País. Pueblos originarios apuntan contra Melella por vulnerar su autonomía y reclaman diálogo

La Comunidad Indígena Rafaela Ishton, perteneciente al pueblo Selk'nam, solicitó la intervención urgente del gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, ante lo que considera injerencias de la Subsecretaría de Pueblos Originarios y Diversidades Culturales en su organización interna. La comunidad apunta contra la subsecretaria Pamela Altamirando, a quien acusa de no responder sus presentaciones formales y de vulnerar su autonomía, su autogobierno y su derecho a la consulta libre, previa e informada.

El reclamo se vincula con la Nota 112/2026, fechada el 15 de octubre, mediante la cual el organismo provincial convocó a una reunión para abordar cuestiones relacionadas con la representación, las autoridades y el funcionamiento institucional de la comunidad, además de los acuerdos comunitarios del PIC y los proyectos en ejecución. La convocatoria contempla la participación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y del área de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Ambiente.

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El reclamo de la comunidad Selk'nam contra la Subsecretaría de Pueblos Originarios

Desde la comunidad Rafaela Ishton cuestionaron que se impulse una reunión para tratar aspectos de su gobernanza interna mientras, según denunciaron, continúan sin respuesta los planteos presentados ante el organismo provincial.

La comunidad sostiene que el acompañamiento estatal no debe convertirse en una intervención sobre sus autoridades, sus mecanismos de representación ni sus formas de resolver diferencias internas.

"Tenemos una historia, una palabra y formas propias de tomar decisiones. Nuestros derechos no son una concesión del Gobierno ni pueden quedar sujetos a la voluntad de una funcionaria. Exigimos que se respeten nuestra identidad, nuestras autoridades y nuestra vida comunitaria", expresaron.

La comunidad cuestionó una convocatoria de la Subsecretaría de Pueblos Originarios para abordar su representación y funcionamiento institucional.

Autonomía indígena y derecho a la consulta libre, previa e informada

La comunidad fundamentó su reclamo en el artículo 75, incisos 17 y 22, de la Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales de protección de los derechos de los pueblos indígenas. En ese marco, reivindicó su preexistencia étnica y cultural, sus derechos consuetudinarios y la libre determinación como principios que deben regir su vínculo con el Estado.

También cuestionó que una convocatoria administrativa pueda reemplazar los procesos de consulta que reclama. Según planteó, cualquier instancia de diálogo debe desarrollarse con sus autoridades y respetar sus propias formas de organización, sin desconocer las presentaciones realizadas ni imponer mecanismos ajenos a la vida comunitaria.

"La subsecretaria no habla en nuestro nombre. Nuestras diferencias deben resolverse mediante nuestros propios procesos comunitarios, sin injerencias ni imposiciones externas. El cargo que ocupa no la autoriza a sustituir nuestra voz ni nuestras decisiones", sostuvieron.

Qué establece la convocatoria oficial cuestionada por Rafaela Ishton

La Nota 112/2026 establece que la participación en la reunión es voluntaria y que la inasistencia no afectará los derechos de los integrantes de la comunidad. También prevé la posibilidad de grabar el encuentro con consentimiento expreso, elaborar un acta y establecer pautas de confidencialidad, con excepción de los acuerdos que queden asentados.

Sin embargo, para la comunidad, esas condiciones no resuelven el planteo de fondo: el respeto por sus instituciones, sus mecanismos de representación y su capacidad de decidir sobre los asuntos que afectan a sus integrantes.

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Los pedidos de la comunidad Rafaela Ishton a Gustavo Melella

Ante esta situación, la Comunidad Indígena Rafaela Ishton solicitó al gobernador de Tierra del Fuego una intervención urgente para revisar la actuación de la Subsecretaría de Pueblos Originarios y Diversidades Culturales.

Entre sus principales pedidos, reclamó una respuesta formal y fundada a las notas presentadas, el cese de las actuaciones que considera injerencias en su organización interna y el esclarecimiento de los hechos denunciados, con la determinación de las responsabilidades que pudieran corresponder.

Además, pidió una instancia de diálogo directo con Melella, con participación de sus autoridades y respeto por sus mecanismos de representación. También exigió garantías para el ejercicio de su autonomía, su autogobierno y su derecho a la consulta libre, previa e informada.

En su presentación, la comunidad planteó que las conductas denunciadas deben ser examinadas por las autoridades competentes para determinar si pudieran configurar incumplimientos de los deberes de funcionario público, coacción u otras responsabilidades administrativas. Se trata de posibles encuadres cuya existencia, según el propio reclamo, debe ser esclarecida.

"La intervención que solicitamos debe garantizar nuestros derechos, no sustituir nuestras decisiones ni tutelar nuestra organización. No aceptamos que se hable de derechos indígenas mientras se desconoce nuestra voz. Nuestra autonomía se respeta y nuestro autogobierno no se tutela", concluyeron.