22 de octubre de 2026
El juez Ariel Lijo convocó a Jonathan y Emmanuel Kovalivker para el 29 de octubre, después de que los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez denunciaran un presunto esquema de corrupción en la compra de medicamentos. La compañía recibió adjudicaciones por más de $137.000 millones y está acusada de coordinar operaciones con otras 14 empresas. La Justicia también ordenó inhibiciones de bienes.
Escándalo. La empresa de la familia Kovalivker estaría involucrada en un esquema de sobreprecios de hasta 4.000%.
La causa ANDIS por presuntas coimas y sobreprecios sumó un nuevo capítulo judicial. El juez federal Ariel Lijo citó a declaración indagatoria a Jonathan y Emmanuel Kovalivker, presidente y vicepresidente de la droguería Suizo Argentina, en una investigación que apunta a un presunto sistema de direccionamiento de compras de medicamentos de alto costo durante la gestión de Diego Spagnuolo al frente de la Agencia Nacional de Discapacidad.
La resolución fue firmada este jueves 22 de octubre de 2026, después de que los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez presentaran un dictamen de más de 300 páginas. La acusación sostiene que la compañía obtuvo adjudicaciones por $137.118 millones entre mayo de 2024 y agosto de 2025, equivalentes a cerca del 30% de las erogaciones de la agencia durante ese período.
Además de fijar las indagatorias, el magistrado dispuso medidas patrimoniales sobre 36 personas. La investigación busca determinar si existió una organización integrada por empresarios y funcionarios que utilizó las compras estatales de medicamentos para obtener beneficios económicos indebidos.
La decisión de Lijo representa un avance respecto del requerimiento presentado por los fiscales el miércoles 21 de octubre. El juez consideró que existen elementos suficientes para convocar a los empresarios a prestar declaración indagatoria, una instancia procesal en la que podrán conocer las imputaciones y ejercer su derecho de defensa.
Jonathan Kovalivker deberá presentarse el jueves 29 de octubre a las 9.30, mientras que Emmanuel Kovalivker fue citado para las 10.30. Ese mismo día, a las 11.30, está prevista la declaración de Diego Viner, director de Compras de Suizo Argentina.
Las audiencias continuarán durante noviembre y alcanzarán a otros directivos de la compañía, representantes de droguerías y personas vinculadas con las operaciones investigadas.
El magistrado también ordenó la inhibición general de bienes de los 36 nuevos convocados, una medida destinada a preservar el patrimonio que eventualmente podría quedar afectado por las consecuencias económicas de la causa.
La convocatoria a indagatoria no implica una condena ni demuestra por sí misma la comisión de un delito. La responsabilidad penal de los involucrados deberá establecerse a partir de las pruebas y las decisiones judiciales posteriores.
Uno de los ejes principales de la investigación es el volumen de contrataciones que obtuvo Suizo Argentina durante la administración de Diego Spagnuolo. Según el Ministerio Público Fiscal, la droguería recibió órdenes de compra por $137.118.708.357 entre mayo de 2024 y agosto de 2025.
La cifra representa aproximadamente el 30% de las erogaciones de la ANDIS durante los meses examinados. Sin embargo, el monto total de las adjudicaciones no debe confundirse con el perjuicio económico que eventualmente pudiera acreditarse.
La hipótesis fiscal sostiene que la empresa habría conseguido una posición dominante en el sistema de adquisición de medicamentos destinados al Programa Federal Incluir Salud, que brinda cobertura a personas con discapacidad y beneficiarios de pensiones no contributivas sin otra cobertura sanitaria.
Los investigadores plantean que la compañía recibía información anticipada sobre las compras, conocía las ofertas de otras droguerías y participaba en la definición de las empresas que resultarían adjudicatarias.
También sospechan que determinados funcionarios respondían a indicaciones vinculadas con los pagos a proveedores y con las decisiones administrativas del organismo.
Para los fiscales, el problema no se habría limitado a compras individuales con precios cuestionados, sino que podría haber existido un sistema organizado para condicionar las contrataciones públicas.
Uno de los ejemplos incorporados al expediente corresponde a un medicamento utilizado para tratar la esclerosis múltiple. Según la reconstrucción fiscal, en julio de 2024 la droguería adquirió unidades de ese producto a $92.000 cada una.
En una conversación interna incorporada a la investigación, un integrante del área comercial habría expresado: "Lo ponés vos, loco, el que quieras, ganemos plata".
Posteriormente, la ANDIS pagó a Suizo Argentina entre $3.870.392 y $4.063.912 por unidad, de acuerdo con las operaciones analizadas por los investigadores.
La diferencia equivale a un precio de venta superior a 40 veces el costo de adquisición informado y constituye uno de los principales indicios de presuntos sobreprecios señalados por la Fiscalía. Los representantes del Ministerio Público también identificaron otra operación relacionada con el mismo medicamento.
En mayo de 2024, el organismo lo había adquirido a otra droguería por $281.400, mientras que dos meses después registró compras a Suizo Argentina por valores superiores a los $4 millones.
Estas diferencias forman parte de las pruebas que deberán evaluarse judicialmente para determinar si existieron maniobras fraudulentas y cuál pudo haber sido el perjuicio económico para el Estado.
El dictamen describe un sistema de relaciones entre Suizo Argentina, funcionarios públicos y otras 14 empresas proveedoras de medicamentos. Según la acusación, el mecanismo habría funcionado mediante acuerdos destinados a distribuir las adjudicaciones y evitar una competencia efectiva en las compras estatales.
Los investigadores sostienen que las empresas participantes conocían anticipadamente qué proveedor resultaría seleccionado y bajo qué condiciones se realizarían determinadas operaciones. La acusación también señala que las firmas que no respetaban las reglas del presunto acuerdo podían sufrir demoras deliberadas en los pagos.
Entre las compañías mencionadas aparecen Dihemo, Droguería 20 de Junio, Lowsedo, Soldist, Seguermed, Droguería del Sud, Scienza Argentina y Génesis, además de otras firmas del sector farmacéutico.
Uno de los puntos investigados es la actividad de Droguería Génesis, que habría funcionado como intermediaria en operaciones con incrementos de precios superiores al 200%.
De acuerdo con el expediente, Génesis obtuvo adjudicaciones por $34.066 millones entre mayo de 2024 y agosto de 2025, después de haber registrado una actividad comercial muy limitada durante 2023.
La Fiscalía busca determinar si esas operaciones respondieron a acuerdos ilegales y qué participación tuvo cada una de las empresas involucradas.
La ampliación de la investigación también alcanza al exdirector ejecutivo de la ANDIS, Diego Spagnuolo, cuya gestión quedó en el centro de las denuncias por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos.
Los fiscales solicitaron ampliar su indagatoria y la de otros imputados, entre ellos el exfuncionario Daniel Garbellini, el empresario Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, señalado como un presunto intermediario entre empresarios y funcionarios.
Uno de los nuevos elementos mencionados es un viaje de Spagnuolo a Israel, realizado entre el 14 y el 25 de noviembre de 2024.
Según la hipótesis fiscal, Calvete habría financiado pasajes, alojamiento y otros gastos del entonces funcionario como parte de un presunto sistema de beneficios indebidos.
La investigación también señala transferencias por más de US$54.000 desde personas vinculadas con Suizo Argentina hacia Calvete durante 2024.
Los investigadores consideran necesario establecer qué justificaba esos movimientos económicos y si estuvieron relacionados con decisiones adoptadas dentro del organismo. Por ahora, se trata de acusaciones que forman parte del expediente y deberán ser evaluadas por la Justicia.
Frente al avance judicial, fuentes vinculadas con Suizo Argentina rechazaron las imputaciones y negaron que la compañía haya participado en un sistema de sobreprecios.
Desde ese sector cuestionaron la interpretación de las conversaciones y otros materiales incorporados a la investigación. También sostuvieron que algunos elementos fueron presentados fuera de contexto.
La posición defensiva destaca que la droguería tiene una trayectoria centenaria en el mercado argentino y mantiene relaciones comerciales con miles de clientes.
Asimismo, señalaron que aproximadamente el 95% de su facturación proviene del sector privado, por lo que rechazaron la idea de que su actividad dependiera principalmente de las contrataciones de la ANDIS.
Los representantes de la firma confían en que el proceso judicial permitirá demostrar que no existieron las irregularidades atribuidas por la Fiscalía.
Las diferencias entre ambas posiciones deberán resolverse mediante el análisis de la documentación comercial, los registros bancarios, las comunicaciones y las declaraciones de los involucrados.
El expediente tiene una dimensión política relevante porque las operaciones investigadas se desarrollaron durante el Gobierno de Javier Milei, cuando Diego Spagnuolo estaba al frente de la Agencia Nacional de Discapacidad.
La investigación involucra contrataciones destinadas a garantizar medicamentos e insumos médicos a personas que dependen de la cobertura estatal para acceder a tratamientos de alto costo.
Por ese motivo, el eventual perjuicio no se limita a las cuentas públicas. También podría afectar recursos destinados a prestaciones de salud para personas con discapacidad y enfermedades crónicas.
En términos institucionales, el caso plantea interrogantes sobre los mecanismos de control de las compras estatales, la transparencia de las adjudicaciones y la capacidad de supervisión de los funcionarios responsables.
El avance de la Justicia sobre empresarios y exfuncionarios puede incrementar la presión política sobre el Gobierno para explicar cómo funcionaban los controles del organismo durante el período investigado.
Sin embargo, la existencia de la investigación no permite atribuir responsabilidades penales a funcionarios o dirigentes que no hayan sido formalmente alcanzados por las medidas judiciales.
Las primeras indagatorias de los nuevos convocados están previstas para el 29 de octubre, mientras que el cronograma judicial continuará durante noviembre.
El juez Ariel Lijo deberá evaluar las declaraciones, la documentación comercial y los elementos reunidos por la Fiscalía para determinar cómo continúa la investigación.
La inhibición de bienes busca preservar eventuales responsabilidades patrimoniales, pero tampoco constituye una decisión definitiva sobre la culpabilidad de los involucrados.
En paralelo, los investigadores intentarán reconstruir la relación entre las empresas proveedoras y los funcionarios que intervenían en los procedimientos de compra.
El expediente pasó así de analizar operaciones específicas a examinar la posible existencia de un mecanismo coordinado entre distintas droguerías y autoridades públicas.
La causa ANDIS entra en una nueva etapa con los dueños de Suizo Argentina convocados a indagatoria y adjudicaciones por más de $137.000 millones bajo análisis. El desafío judicial será determinar si las irregularidades denunciadas configuraron delitos y establecer quiénes participaron de las presuntas maniobras.
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