24 de octubre de 2026
La obra social de las Fuerzas Armadas adjudicó casi $1.100 millones a La Mantovana y GRUB, dos compañías vinculadas a un mismo grupo económico. Defensa de la Competencia ya había establecido esa relación antes de la contratación. Además, documentación oficial confirma que los contratos fueron prorrogados por otros $1.469 millones.
El Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) adjudicó $1.094.834.585,58 en servicios de limpieza a dos empresas que, de acuerdo con un antecedente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), pertenecen al mismo grupo económico. Las beneficiarias fueron La Mantovana de Servicios Generales SA y GRUB SA, que concentraron el 98,8% del monto total de la licitación pública 08/2025.
La contratación fue aprobada el 25 de febrero de 2026, durante la administración de Ariel Guzmán, cuando el organismo ya había iniciado su proceso de disolución y liquidación bajo la órbita del Ministerio de Defensa, encabezado por Carlos Presti. El expediente también registra una decisión posterior: los contratos fueron prorrogados por seis meses, con nuevos compromisos por $1.469 millones para ambas empresas. Las órdenes de compra correspondientes a esa extensión fueron fechadas el 17 de septiembre de 2026.
La adjudicación original de la licitación pública 08/2025 ascendió a $1.108.000.745,58, destinados a tareas de limpieza integral y profunda en dependencias administrativas, centros médicos, farmacias y delegaciones del IOSFA. La distribución de los contratos favoreció ampliamente a las dos empresas vinculadas, que recibieron casi la totalidad del presupuesto previsto para el servicio.
La Mantovana de Servicios Generales SA obtuvo contratos por $931.177.613,94, correspondientes a 25 de los 36 renglones licitados, mientras que GRUB SA recibió $163.656.971,64 por otros nueve renglones. Los dos restantes fueron adjudicados a Rex Argentina SA, por $6.650.160, y a Impecable Limpieza Integral SRL, por $6.516.000.
De esta manera, prácticamente la totalidad del presupuesto inicial quedó concentrada en La Mantovana y GRUB, pese a que ambas sociedades ya habían sido identificadas oficialmente como integrantes de una misma estructura empresarial. Los importes corresponden a adjudicaciones y compromisos contractuales, por lo que no deben confundirse con pagos efectivamente realizados ni con el costo final de los servicios.

El procedimiento se tramitó mediante el expediente EX-2025-31508194-APN-SCC#IOSFA, cuya apertura de ofertas se realizó el 25 de julio de 2025. En total participaron diez empresas, entre ellas La Mantovana, GRUB, Linser, Pureco, Modena Emprendimientos, Rex Argentina e Impecable Limpieza Integral.
Durante la evaluación de las propuestas se produjo un cambio relevante que modificó el escenario de la contratación. El 12 de noviembre de 2025, la empresa Linser SA informó que no renovaría el mantenimiento de su oferta, por lo que el IOSFA dejó sin efecto su propuesta y avanzó con los siguientes oferentes del orden de mérito.
La disposición administrativa reconoció que existía una "diferencia considerable" entre los valores presentados por Linser y los de las compañías que habían quedado detrás. Ante esa situación, el organismo solicitó mejoras de precios a GRUB y La Mantovana, que finalmente recibieron la mayor parte de los renglones licitados. La secuencia quedó detallada en la disposición de adjudicación publicada en el portal oficial de proveedores del IOSFA.
Uno de los aspectos centrales del caso es que el vínculo empresarial entre La Mantovana y GRUB había sido examinado antes de la adjudicación. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia intervino en el expediente C.1820, iniciado a raíz de una denuncia presentada por EZCA Servicios Generales por presuntas prácticas anticompetitivas.
En septiembre de 2024, el organismo concluyó que las dos sociedades integraban un mismo grupo económico, vinculado a Grupo Buena Vista SA, y que, por ese motivo, no podían ser consideradas competidoras independientes entre sí. El dictamen también recomendó analizar si la incorporación de GRUB a esa estructura empresarial debía haber sido notificada como una operación de concentración económica.
Sin embargo, la investigación concluyó con el archivo de las actuaciones mediante la Resolución 465/2024, firmada por el entonces secretario de Industria y Comercio, Pablo Lavigne. La autoridad no encontró elementos suficientes para acreditar una práctica de cartelización, reparto de mercado o concertación de ofertas, por lo que el antecedente no constituye una sanción por conductas anticompetitivas.
La resolución permite establecer la relación entre las compañías, pero no demuestra por sí misma que hayan cometido una infracción ni que la adjudicación del IOSFA haya sido ilegal. El interrogante administrativo pasa por determinar cómo se evaluó la participación de dos oferentes pertenecientes al mismo grupo económico dentro de un procedimiento de contratación pública y qué controles se aplicaron para garantizar la competencia.
La documentación publicada por el propio IOSFA incorpora un dato adicional sobre el alcance económico de la contratación. Después del período original, comprendido entre marzo y septiembre de 2026, la administración aprobó una prórroga de seis meses, o hasta la disolución efectiva del organismo, con una adecuación de precios para las empresas adjudicatarias.
La resolución autorizó un ajuste del 36,37% para La Mantovana, GRUB e Impecable Limpieza Integral, mientras que para Rex Argentina se aprobó una actualización del 16,93%. En esa nueva etapa, La Mantovana recibió una prórroga por $1.245.995.799,13 y GRUB, por $223.179.012,23, lo que representa un compromiso adicional de $1.469.174.811,36 entre ambas.
Si se consideran las adjudicaciones originales y las prórrogas, los compromisos contractuales aprobados para las dos firmas alcanzan aproximadamente $2.564 millones a lo largo de los dos períodos. Esa cifra refleja el valor de los contratos autorizados, pero no significa que la totalidad de los fondos haya sido pagada o ejecutada.
Otro punto relevante surge de las fechas registradas en el expediente. La disposición que aprobó la prórroga reconoció que las órdenes debían emitirse antes del vencimiento contractual del 2 de septiembre, aunque las órdenes de compra disponibles para ambas compañías llevan fecha 17 de septiembre de 2026.
La administración atribuyó la demora en la tramitación a razones burocráticas y de gestión, y fundamentó la continuidad contractual en la necesidad de sostener un servicio indispensable para el funcionamiento de la obra social. De esa manera, las prestaciones de limpieza continuaron durante la transición institucional del IOSFA, mientras avanzaba el proceso de reorganización de sus dependencias.
El caso se inscribe en una etapa de profundos cambios institucionales para la cobertura sanitaria de las Fuerzas Armadas. El DNU 88/2026, publicado el 6 de febrero, dispuso el inicio de la disolución y posterior liquidación del IOSFA, junto con la creación de dos nuevas entidades: la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG).
El decreto estableció un período de transición para reorganizar los recursos, transferir afiliados y garantizar la continuidad de las prestaciones médicas. En ese escenario, las autoridades debían administrar tanto las obligaciones existentes como los contratos necesarios para mantener operativas las dependencias del organismo.
La adjudicación original de limpieza fue aprobada durante la gestión de Ariel Guzmán, quien permaneció al frente del IOSFA hasta septiembre. Posteriormente, el ministro Carlos Presti aceptó su renuncia y designó a Gonzalo Secchi como nuevo administrador, con efectos desde el 24 de septiembre de 2026, mediante la Resolución 671/2026 del Ministerio de Defensa.
Mientras avanzaba la reorganización, también se multiplicaron los reclamos por deudas con prestadores, continuidad de tratamientos y situación laboral del personal. En octubre, la administración inició además el proceso de cierre de las 31 farmacias propias, una decisión vinculada con la transferencia de funciones a las nuevas estructuras de cobertura sanitaria.
La contratación plantea cuestiones vinculadas con la transparencia y el control del gasto público, especialmente porque Defensa de la Competencia había determinado que las dos principales adjudicatarias formaban parte del mismo grupo económico antes de que se resolviera la licitación. Ambas empresas concentraron casi el 99% del monto original y posteriormente obtuvieron extensiones contractuales que incrementaron los compromisos financieros del organismo.
La documentación conocida no permite afirmar que haya existido una maniobra ilegal ni determinar si los precios adjudicados fueron superiores a los de mercado. Para establecerlo sería necesario examinar las ofertas completas, los criterios de evaluación, la ejecución efectiva de los servicios y los pagos realizados a cada proveedor.
Sin embargo, la concentración de los contratos y las decisiones adoptadas durante el proceso de liquidación del IOSFA colocan el procedimiento bajo atención administrativa. La cuestión adquiere especial importancia porque la obra social atraviesa una reorganización destinada a resolver dificultades financieras y garantizar prestaciones sanitarias para sus afiliados.
En ese contexto, la trazabilidad de las adjudicaciones, las prórrogas y los pagos resulta fundamental para conocer cómo se administraron los recursos durante la transición institucional. También permitirá determinar si las condiciones de contratación respondieron a criterios de eficiencia y competencia en un organismo que enfrenta una transformación profunda de su estructura y sus servicios.
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