Economía. Industria textil al borde del colapso: reclaman a Milei que frene la pérdida de empleo

Empresarios, cámaras y gremios del sector textil, de confección, cuero y calzado le reclaman al presidente Javier Milei y al ministro de Economía Luis Caputo medidas urgentes para frenar la destrucción de empleo y evitar el colapso de la cadena productiva nacional.

El sector, históricamente protegido, enfrenta desde la llegada de La Libertad Avanza al poder una combinación de caída del consumo interno, apertura importadora y competencia a precios extremadamente bajos que, según las entidades, distorsiona el mercado.

Según informes de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), la producción textil acumuló una caída del 22,6% en los primeros siete meses de 2026 respecto del mismo período del año anterior, con un retroceso del 13% interanual solo en julio. El sector operó en julio al 45,3% de su capacidad instalada, casi 13 puntos por debajo del promedio industrial, y desde 2024 se mueve entre el 30% y el 50% (frente al 50-60% de 2023). En enero de 2026 llegó a un piso histórico del 24%, con casi ocho de cada diez máquinas paradas y una caída interanual de la producción del 23,9%.

El impacto laboral es uno de los más severos de la industria. Desde diciembre de 2023 se perdieron 28.322 puestos de trabajo formales en el agregado textil-confección-cuero-calzado, según FITA. Otras mediciones sitúan la pérdida en torno a los 20.000-22.000 hasta comienzos o mediados de 2026, con aceleración reciente: el promedio mensual de empleos destruidos se duplicó entre junio de 2025 y junio de 2026. El complejo representa cerca del 8% del empleo industrial, pero explicó proporciones mucho mayores de las caídas mensuales e interanuales del sector fabril. Además, desaparecieron cientos de establecimientos (estimaciones entre 500 y más de 1.000 en la cadena). Casos recientes incluyen el cierre de la planta de Industria Argentina de la Indumentaria en Villa Mercedes (San Luis) y reducciones o suspensiones en firmas de distintos puntos del país.

Un factor central señalado por el sector es el ingreso de productos importados a valores que califican de "distorsivos" o de competencia desleal/fraudulenta.

FITA y la Fundación Pro Tejer relevaron remeras de algodón por menos de 0,01 dólar, toallas por debajo de 0,30 dólar el kilo y jeans por menos de 1 dólar.

Más del 70% de las importaciones textiles ingresarían a precios muy inferiores a los antecedentes históricos, en muchos casos sin cubrir el costo de la materia prima principal. Esto se suma a la reducción de aranceles (ropa y calzado bajaron de 35% a 20%), la flexibilización de compras por courier y plataformas de e-commerce internacionales (Shein, Temu y similares), un tipo de cambio que encarece la producción local y la caída del poder adquisitivo y del consumo interno tras el ajuste fiscal.

"Las empresas quieren trabajar, pero la industria textil opera con más de la mitad de su capacidad sin utilizar. Necesitamos condiciones que permitan sostener la producción y el trabajo en la Argentina. Recuperar el empleo y la capacidad productiva que se pierden es cada vez más difícil", señaló Celina Pena, gerenta general de FITA.

Las entidades reclaman el uso de herramientas legales existentes contra prácticas de subfacturación y competencia desleal, condiciones de competencia justa y, en algunos casos, revisiones de la reducción arancelaria o medidas de apoyo a la competitividad (como alivios impositivos o de costos laborales).

Cámaras y sindicatos advierten de "aniquilación de la industria nacional" y riesgo de mayor precarización.

Del otro lado, el Gobierno sostiene que la apertura corrige décadas de protecciónismo que obligó a los argentinos a pagar ropa y calzado a precios varias veces superiores a los internacionales.

Caputo declaró en febrero de 2026 que "nunca compré ropa en la Argentina porque era un robo" y que 47 millones de personas subsidiaron al sector durante 40 años. Argumentó que la baja de precios (la ropa se volvió más accesible, con reportes de caídas significativas en dólares) libera recursos para otros consumos y que el sector puede competir, especialmente en hilados, aunque reconoció dificultades en confección frente a países de mano de obra muy barata.

Funcionarios relativizan el impacto laboral y destacan el beneficio a consumidores de menores ingresos.

Empresarios como Ricardo Kuchikian (Cocot Dufour) describieron la situación como la peor crisis en más de 40 años, superior a episodios previos de fuerte contracción. La tensión persiste: el sector pide protección del empleo y reglas claras frente a lo que considera dumping y asimetrías, mientras el Ejecutivo prioriza la desregulación y la competencia como vía para bajar precios y transformar la economía.

La recuperación de capacidad productiva y puestos formales se presenta, según las cámaras, cada vez más difícil en el actual esquema.