representa un incremento interanual del 53% y expone las crecientes tensiones financieras que enfrenta una parte del sector privado en medio de la debilidad de la actividad económica.
Los datos surgen de un relevamiento de la consultora Fidelitas, que detectó que otras 1.937 empresas ingresaron en mora durante septiembre, un aumento del 3,5% respecto de agosto. El informe también advirtió sobre el deterioro de los indicadores de riesgo y el impacto que tienen las tasas de interés elevadas sobre la capacidad de financiamiento de las compañías.
El avance de la morosidad empresarial constituye una de las principales señales de alerta para el sistema financiero y el entramado productivo argentino. El crecimiento del 53% en doce meses muestra que las dificultades de pago se extendieron a una cantidad significativamente mayor de compañías.
La situación afecta a empresas que registran atrasos o clasificaciones crediticias distintas de la normal dentro del sistema bancario. Esto no significa que las casi 59.000 firmas estén quebradas o hayan suspendido sus actividades, sino que presentan diferentes grados de dificultades para cumplir sus compromisos financieros.
Durante septiembre, el número de compañías en situación irregular aumentó en 1.937 casos. El dato confirma que el deterioro no se limita a episodios aislados, sino que forma parte de una tendencia que se viene profundizando en los últimos meses.
El escenario representa un problema para las empresas que dependen del financiamiento para sostener operaciones, pagar proveedores o concretar inversiones. Cuando se deteriora la capacidad de pago, también puede restringirse el acceso a nuevos préstamos y encarecerse la refinanciación de las deudas existentes.
El deterioro quedó reflejado en el Score de Riesgo Económico y Financiero (SERF), elaborado por Fidelitas para evaluar distintas variables de la economía argentina. Durante septiembre, el indicador retrocedió 0,6 puntos y se ubicó en 37,7 unidades, dentro de la categoría denominada Riesgo Elevado.
El resultado muestra un escenario heterogéneo, con algunas señales favorables en determinadas variables financieras y un desempeño más débil en el crédito y la actividad productiva. La combinación indica que las mejoras de ciertos indicadores macroeconómicos todavía no se traducen en una recuperación generalizada de las condiciones empresariales.
La situación más delicada aparece en el componente de Riesgo Crediticio, que registró apenas 19 puntos y se convirtió en la dimensión de peor desempeño del relevamiento. Ese resultado refleja las dificultades que enfrentan empresas y otros deudores para sostener sus compromisos financieros.
El informe también identificó una reducción del 8,9% en la mora temprana, correspondiente a la situación 2 del sistema bancario. Sin embargo, esa mejora puntual no alcanza para revertir el deterioro de otras categorías de riesgo crediticio.
Uno de los principales factores señalados por Fidelitas es el elevado costo del crédito en la Argentina. Las tasas de interés reales positivas cumplen un papel dentro de la estrategia de estabilización monetaria, pero también encarecen los préstamos utilizados por empresas y consumidores.
Cuando el financiamiento resulta demasiado costoso, las compañías enfrentan mayores dificultades para sostener su capital de trabajo. La situación puede obligarlas a postergar inversiones, reducir gastos o renegociar vencimientos con bancos y proveedores.
El presidente ejecutivo de Fidelitas, Félix El Idd, advirtió sobre las tensiones que genera esta combinación de estabilidad financiera y dificultades productivas. En ese sentido, sostuvo que "la recuperación del crédito se vuelve una condición central para reactivar la actividad".
El diagnóstico plantea uno de los principales desafíos económicos para el Gobierno de Javier Milei: mantener los avances en materia de estabilización monetaria sin que el costo del financiamiento termine profundizando las dificultades de pago del sector privado.
El relevamiento también incorporó indicadores sobre el desempeño de la economía real, donde aparecen diferencias importantes entre sectores productivos. El componente de actividad económica del SERF alcanzó 51,2 puntos, condicionado por los datos negativos de determinadas actividades.
Entre los factores considerados se encuentra la caída interanual del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) correspondiente a julio, junto con las contracciones de la industria manufacturera y la construcción. Ambos sectores tienen una participación relevante en la generación de empleo y en la demanda de bienes y servicios de otras empresas.
En contraste, la minería mostró una expansión durante agosto y contribuyó a compensar parcialmente los resultados negativos de otras actividades. Esa diferencia refleja una economía en la que conviven sectores con capacidad de crecimiento y otros que enfrentan restricciones de demanda, inversión o financiamiento.
El componente financiero y de precios se ubicó en 54,9 puntos, mientras que el comercio exterior registró 72,8 puntos, el mejor resultado del indicador. El superávit comercial de agosto favoreció esa última dimensión, aunque la mejora externa no se tradujo automáticamente en mejores condiciones crediticias para las empresas.
El aumento de empresas con problemas bancarios puede tener consecuencias que van más allá de los balances financieros. Cuando una compañía enfrenta dificultades para cancelar deudas, también puede verse condicionada su capacidad para comprar insumos, contratar personal o ampliar su producción.
En el caso de las pequeñas y medianas empresas, las restricciones crediticias pueden resultar especialmente sensibles porque muchas dependen de financiamiento bancario o comercial para sostener sus operaciones. Un deterioro prolongado de la liquidez puede trasladarse a proveedores y otras firmas que integran la misma cadena productiva.
Sin embargo, el informe no permite establecer cuántos puestos de trabajo están directamente comprometidos por la morosidad ni proyectar una cantidad determinada de cierres empresariales. Las cifras describen un empeoramiento de las condiciones crediticias, aunque sus efectos concretos dependen de la situación financiera y operativa de cada compañía.
En términos económicos, el riesgo es que se genere un círculo de menor actividad y mayores problemas de pago. Si las empresas venden menos y deben destinar una proporción creciente de sus ingresos a cancelar intereses y deudas, pueden reducir sus inversiones y demorar una recuperación de la producción.
El deterioro financiero de las empresas también aparece en un escenario de incertidumbre respecto de la economía argentina durante 2027. El informe de Fidelitas advierte sobre los compromisos financieros del país y las dificultades que podrían presentarse para sostener el crédito y la inversión.
Entre los factores considerados aparecen los vencimientos de deuda soberana por aproximadamente USD 25.000 millones durante 2027, entre capital e intereses. A esto se suma una demanda privada de divisas estimada en alrededor de USD 2.500 millones mensuales para dolarización de activos y pago de dividendos.
Estas cifras corresponden a las estimaciones incluidas en el relevamiento y constituyen elementos del contexto financiero general, no obligaciones atribuibles a las empresas que presentan atrasos bancarios. Su relevancia está en la influencia que la disponibilidad de dólares, las tasas y la incertidumbre pueden tener sobre las decisiones de inversión.
Para el Gobierno nacional, la situación plantea la necesidad de compatibilizar sus objetivos de estabilización con una recuperación sostenida de la economía real. El comportamiento del crédito será una de las variables centrales para evaluar si el sector privado logra mejorar sus condiciones financieras durante los próximos meses.
Mientras tanto, la señal que deja el relevamiento es concreta: casi 59.000 empresas argentinas presentan problemas para cumplir normalmente con sus obligaciones bancarias y la cantidad de firmas afectadas creció más de la mitad en un año. La evolución de la actividad, el costo del dinero y el acceso al financiamiento serán determinantes para saber si la tendencia comienza a revertirse.
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