SIGUE EL ESCÁNDALO. Causa ANDIS: 24 nuevos procesamientos y sobreprecios por casi 8 mil millones de pesos

El juez federal Ariel Lijo dictó 24 nuevos procesamientos en la causa conocida como Coimagate, que investiga presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) durante el gobierno de Javier Milei. La resolución, de 553 páginas, amplió la situación procesal de Diego Spagnuolo, exdirector del organismo, y de otros cuatro acusados, mientras que el expediente incorporó nuevos imputados por contrataciones presuntamente direccionadas, sobreprecios y lavado de activos.

La investigación, encabezada por el fiscal Franco Picardi y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, apunta a una presunta estructura integrada por funcionarios, operadores externos y empresarios que habrían intervenido en compras de medicamentos e insumos para personas con discapacidad.

Según la resolución judicial, las diferencias de precios detectadas hasta el momento ascienden a $7.833.872.357,24. La cifra surge de sumar los sobreprecios estimados en la adquisición de medicamentos, por $5.984.594.394,24, y los identificados en la compra de insumos, por $1.849.277.963. El magistrado aclaró que se trata de una cuantificación parcial, que podría aumentar a medida que avance la investigación.

Coimagate: qué resolvió Ariel Lijo y quiénes fueron procesados

Los 24 procesamientos corresponden al segundo tramo de la investigación, centrado en las contrataciones de insumos de la ANDIS y en las presuntas maniobras para introducir en circuitos legales el dinero obtenido ilícitamente.

De acuerdo con la resolución, cinco acusados ya procesados en la primera etapa recibieron una ampliación de sus procesamientos: Diego Spagnuolo, Daniel Garbellini, Miguel Ángel Calvete, Andrés Arnaudo y Federico Santich. Los restantes corresponden a personas que no habían sido procesadas previamente en la causa.

Además, Lijo dictó 11 faltas de mérito sobre un total de 35 personas indagadas en este segundo tramo. Esta decisión implica que, por el momento, no hay elementos suficientes para adoptar un procesamiento o un sobreseimiento respecto de esas personas.

El expediente investiga tanto el presunto direccionamiento de las contrataciones públicas como la circulación posterior de los fondos. Entre las maniobras bajo análisis aparecen facturas por servicios presuntamente inexistentes, transferencias de dinero e inversiones en criptoactivos.

Sobreprecios en la ANDIS: la investigación detectó diferencias por casi $8.000 millones

Uno de los ejes centrales de la causa es la compra de insumos médicos y ortopédicos. El relevamiento judicial abarcó seis segmentos: amputaciones, cardiología, implantes auditivos y audífonos, neurología, sillas y andadores, y traumatología.

Según el documento firmado por Lijo, las órdenes de compra y contrataciones examinadas en esos rubros superaron los $82.881 millones.

La investigación también identificó una concentración significativa de las adjudicaciones en determinados proveedores. En el segmento de amputaciones, las empresas vinculadas a la familia Sagues recibieron aproximadamente el 53% de las adjudicaciones examinadas. En cardiología, Farma Salud SRL concentró alrededor del 90% de los importes adjudicados.

En neurología, Neurosalud SA y Farma Salud SRL reunieron cerca del 90% de las sumas correspondientes al período analizado desde abril de 2025. En el rubro de sillas y andadores, cuatro proveedores concentraron aproximadamente el 70% del monto examinado.

El juez sostuvo que los resultados permiten considerar acreditada, con el carácter provisional propio de esta etapa procesal, la existencia de sobreprecios. Sin embargo, advirtió que la auditoría no comprendió la totalidad de las contrataciones realizadas durante el período investigado.

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Un informe técnico del Ministerio de Salud incorporado a la causa comparó operaciones de la ANDIS con compras de otros organismos públicos y alternativas nacionales equivalentes.

Entre los ejemplos mencionados en la resolución figura un sistema de válvulas bicaval facturado por Farma Salud SRL en $425 millones, frente a una compra del PAMI por $124,2 millones.

También se examinó una endoprótesis aortobílica junto con una endoprótesis ilíaca bifurcada, cuyo precio facturado fue de $369,8 millones, frente a una referencia de $17,85 millones.

En otro caso, se analizó una silla de traslado postural facturada por Imnova SA en $18 millones, mientras que una alternativa nacional considerada comparable tenía un precio de referencia de $945.000.

Estos valores forman parte de las comparaciones incorporadas a la investigación judicial y no constituyen, por sí solos, una sentencia definitiva sobre la responsabilidad penal de los involucrados.

Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, recibió una ampliación de su procesamiento y un embargo millonario.

Diego Spagnuolo: ampliaron su procesamiento y le fijaron un embargo millonario

El exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, recibió una ampliación de su procesamiento sin prisión preventiva como presunto jefe de la asociación ilícita investigada.

Spagnuolo, quien había sido abogado de Javier Milei antes de asumir al frente del organismo el 28 de diciembre de 2023, fue apartado de su cargo en agosto de 2025, luego de la difusión de audios que se le atribuyeron y que desataron el escándalo por presuntas coimas en la agencia.

En febrero, el entonces juez de la causa, Sebastián Casanello, ya había dispuesto su procesamiento por hechos vinculados con el direccionamiento de compras de medicamentos y el presunto cobro de sobornos.

Ahora, Lijo amplió la imputación a las contrataciones del rubro insumos. Le atribuyó presuntos delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y defraudación por administración fraudulenta agravada.

El magistrado le impuso un embargo de $47.100 millones, aproximadamente, y consideró que su posición jerárquica habría sido relevante para facilitar contrataciones en favor de determinados proveedores.

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Daniel Garbellini y Miguel Ángel Calvete, también alcanzados por la causa

La resolución también amplió los procesamientos de Daniel Garbellini, exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, y del empresario Miguel Ángel Calvete, señalado como operador externo de la agencia.

En el caso de Garbellini, la Justicia investigó su intervención en los procedimientos de contratación, la administración de proveedores y su vínculo con Calvete. El juez le atribuyó presuntas negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta agravada, y fijó un embargo de aproximadamente $47.004 millones.

Calvete, por su parte, habría intervenido en las contrataciones a través de empresas propias y de otras firmas vinculadas con él. Según la hipótesis de la investigación, también habría ejercido influencia sobre funcionarios del organismo.

Su procesamiento fue ampliado por presuntas negociaciones incompatibles, defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos. El embargo dispuesto asciende a unos $47.139 millones.

Coimagate: los empresarios investigados y las empresas proveedoras de la ANDIS

Entre los nuevos procesados figuran integrantes de la agencia y representantes de empresas que recibieron adjudicaciones millonarias en distintos rubros.

La resolución incluye a Alan Pocovi y Sergio Daniel Mastropietro, además de empresarios vinculados con proveedores de insumos médicos, ortopédicos y farmacéuticos.

Entre los nombres mencionados aparecen Mariano, Christian y Vicente Sagues, vinculados con empresas del rubro ortopédico; Patricio Acosta, relacionado con Profarma y otras firmas; Emilio Olguín, de Expo Trauma; Evangelina García, de Artrobone Ortopedia; Osmar Caballi, de Farma Salud; Fabián Piedimonte, de Neurosalud; y Gustavo Bernat, vinculado con Ortopedia Bernat y Medical Implants.

La investigación sostiene que varias de estas empresas habrían resultado beneficiadas por adjudicaciones presuntamente direccionadas. Las responsabilidades atribuidas a cada persona deberán resolverse durante el proceso judicial.

Lavado de activos: el rol de Sergio Mastropietro y Alan Pocovi

Otro capítulo del Coimagate apunta a la presunta circulación y el blanqueo del dinero obtenido mediante las contrataciones investigadas.

Según Lijo, parte de los fondos habría sido canalizada a través de Alan Pocovi y Sergio Daniel Mastropietro, además de la empresa Baires Fly SA, vinculada con este último.

Mastropietro es señalado en el expediente por su relación comercial con Calvete y por operaciones que habrían involucrado transferencias de empresas proveedoras de la ANDIS a Baires Fly, respaldadas por facturas correspondientes a supuestos servicios.

La resolución menciona facturaciones de Baires Fly a distintas firmas vinculadas con el entramado investigado por un total de $1.097 millones, según información atribuida a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

En cuanto a Pocovi, los investigadores analizaron transferencias y movimientos de dinero que, según la hipótesis judicial, podrían haber formado parte de un circuito destinado a separar los fondos de su presunto origen ilícito. El expediente también menciona posibles inversiones en criptomonedas.

Lijo dispuso el procesamiento de ambos por su presunta participación en la asociación ilícita y por lavado de activos. Los embargos fijados fueron de aproximadamente $889 millones para Pocovi y $4.010 millones para Mastropietro.

Mastropietro también fue identificado en la causa como exsocio de Federico "Fred" Machado, empresario detenido en Estados Unidos e investigado por delitos financieros.

Qué puede pasar ahora en la causa por corrupción en la ANDIS

La resolución de Lijo amplía el alcance de una investigación que ya había derivado en procesamientos por presuntas irregularidades en la compra de medicamentos y que ahora incorpora nuevas contrataciones de insumos y operaciones financieras bajo sospecha.

El expediente deberá continuar con las instancias judiciales correspondientes. Las partes podrán apelar las decisiones del juez y la Cámara Federal porteña tendrá que revisar los planteos que se presenten.

Por el momento, los procesamientos no equivalen a condenas: se trata de decisiones adoptadas durante la etapa de instrucción, en la que la Justicia evalúa si existen elementos suficientes para sostener la imputación penal de cada acusado.