Poder. Acusan a Weretilneck de usar la justicia para perseguir opositores en Río Negro

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, enfrenta nuevos cuestionamientos de la oposición por la presunta influencia de su espacio político sobre la Justicia provincial. Las críticas tienen dos frentes principales: la situación judicial del exintendente de Bariloche Gustavo Gennuso, quien denuncia una persecución política, y el conflicto institucional que enfrenta a legisladores opositores con el Superior Tribunal de Justicia (STJ) por el reconocimiento parlamentario de Cambia Río Negro.

Las acusaciones apuntan a los vínculos entre funcionarios del oficialismo y distintos integrantes de la estructura judicial. Entre los nombres señalados aparecen el procurador Jorge Crespo, el presidente del bloque de Juntos Somos Río Negro, Facundo López, el juez del STJ Sergio Ceci y el secretario del Juzgado Electoral Provincial Nicolás Land.

Desde la oposición sostienen que estos vínculos ponen en discusión la independencia de los organismos encargados de controlar al poder político. Se trata de cuestionamientos formulados por dirigentes opositores que, en el caso de Gennuso, se relacionan con una causa penal que todavía tiene aspectos pendientes de resolución.

Gustavo Gennuso denunció persecución política en la causa Techo Digno

El exintendente de Bariloche Gustavo Gennuso, actual vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), responsabilizó al procurador Jorge Crespo y al jefe del bloque oficialista, Facundo López, por lo que considera una maniobra para apartarlo de la competencia electoral.

"La persecución de la Justicia de Río Negro sobre los líderes políticos de la oposición ya no se puede ocultar", afirmó Gennuso. Y agregó: "Me conocen, saben quién soy y me tienen miedo, por eso me quieren borrar de la competencia electoral".

El dirigente sostiene que los cuestionamientos judiciales se intensificaron después de que finalizara su mandato y rechazara ofrecimientos para continuar dentro del oficialismo. Según su interpretación, el objetivo sería obtener una condena que pudiera impedirle presentarse a elecciones mediante la aplicación de la normativa de Ficha Limpia.

El conflicto se concentra en la causa Techo Digno. Gennuso fue absuelto del delito de peculado en noviembre de 2025 y esa decisión fue confirmada por el Tribunal de Impugnación en marzo. Sin embargo, el Superior Tribunal de Justicia ordenó que otro tribunal examine si los movimientos de fondos destinados a viviendas pueden encuadrarse como malversación de caudales públicos.

El STJ mantuvo la conclusión favorable al exintendente respecto del peculado, pero dejó abierta la posibilidad de una sanción por otra figura penal. La defensa cuestiona el cambio de calificación jurídica y sostiene que vulnera las garantías procesales.

Gennuso explicó que trasladó recursos entre cuentas municipales y los colocó en plazos fijos para preservar su valor mientras se resolvía la continuidad de las obras con el Gobierno nacional. "El dinero nunca salió de la órbita municipal", afirmó. La Fiscalía, por su parte, cuestionó que los fondos fueran apartados del régimen de control establecido en los convenios.

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Sergio Ceci y Nicolás Land, en el centro de los cuestionamientos

Las críticas opositoras también apuntan a las trayectorias de funcionarios que pasaron de cargos vinculados con el oficialismo a puestos dentro de la estructura judicial rionegrina.

Sergio Ceci llegó al Superior Tribunal de Justicia en 2021, después de desempeñarse en la Secretaría Legislativa del bloque de Juntos Somos Río Negro, donde había trabajado junto a Facundo López. Su designación fue aprobada por el Consejo de la Magistratura durante la gobernación de Arabela Carreras, integrante del mismo espacio político de Weretilneck en aquel momento.

Durante la despedida de Ceci en la Legislatura, López le expresó: "Espero que vos cambies a la Justicia y que la Justicia no te cambie a vos".

Otro caso señalado por la oposición es el de Nicolás Land, quien reemplazó a Ceci en la Secretaría Legislativa de Juntos y posteriormente fue designado secretario del Juzgado Electoral Provincial por mayoría del Consejo de la Magistratura. Antes había ocupado el Ministerio de Desarrollo Social durante la gestión de Weretilneck.

La llegada de Land al juzgado electoral generó cuestionamientos por su trayectoria política y porque, según las objeciones planteadas, obtuvo un puntaje inferior al de otros postulantes.

El organismo tiene un papel relevante en el reconocimiento de partidos políticos y la oficialización de candidaturas, decisiones especialmente sensibles de cara a las elecciones de 2027. Para los críticos del Gobierno provincial, la designación vuelve a plantear interrogantes sobre la independencia de las estructuras que intervienen en la competencia electoral.

Gustavo Gennuso, exintendente de Bariloche, denunció una persecución política en el marco de la causa Techo Digno.

Cambia Río Negro llevó el conflicto judicial a la Legislatura

La disputa institucional también involucra al legislador Santiago Ibarrolaza, de Cambia Río Negro, quien cuestionó el funcionamiento del Superior Tribunal de Justicia y reclamó una respuesta política de la Legislatura.

"Desde la oposición venimos denunciando la gravedad institucional de tener un Superior Tribunal de Justicia que, en lugar de garantizar independencia, parece responder al gobernador y a su círculo de poder", afirmó.

Ibarrolaza también pidió que sus pares analicen la conducta de los magistrados. "Los legisladores no podemos seguir siendo meros espectadores", sostuvo.

El planteo se produjo en el marco de la disputa por el reconocimiento parlamentario del bloque que integra junto con Patricia Mc Kidd, Gabriela Picotti, Claudio Doctorovich y Daniel Sanguinetti. Los cinco acudieron al STJ para reclamar su participación en comisiones y en Labor Parlamentaria.

El tribunal rechazó la presentación al considerar que esa no era la vía adecuada y sostuvo que el conflicto debía resolverse dentro de la Legislatura. La decisión dejó a los opositores sin obtener por esa vía judicial las atribuciones parlamentarias que reclamaban.

Tras el fallo, Ibarrolaza ratificó que el espacio podría recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego de cuestionar también el dictamen del procurador Crespo, que había recomendado rechazar la presentación.

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El antecedente de Weretilneck y la Corte Suprema

La posibilidad de que los conflictos rionegrinos lleguen al máximo tribunal nacional remite a un antecedente de 2019. En aquel año, la Justicia provincial había habilitado una nueva candidatura consecutiva de Weretilneck, pero la Corte Suprema frenó esa posibilidad al considerar que vulneraba la Constitución de Río Negro.

Ese episodio vuelve a aparecer en el debate político provincial mientras dirigentes opositores cuestionan decisiones del Poder Judicial y anticipan nuevas presentaciones judiciales.

Las acusaciones contra el oficialismo, la controversia por la causa Techo Digno y la disputa por el funcionamiento de Cambia Río Negro confluyen en una discusión sobre la independencia judicial y los límites entre el poder político y las instituciones de control. Por el momento, las denuncias de persecución y de presunta subordinación de la Justicia forman parte de los cuestionamientos planteados por la oposición y no deben confundirse con hechos judicialmente acreditados.