22 de octubre de 2026
La iniciativa del gobierno de Javier Milei obtuvo 237 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones, tras una serie de modificaciones negociadas con bloques opositores y aliados provinciales. El proyecto busca establecer un régimen permanente de atención a la discapacidad y ahora deberá ser tratado por el Senado.
La Cámara de Diputados de Argentina aprobó el proyecto del Gobierno nacional para financiar la atención de las personas con discapacidad, en una votación que mostró un amplio consenso entre el oficialismo y sectores de la oposición. La iniciativa de La Libertad Avanza consiguió la media sanción luego de incorporar cambios en aspectos vinculados con las pensiones, la cobertura sanitaria y los fondos destinados a los prestadores de servicios.
El resultado fue de 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones. Con la aprobación en Diputados, la propuesta quedó en manos del Senado, donde deberá continuar su trámite legislativo para convertirse en ley.
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Las negociaciones con los bloques dialoguistas y sectores de la oposición permitieron modificar aspectos centrales de la propuesta original. En ese sentido, los cambios alcanzaron aproximadamente la mitad del texto impulsado por el oficialismo.
Entre los puntos incorporados se encuentran:
Compatibilidad de las pensiones por discapacidad con el trabajo, bajo las condiciones establecidas en la normativa.
Garantías de atención sanitaria y cobertura médica para los beneficiarios.
Plazos de hasta un mes para actualizar los montos que reciben los prestadores de servicios.
Requisitos más definidos para acceder a las pensiones, con el objetivo de limitar la discrecionalidad.
Fondos específicos provenientes del Ministerio de Salud.
Protección del Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad.
Eliminación de la suspensión preventiva de beneficios sin posibilidad de presentar un descargo previo.
La diputada nacional Laura Rodríguez Machado, de La Libertad Avanza, reconoció el cambio de estrategia del oficialismo durante las negociaciones. "Empezamos a andar un camino en el cual comenzamos a buscar consensos", afirmó en el recinto.
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El Gobierno nacional consiguió un amplio respaldo legislativo para su iniciativa de discapacidad, que ahora deberá ser tratada por el Senado.
La iniciativa oficialista surgió en medio de la discusión sobre la continuidad de la emergencia en discapacidad, cuya vigencia estaba prevista hasta el 31 de diciembre de 2026. Sectores de la oposición impulsaban una prórroga hasta diciembre de 2027, ante los reclamos por los pagos a prestadores y la situación del sistema de atención.
Frente a esa iniciativa, La Libertad Avanza presentó su propia propuesta para establecer un régimen permanente. El proyecto mantiene las pensiones no contributivas por discapacidad y contempla su actualización vinculada a la jubilación mínima, además de habilitar readecuaciones presupuestarias y establecer mecanismos de evaluación periódica del sistema.
El diputado Oscar Herrera Ahuad, del bloque Argentina Federal, fue uno de los legisladores que intervino en las negociaciones. Durante el debate advirtió sobre las diferencias que persistían con el texto oficialista: "Nuestras disidencias son de fondo e importantes", señaló.
Tras la media sanción de Diputados, el proyecto deberá ser tratado por el Senado. La aprobación en la Cámara baja no implica todavía que las modificaciones entren en vigencia: resta completar el procedimiento legislativo correspondiente.
El debate dejó planteados dos aspectos centrales: el alcance de las garantías para las personas con discapacidad y la disponibilidad de recursos para sostener la atención y los pagos a los prestadores. La diputada Rodríguez Machado también remarcó la relación entre la norma y el financiamiento al afirmar que los legisladores son responsables de que lo aprobado tenga "su correlato en el Presupuesto".
La discusión presupuestaria y la reglamentación de las condiciones de acceso a las prestaciones serán relevantes para determinar cómo se aplicará el régimen si la iniciativa completa su recorrido parlamentario.
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