País. Secreto militar, duda general: polémica por compras de equipamiento a las FFAA que el gobierno declaró bajo reserva

El Gobierno de Javier Milei volvió a recurrir al secreto militar para mantener bajo reserva las compras de equipamiento destinadas a las Fuerzas Armadas. La decisión quedó establecida en el Decreto 1205/2026, publicado el 19 de octubre en el Boletín Oficial, que declaró confidenciales las operaciones contractuales vinculadas con determinadas adquisiciones de material para la defensa nacional. La norma lleva las firmas del Presidente y del ministro de Defensa, Carlos Presti.

El decreto establece que el material adquirido o por adquirir debe ser conocido solamente por personas autorizadas, bajo el argumento de que su divulgación podría comprometer la seguridad nacional y los medios de defensa de la Argentina. En consecuencia, los organismos contratantes quedan exceptuados de cumplir las disposiciones de publicidad y difusión de las actuaciones correspondientes a esas operaciones.

La medida se apoya en el Decreto 9390/1963, una norma dictada durante el gobierno de facto de José María Guido que contempla el carácter secreto de determinadas adquisiciones, fabricaciones, construcciones y negociaciones vinculadas con las Fuerzas Armadas.

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Qué establece el decreto de secreto militar firmado por Javier Milei

El Decreto 1205/2026 invoca las leyes 23.554 y 24.948, vinculadas con la defensa nacional y el equipamiento militar, para justificar la reserva de las operaciones comprendidas en el expediente administrativo identificado en la norma.

En su artículo primero, el Poder Ejecutivo declara secreto militar a las operaciones contractuales necesarias para ejecutar esas adquisiciones. El segundo artículo autoriza al Ministerio de Defensa, a través de la Subsecretaría de Gestión Administrativa, a instrumentar las medidas necesarias para cumplir la decisión.

El texto oficial sostiene que la divulgación de la información podría comprometer la seguridad nacional. Sin embargo, el decreto publicado no identifica en su parte pública los equipos que se comprarán ni detalla sus cantidades, proveedores, países de origen o presupuestos.

(Foto: ministro de Defensa, Carlos Presti). El ministro de Defensa, Carlos Presti, quedó autorizado a instrumentar las medidas administrativas previstas en el decreto.

Los antecedentes del secreto militar durante el gobierno de Milei

La decisión tiene antecedentes en otras medidas adoptadas durante la gestión libertaria. En abril de 2024, mediante el Decreto 370/2024, el Gobierno declaró secreto militar una operación de adquisición de material para la Fuerza Aérea Argentina, bajo el argumento de la necesidad de contar con capacidad de respuesta ante amenazas en el espacio aéreo nacional.

En septiembre de ese año, el Ejecutivo amplió el alcance de la reserva mediante el Decreto 840/2024, que incorporó las obras de infraestructura y la importación de materiales relacionados con la incorporación de un sistema de armas. La disposición también exceptuó las contrataciones alcanzadas de las obligaciones de publicidad y difusión de las actuaciones administrativas.

En ese contexto, las decisiones oficiales volvieron a colocar bajo reserva información vinculada con las adquisiciones y la infraestructura militar. La nueva norma mantiene ese mecanismo para las operaciones contractuales identificadas en el expediente al que hace referencia.

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Qué información sobre las compras militares quedará reservada

El alcance de la medida es uno de los puntos centrales del decreto. Una vez declarada una operación como secreto militar, los organismos contratantes pueden tramitar las adquisiciones sin cumplir las disposiciones habituales de publicidad y difusión de las actuaciones correspondientes.

La norma también habilita al Ministerio de Defensa a instrumentar las medidas administrativas necesarias para ejecutar la decisión. En el texto público, no obstante, no se detallan las características del material involucrado en las nuevas compras.

La reserva impide conocer a través de ese decreto los datos específicos de las adquisiciones comprendidas. Para establecer qué información puede divulgarse y qué documentación queda alcanzada por la confidencialidad, es necesario distinguir el contenido de la norma de los expedientes administrativos a los que remite.

El secreto militar y la transparencia en la política de Defensa

La decisión del Gobierno vuelve a poner en discusión la relación entre las necesidades de seguridad nacional y el acceso público a la información sobre el gasto estatal en Defensa. El decreto justifica la reserva por los posibles riesgos que la divulgación del material podría representar para las capacidades defensivas del país.

Al mismo tiempo, la falta de detalles públicos sobre las adquisiciones limita la posibilidad de conocer, a partir de esta norma, qué equipamiento se incorporará y cuáles serán los montos involucrados. El alcance concreto de esa limitación depende de la documentación comprendida en cada operación declarada secreta.