País. Orrego bajo la lupa: $4.800 millones en compras y US$900.000 para Flybondi

La gestión del gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, enfrenta cuestionamientos por el manejo de los fondos públicos a partir de dos operaciones: compras directas por casi $4.800 millones, que fueron objeto de una denuncia penal, y un acuerdo con la aerolínea Flybondi que incluyó un aporte provincial de US$900.000. Los datos fueron publicados por el medio Primera Página el 9 de octubre, en una investigación sobre las contrataciones y los incentivos económicos otorgados durante la administración provincial.

Los cuestionamientos comprenden tanto las adjudicaciones a un empresario vinculado políticamente con el oficialismo provincial como las condiciones del convenio con la compañía aérea. Se trata de dos operaciones diferentes, pero ambas ponen el foco en los criterios utilizados para asignar recursos estatales y en las condiciones establecidas para las empresas beneficiarias.

Compras directas por $4.794 millones bajo cuestionamiento

Según la investigación publicada por Primera Página, la administración sanjuanina canalizó $4.794.159.559 a través de 465 adjudicaciones excepcionales a favor de José Nazareno Gazze, empresario vinculado a JL Distribuciones y JL Papelería.

Entre los casos señalados aparecen compras de kits escolares, contrataciones para eventos protocolares y adquisiciones de artículos ceremoniales. La publicación también menciona presuntos sobreprecios y el fraccionamiento de compras, aspectos que forman parte de los cuestionamientos a los procedimientos administrativos.

Uno de los ejemplos expuestos es la adquisición de una bandera ceremonial por $1.885.200, cuyo valor de mercado, según el medio, no superaría los $400.000. La diferencia planteada en la investigación alimenta los interrogantes sobre los precios abonados y los mecanismos empleados para autorizar las compras.

Los señalamientos deben distinguirse de una eventual determinación judicial: la existencia de una denuncia o de cuestionamientos periodísticos no constituye, por sí misma, una condena ni acredita responsabilidad penal.

LEE MÁS: Desde el Nuevo Economía Fórum 2026, Milei tachó de "impresentable" y "dictador" a Pedro Sánchez

El aporte de US$900.000 a Flybondi y las condiciones del convenio

El segundo eje de los cuestionamientos es el acuerdo entre el Gobierno de San Juan y Flybondi, que contempló un aporte provincial no reembolsable de US$900.000, distribuido en tres pagos de US$300.000. A cambio, la provincia debía recibir 13.000 pasajes para utilizar en el marco del convenio.

Una investigación periodística puso el foco en 465 adjudicaciones por casi $4.800 millones y en el aporte provincial de US$900.000 a Flybondi.

El acuerdo estuvo relacionado con el desembarco de la aerolínea de bajo costo en la ruta entre Buenos Aires y San Juan, que comenzó a operar en septiembre de 2024. Entre las condiciones informadas figuraba un objetivo de ocupación promedio del 85% y la posibilidad de interrumpir el servicio si no se alcanzaba ese nivel durante dos meses consecutivos.

La discusión se centra en las condiciones del incentivo estatal, la contraprestación prevista y las garantías para la provincia ante una eventual interrupción de los vuelos. En octubre de 2024, una investigación de La Mecha informó que el convenio permitía a la empresa retirarse sin devolver los fondos aportados, con un preaviso de 60 días.

LEE MÁS: Lamelas prometió la llegada de USD 20 mil millones y apuesta fuerte a la reelección de Milei

Marcelo Orrego y el uso de los recursos públicos en San Juan

Los dos casos tienen como punto de referencia la administración de Marcelo Orrego, aunque responden a operaciones distintas: por un lado, las adjudicaciones de compras directas cuestionadas y, por otro, el incentivo económico destinado a sostener la llegada de una aerolínea a la provincia.

La información publicada plantea preguntas sobre los controles de las contrataciones, la justificación de los montos pagados y las condiciones exigidas a los destinatarios de fondos públicos. Para establecer responsabilidades, resulta necesario diferenciar los datos de los expedientes y los términos de los convenios de las denuncias y valoraciones formuladas en las investigaciones periodísticas.

En ese marco, la documentación administrativa, las condiciones contractuales y el avance de las actuaciones judiciales son elementos centrales para determinar el alcance de los cuestionamientos y las eventuales responsabilidades de los involucrados.