País. Vidal bajo la lupa: Denuncian a una empresa estatal de Santa Cruz por irregularidades en la cesión de un galpón a una empresa privada

La gestión del gobernador Claudio Vidal quedó bajo nuevos cuestionamientos en Santa Cruz tras una denuncia penal por presuntas irregularidades en la cesión de un galpón estatal a una empresa privada. La presentación fue impulsada por la exdiputada nacional Roxana Reyes y el abogado Javier Stoessel, quienes solicitaron que la Justicia investigue las condiciones del contrato firmado por Santa Cruz Puede S.A.U. y South Horizen S.A.S.

El acuerdo, firmado el 22 de abril de 2026, establece la entrega de un inmueble de aproximadamente 3.000 metros cuadrados para el funcionamiento de un mercado concentrador mayorista. Los denunciantes plantearon interrogantes sobre las condiciones económicas del convenio, los gastos que asumiría la empresa estatal y el procedimiento utilizado para otorgar el uso del predio.

La presentación fue realizada ante el juez de Instrucción en turno de Río Gallegos y se entregó una copia al jefe de fiscales de Santa Cruz. Entre otros puntos, se solicitó investigar si existió administración fraudulenta en perjuicio del Estado provincial.

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Santa Cruz Puede: las condiciones del contrato que cuestionan los denunciantes

Uno de los principales puntos señalados es el canon mensual de $3 millones, que permanecería congelado durante los 20 años de vigencia del contrato, sin una cláusula de actualización. A esto se suma un período de gracia de ocho meses durante el cual South Horizen S.A.S. no debería abonar el alquiler.

La denuncia también pone el foco en los servicios de electricidad, gas, agua y seguridad, que quedarían a cargo de Santa Cruz Puede sin mecanismos claros de reintegro. Los denunciantes buscan determinar si el Estado provincial terminaría absorbiendo gastos vinculados con el funcionamiento de un emprendimiento privado.

Otro de los aspectos cuestionados son las inversiones que la empresa estatal habría realizado previamente en el galpón y si esas obras beneficiaron directamente a la firma que recibió el inmueble. Además, se planteó la ausencia de una licitación pública o un concurso de precios previo a la cesión.

El contrato cuestionado contempla la cesión de un galpón de aproximadamente 3.000 metros cuadrados para instalar un mercado concentrador mayorista.

South Horizen S.A.S.: una empresa creada 37 días antes del acuerdo

La constitución de South Horizen S.A.S. también forma parte de los cuestionamientos. Según la documentación mencionada en la denuncia, la sociedad unipersonal fue creada apenas 37 días antes de la firma del contrato y tiene como titular a Eugenio Fernando Grela.

Los denunciantes señalaron, además, que la firma habría fijado domicilio en el mismo predio estatal antes de formalizarse la cesión. También plantearon dudas sobre la correspondencia entre la actividad declarada por la sociedad y el objeto del acuerdo.

Estos elementos forman parte del pedido de investigación para esclarecer las circunstancias en las que se negoció y otorgó el uso del inmueble, así como los antecedentes de la relación entre las partes.

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La gestión de Claudio Vidal, bajo cuestionamientos por Santa Cruz Puede

La denuncia vuelve a poner en discusión el funcionamiento de Santa Cruz Puede, una empresa estatal vinculada con la política productiva del gobierno de Claudio Vidal.

La exdiputada Roxana Reyes ya había cuestionado públicamente el alcance de la compañía y advertido sobre su participación en actividades que compiten con el sector privado mientras recibe recursos estatales. También había señalado observaciones del Tribunal de Cuentas y pagos a Grela anteriores a la formalización de South Horizen S.A.S., aspectos que vuelven a aparecer en el marco de los cuestionamientos al contrato.

Por su parte, el presidente de Santa Cruz Puede, Gustavo Sívori, defendió en distintas oportunidades la autonomía financiera de la compañía y su papel como herramienta para promover el desarrollo productivo provincial.

La Justicia deberá determinar si existieron irregularidades

La presentación penal no implica que se haya comprobado la comisión de un delito. La Justicia deberá analizar la documentación, examinar las condiciones del contrato y determinar si existieron irregularidades o responsabilidades penales.

El caso pone bajo la lupa la cesión de un inmueble público por dos décadas, el congelamiento del canon mensual y la distribución de los gastos de mantenimiento y servicios. La investigación deberá establecer si el procedimiento se ajustó a la normativa vigente y si las condiciones del acuerdo resguardaron los intereses del Estado provincial.