Política. Escándalo en Mendoza: La ministra Jimena Latorre habría usado fondos públicos para una capacitación privada

El gobierno de Alfredo Cornejo enfrenta una nueva controversia política en Mendoza. Esta vez, el foco está puesto en su ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, quien recibió un reintegro estatal de $13.643.838 para cubrir los costos de una maestría en Economía Medioambiental dictada por la Universidad Francisco Marroquín, una institución privada del exterior.

La operación fue cuestionada públicamente por el diputado provincial Lucas Ilardo, de Fuerza Patria, quien puso en duda que los recursos utilizados fueran compatibles con los objetivos del Fideicomiso de Actividades Hidrocarburíferas. Según la documentación difundida, el reintegro ascendió a US$10.666,52 y fue transferido a la funcionaria en febrero de 2026.

La discusión va más allá del precio de una formación académica. El interrogante político es por qué una funcionaria que conduce un área estratégica de la administración provincial recibió fondos de un fideicomiso vinculado con la actividad petrolera para financiar una capacitación propia y si el procedimiento respetó los límites establecidos para el uso de esos recursos.

El reintegro de $13,6 millones que abrió la polémica

De acuerdo con los antecedentes publicados, el Comité Ejecutivo del Fideicomiso de Actividades Hidrocarburíferas aprobó la capacitación de Latorre el 1 de agosto de 2025. Posteriormente, una resolución del 29 de enero de 2026 dispuso el reintegro, y la transferencia se concretó el 4 de febrero.

El expediente reconoce un total de US$10.666,52. La suma incluye US$9.313,20 correspondientes al costo de la maestría, luego de un descuento por pago único, y US$1.353,32 por la reserva de plaza. El monto total transferido a la ministra fue de $13.643.838.

Ilardo objetó que el fideicomiso se utilizara para afrontar una formación académica personal. Según su planteo, la normativa aplicable vincula esos recursos con tareas de fiscalización, control y estudio del sector hidrocarburífero.

El legislador también señaló dos cuestiones que, a su entender, requieren explicaciones: un descuento del 10% que figuraría en el acta sin reflejarse de la misma manera en los pagos y una diferencia temporal entre la emisión de la orden de pago y la validación digital de la documentación.

Se trata de cuestionamientos que deben ser examinados a partir del expediente completo y de los controles administrativos correspondientes. Por sí solos, no prueban la existencia de un delito, pero sí colocan bajo escrutinio la autorización, la liquidación y el destino de los fondos.

Ilardo comparó el gasto con opciones de posgrado en universidades nacionales, entre ellas la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad de Buenos Aires.

Cornejo y Latorre: una relación política construida dentro del Estado

La relación entre el gobernador y su ministra no es circunstancial. La trayectoria de Latorre en cargos relevantes de la administración mendocina muestra una continuidad política e institucional con Cornejo.

El primer antecedente central se remonta a 2018, durante la primera gobernación de Cornejo. En abril de ese año, el mandatario participó del acto de asunción de Latorre como presidenta del directorio del Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE), tras su designación mediante decreto. En aquella ocasión, el propio gobernador destacó su decisión de colocar a jóvenes profesionales en puestos de responsabilidad y habló de una apuesta a invertir en "capital político".

El segundo vínculo se consolidó en diciembre de 2023, cuando Cornejo la eligió para encabezar el Ministerio de Energía y Ambiente al iniciar su segundo mandato como gobernador. Latorre llegaba a ese puesto después de haber sido diputada nacional entre 2019 y 2023, período en el que integró la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara baja.

El tercer antecedente se produjo con su designación en el directorio de YPF. El Gobierno provincial informó que la candidatura de Latorre como directora titular por las acciones clase D de la compañía fue propuesta por Cornejo y aprobada por el directorio de la petrolera. La funcionaria agradeció expresamente la confianza del gobernador.

Esta secuencia permite describir una relación política e institucional sostenida: Cornejo la promovió para un organismo regulador, luego la puso al frente de una cartera estratégica y más tarde impulsó su representación en YPF.

Ese vínculo no demuestra por sí mismo ninguna irregularidad en el financiamiento de la maestría. Sin embargo, vuelve inevitable una pregunta política: qué mecanismos de control se aplicaron sobre una funcionaria de máxima confianza del gobernador y quién debe responder por la decisión de autorizar el gasto.

La Dirección de Hidrocarburos depende de la ministra Latorre y, de hecho, quienes autorizaron el pago son subordinados de ella.

La defensa de Latorre: capacitación y fortalecimiento institucional

La ministra rechazó las objeciones y defendió el procedimiento. En declaraciones publicadas por Los Andes, sostuvo que la maestría no fue pagada con partidas del presupuesto general de la Provincia ni con el presupuesto ordinario del ministerio, sino con aportes de empresas que integran el fideicomiso.

Según su explicación, el fondo tiene como finalidad el fortalecimiento institucional y permite financiar capacitación, formación, consultorías y herramientas informáticas para mejorar el funcionamiento de las áreas estatales.

Latorre también argumentó que eligió esa maestría porque combina economía y gestión de recursos naturales, dos dimensiones que considera relacionadas con sus responsabilidades como ministra de Energía y Ambiente. Además, sostuvo que no encontró una oferta académica equivalente en las universidades argentinas que consultó.

La funcionaria defendió así tanto la pertinencia de los estudios como la utilización del fideicomiso. Su argumento es que la capacitación de los responsables de la gestión pública forma parte del fortalecimiento del Estado.

Pero esa explicación no elimina la discusión de fondo: si el objeto del fideicomiso habilita este tipo de reintegros, con qué criterios se decide qué funcionarios pueden acceder a ellos, cómo se determina el monto y qué controles se aplican para asegurar que los recursos se utilicen de acuerdo con su finalidad.

La polémica por la maestría de Jimena Latorre pone a prueba el discurso de transparencia y eficiencia de la administración de Cornejo.

El costo y la elección de una universidad privada

Otro de los puntos que alimentó la controversia fue el monto de la formación y la existencia de alternativas en el sistema universitario público argentino.

Ilardo comparó el gasto con opciones de posgrado en universidades nacionales, entre ellas la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad de Buenos Aires. Esas referencias fueron presentadas como parte de su cuestionamiento al costo de la capacitación financiada mediante el fideicomiso.

La comparación, por sí sola, no permite establecer que los programas sean idénticos en contenidos, duración o modalidad. Sin embargo, sí introduce una discusión legítima sobre los criterios utilizados para seleccionar una formación internacional de ese valor y sobre la necesidad de justificar de manera transparente el beneficio institucional que representa.

Cuando el dinero se administra mediante un fondo de destino específico, no alcanza con que la capacitación resulte útil para el funcionario: también debe poder explicarse por qué el gasto se ajusta a los objetivos del instrumento y cuáles fueron las reglas aplicadas para autorizarlo.

Una explicación política que todavía debe rendir cuentas

La polémica por la maestría de Jimena Latorre pone a prueba el discurso de transparencia y eficiencia de la administración de Cornejo. La ministra defiende la legalidad del procedimiento y sostiene que los fondos tenían una finalidad compatible con la capacitación. Ilardo, en cambio, reclama que se examine la documentación y cuestiona tanto el destino del dinero como el circuito administrativo.

En ese escenario, la respuesta no debería limitarse a un cruce entre oficialismo y oposición. Lo que está en juego es la trazabilidad de los recursos, la interpretación de las reglas del fideicomiso y la existencia de controles suficientes cuando los beneficiarios son funcionarios de alto rango.

La documentación completa, los criterios de autorización y las conclusiones de los organismos de control serán determinantes para establecer si el reintegro se ajustó a la normativa vigente.

Hasta entonces, no corresponde dar por probado un delito. Pero tampoco alcanza con invocar el carácter formal del trámite para cerrar la discusión pública: la legalidad del procedimiento, su justificación administrativa y la conveniencia del gasto son preguntas distintas, y las tres merecen respuestas claras.