20 de octubre de 2026
La subsecretaria de Seguridad de Corrientes fue procesada sin prisión preventiva por presuntos descuentos compulsivos sobre los salarios de empleadas legislativas durante su etapa como diputada nacional del PRO. La causa también involucra a su hermano, Martín Jetter, y abrió interrogantes sobre su continuidad en el gobierno de Juan Pablo Valdés.
Ingrid Jetter, subsecretaria de Seguridad de Corrientes, fue procesada sin prisión preventiva en una causa por presuntos descuentos compulsivos sobre salarios de empleadas legislativas.
La subsecretaria de Seguridad de Corrientes, Ingrid Jetter, fue procesada por la Justicia Federal en una causa que investiga presuntos descuentos compulsivos sobre los salarios de empleadas legislativas durante su mandato como diputada nacional del PRO-Juntos por el Cambio, entre 2019 y 2023. La resolución, dictada sin prisión preventiva por el juez federal Gustavo Fresneda, también alcanzó a su hermano, Martín Jetter, y generó repercusiones en el gobierno provincial que encabeza el radical Juan Pablo Valdés.
La investigación se originó en mayo de 2021, a partir de una denuncia de Andrea Cappa Piazza, quien se desempeñaba como asesora de Jetter en la Cámara de Diputados de la Nación. Según la presentación judicial, la entonces legisladora le exigía entregar hasta el 75% de su sueldo mediante transferencias a personas que ella misma le indicaba.
Tras conocerse el procesamiento, Jetter anunció que apelará la decisión judicial. Mientras tanto, su continuidad como subsecretaria de Seguridad quedó bajo discusión dentro de la administración provincial.
El procesamiento considera a Ingrid Jetter presunta autora penalmente responsable de delitos vinculados con los descuentos compulsivos denunciados por empleadas legislativas. Su hermano, Martín Jetter, fue procesado sin prisión preventiva como presunto partícipe necesario.
La resolución dispuso, además, el embargo de los bienes de ambos hasta cubrir $500.000 por persona, un monto correspondiente a los descuentos investigados en 2021 que no fue actualizado.
La decisión judicial puede ser apelada ante la Cámara Federal, instancia a la que Jetter adelantó que recurrirá. El procesamiento no equivale a una condena, sino que constituye una resolución dentro del proceso penal que deberá continuar su curso.
Uno de los elementos centrales de la investigación son las conversaciones de WhatsApp que las empleadas legislativas Andrea Cappa Piazza y Clara Ocampo mantenían con un contacto identificado como "Ingrid 2" o "Ingrid Jetter", que tenía una fotografía de perfil de la funcionaria.
Según la resolución judicial, los mensajes contienen instrucciones sobre los montos que debían transferirse, los destinatarios de los pagos, los datos bancarios o CVU que debían utilizarse y el seguimiento de los depósitos. También se señala que las trabajadoras debían realizar transferencias a terceros ajenos a su relación laboral.
La investigación incluye, además, un mensaje enviado por Martín Jetter a Cappa Piazza: "Me dijo Ingrid que a partir de enero cobrarían por la Cámara y eso incluía lo de prensa de Riachuelo".
De acuerdo con el análisis judicial, esa comunicación constituye un indicio de que Martín Jetter conocía la situación laboral de la denunciante y coordinaba sus tareas. La resolución también le atribuye un papel en la transmisión de instrucciones sobre los depósitos y en el control de su cumplimiento.
El expediente sostiene que Cappa Piazza debía trabajar tanto para la Cámara de Diputados como para el municipio correntino de Riachuelo y entregar el 75% de su salario, según la denuncia.
Ingrid Jetter fue diputada nacional por el PRO entre 2019 y 2023 y posteriormente asumió como subsecretaria de Seguridad durante la gestión de Juan Pablo Valdés.
La causa se inició en mayo de 2021, cuando Cappa Piazza denunció las presuntas exigencias salariales. Ese mismo año, el fiscal federal Ramiro González impulsó una investigación contra Jetter y otros dos diputados nacionales: Alberto Asseff y la correntina Estela Regidor.
La denuncia contemplaba posibles delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
En diciembre de 2024, el Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 1 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de María Romilda Servini, dictó la falta de mérito respecto de Ingrid Jetter y Estela Regidor.
Jetter invocó esa resolución como respaldo de su posición. Sin embargo, la causa fue remitida primero a la Fiscalía Federal N.º 7 y posteriormente derivada a Corrientes, donde continuó la investigación que desembocó en el procesamiento.
El paso del expediente a la jurisdicción correntina se relaciona con hechos atribuidos a Martín Jetter en Riachuelo, localidad situada a unos 17 kilómetros de la capital provincial.
El procesamiento abrió interrogantes sobre la permanencia de Jetter en la Subsecretaría de Seguridad de Corrientes. El ministro del área, Adán Gaya, evitó anticipar una decisión y señaló en declaraciones radiales que su continuidad o alejamiento "será una decisión que se tomará en su conjunto si esto amerita o no".
En las últimas horas, Jetter desmintió haberse tomado una licencia, pese a que fuentes del gobierno provincial confirmaron esa información a Página/12. Además, según los datos aportados sobre su actividad pública, la funcionaria no publica en sus redes sociales desde el 1 de octubre.
La definición sobre su futuro político y administrativo quedó así en manos de las autoridades provinciales, mientras la causa judicial continúa su curso.
Jetter construyó su carrera política en Corrientes, con una trayectoria vinculada al antiperonismo y una relación de cercanía política con Patricia Bullrich.
Fue intendenta de Riachuelo durante tres períodos: 1997-2001, 2005-2009 y 2013-2017. Su hermano Martín ocupó posteriormente la intendencia entre 2017 y 2025. En el ámbito nacional, durante la presidencia de Mauricio Macri, Jetter se desempeñó como directora del Fondo Nacional de la Vivienda y luego como directora regional Nordeste de Vialidad Nacional.
Entre 2019 y 2023 fue diputada nacional por Corrientes, en representación del PRO dentro de una alianza con el radicalismo. Más tarde, durante la gestión provincial de Juan Pablo Valdés, asumió como subsecretaria de Seguridad.
En paralelo, Jetter anunció su alejamiento del PRO y cuestionó la conducción nacional del partido por la falta de convocatoria y el reconocimiento al liderazgo territorial de su sector. También confirmó que avanza en la reorganización de Acción por la República, con el objetivo de convertirlo en una herramienta política dentro del oficialismo correntino de cara a las elecciones de 2027.
El procesamiento judicial suma un nuevo elemento a ese escenario político. La evolución de la causa y la decisión del gobierno provincial sobre la continuidad de Jetter serán dos cuestiones centrales en las próximas etapas del caso.
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