24 de octubre de 2026
El Presidente apuntó contra Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodrigues, Natalia Volosín y Luis Novaresio durante la gala de la Fundación Faro. Los acusó de impulsar operaciones contra su Gobierno y utilizó una condenable expresión para atacarlos. FOPEA repudió las declaraciones y advirtió sobre la violencia contra la prensa.
Repudiable. Milei volvió a atacar verbalmente a los periodistas.
"Ensobrados, corruptos, mercenarios de la mentira y fabricantes seriales de operaciones". Con esas palabras, el presidente Javier Milei atacó a cinco periodistas durante la gala de la Fundación Faro, celebrada el viernes 23 de octubre. En su discurso, señaló directamente a Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodrigues, Natalia Volosín y Luis Novaresio, a quienes cuestionó por la cobertura del caso $LIBRA, después de conocerse su sobreseimiento judicial.
El mandatario acusó a los comunicadores de haber participado en una campaña contra su Gobierno y les reclamó: "¿quién se hace cargo ahora de toda la basura que difundieron?". Poco después, elevó el tono de sus declaraciones y sostuvo que "los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta", una expresión que provocó el repudio del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA).
Si bien Milei no mencionó nuevamente a los periodistas dentro de la frase sobre la hoguera, la pronunció inmediatamente después de haberlos identificado y descalificado públicamente.
La ofensiva verbal se produjo al comienzo de la intervención presidencial, antes del discurso central que tenía preparado para la cena de la Fundación Faro. Milei cuestionó especialmente al Grupo La Nación y acusó a sus integrantes de haber utilizado la investigación sobre la criptomoneda $LIBRA para perjudicar al oficialismo.
En ese contexto, mencionó con nombre y apellido a cinco comunicadores: Hugo Alconada Mon, periodista de investigación de La Nación; Carlos Pagni, columnista del mismo diario; Paulino Rodrigues, periodista político; Natalia Volosín, abogada y comunicadora; y Luis Novaresio, conductor y periodista.
El Presidente los vinculó con supuestas operaciones mediáticas y les atribuyó motivaciones ilegítimas, aunque no presentó pruebas de esas acusaciones durante su exposición.
Las descalificaciones estuvieron directamente relacionadas con el tratamiento periodístico de la causa $LIBRA, que durante más de un año y medio tuvo entre sus investigados al propio mandatario y a su hermana, Karina Milei.
El señalamiento resultó especialmente relevante porque no estuvo dirigido de manera genérica al periodismo: Milei individualizó públicamente a los profesionales a los que acusaba.
Después de sus acusaciones, Milei afirmó que combatiría con mayor audacia a los sectores que considera responsables de intentar perjudicar a su Gobierno. En ese tramo del discurso utilizó insultos y sostuvo que no debía haber piedad para quienes identificó como sus adversarios. La referencia a la hoguera se convirtió en el punto más cuestionado de su intervención.
La secuencia de declaraciones adquirió repercusión porque el Presidente primero había señalado a periodistas concretos y luego utilizó una imagen vinculada con el castigo violento.
No obstante, existe una distinción importante: el mandatario no formuló una orden literal de quemar a esos cinco periodistas, sino que empleó esa expresión dentro de una intervención más amplia contra quienes considera sus enemigos.
Esa diferencia no impidió que organizaciones defensoras de la libertad de prensa cuestionaran la gravedad del lenguaje utilizado desde la Presidencia.
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) reaccionó a las expresiones del mandatario y denunció un agravamiento de la confrontación oficial con los trabajadores de prensa.
La entidad consideró particularmente grave la combinación de acusaciones personales, descalificaciones y referencias a la violencia.
En su pronunciamiento, advirtió que este tipo de expresiones desde la máxima autoridad del Estado "legitima la violencia" y puede exponer a riesgos a los periodistas señalados.
Además, FOPEA sostuvo: "El Estado tiene la obligación de proteger a los periodistas, no de convertirlos en blanco".
La organización también rechazó que se atribuya a periodistas la recepción de pagos ilegítimos sin presentar pruebas y defendió la legitimidad de investigar y publicar información sobre expedientes judiciales de interés público.
En ese sentido, remarcó que una resolución judicial favorable a un funcionario no convierte automáticamente en ilegítima la cobertura informativa de una causa.
FOPEA reclamó además que dirigentes políticos, legisladores e instituciones se pronuncien frente a los dichos presidenciales.
Las declaraciones se produjeron horas después de que la Justicia federal dispusiera el sobreseimiento de Javier Milei, Karina Milei y otros investigados en la causa por la criptomoneda $LIBRA.
La resolución fue dictada el viernes 23 de octubre por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, a partir de un pedido del fiscal Eduardo Taiano.
La investigación se había iniciado tras la promoción del criptoactivo por parte del Presidente, en febrero de 2025, y su posterior desplome, que provocó pérdidas entre quienes habían invertido en él.
Milei interpretó el fallo como una reivindicación personal y denunció que la causa había formado parte de una maniobra política y mediática para dañar su investidura.
En su discurso ante la Fundación Faro, llegó a sostener que sus adversarios habían intentado desplazarlo mediante mecanismos institucionales.
Sin embargo, el resultado de un expediente penal y el ejercicio del periodismo son cuestiones distintas. El sobreseimiento de los investigados no implica, por sí solo, que las publicaciones realizadas durante el proceso hayan constituido operaciones ilegales.
El nuevo enfrentamiento se inscribe en una sucesión de episodios de tensión entre el Gobierno nacional y distintos medios de comunicación. Durante octubre, Milei dirigió cuestionamientos públicos contra varios periodistas y protagonizó nuevos cruces durante su reciente visita a España.
Para FOPEA, las expresiones pronunciadas en la Fundación Faro representan un agravamiento de ese escenario por la identificación directa de comunicadores y la utilización de imágenes asociadas con la violencia.
La discusión tiene una dimensión institucional: cuando el jefe de Estado acusa públicamente a periodistas de corrupción o de actuar como operadores, sus palabras pueden tener consecuencias que trascienden una disputa personal.
El debate también involucra el derecho de los funcionarios a responder a informaciones que consideran incorrectas y la necesidad de que esas respuestas respeten las garantías del ejercicio periodístico.
El ataque verbal de Milei contra cinco periodistas y su posterior referencia a la hoguera abrieron así un nuevo conflicto político, esta vez centrado en el lenguaje presidencial, la libertad de prensa y los límites de la confrontación pública desde el poder.
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