ESCÁNDALO EN SAN LUIS. Denunciaron a Claudio Poggi por enriquecimiento ilícito

El diputado peronista Ernesto Alí amplió una denuncia judicial contra el gobernador de San Luis, Claudio Poggi, por presunto lavado de activos, enriquecimiento ilícito, encubrimiento agravado y omisión maliciosa. La presentación, realizada a fines de septiembre, incorporó información de la Dirección Provincial de Catastro y Tierras Fiscales sobre propiedades registradas a nombre de familiares del mandatario y volvió a poner el foco en la evolución de su patrimonio.

Según la denuncia, los hijos de Poggi, María Victoria y Federico, tienen 13 inmuebles en conjunto, ocho a nombre de ella y cinco a nombre de él. A esas propiedades se suman otras cuatro registradas a nombre de Sandra Mabel Correa Sosa, esposa del gobernador. Alí sostiene que el volumen patrimonial debe investigarse en relación con los ingresos declarados por los involucrados.

El abogado Leonardo Martínez Herrero, representante legal del diputado, solicitó al Poder Judicial que requiera información sobre la titularidad, las fechas de adquisición, las superficies y las valuaciones fiscales de los inmuebles. También pidió informes a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sobre la situación fiscal y las declaraciones de ganancias, además de información de entidades bancarias y financieras.

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La denuncia contra Claudio Poggi y las propiedades de su familia

Uno de los puntos señalados por Alí es la constitución de un usufructo gratuito y vitalicio, con derecho de acrecer, en favor de los hijos del gobernador. De acuerdo con la documentación, esa figura permite que Poggi conserve el uso y goce de los bienes durante su vida, mientras sus hijos cuentan con derechos vinculados a la propiedad.

La presentación judicial también cuestiona la evolución de las declaraciones juradas del mandatario entre 2017 y 2023. Según los números citados por el legislador, el patrimonio declarado pasó de $9.338.689,20 en 2017 a $79.586.045,10 en 2022/2023.

Alí considera que ese incremento no se correspondería con los ingresos informados por Poggi en concepto de trabajo, alquileres y otras rentas. Por eso, reclama profundizar el análisis de las declaraciones juradas y determinar si las variaciones patrimoniales cuentan con una justificación económica documentada.

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Las inconsistencias patrimoniales que cuestiona Ernesto Alí

El legislador puso especial atención en el ejercicio 2022. De acuerdo con su denuncia, Poggi declaró bienes por $39.522.367,90 al inicio del período y $79.586.045,10 al cierre, mientras que sus deudas desaparecieron de la declaración.

En ese mismo ejercicio, según los datos consignados en la presentación, el gobernador informó ingresos por trabajo y alquileres de $10.898.425,43, ingresos no alcanzados por $6.054.472,31, gastos personales por $6.892.200,48 y gastos no deducibles por $2.093.152.

El diputado Ernesto Alí amplió la presentación judicial y solicitó informes sobre inmuebles, declaraciones fiscales y movimientos bancarios para profundizar la investigación.

Alí sostiene que la capacidad de ahorro derivada de esos movimientos sería considerablemente inferior al aumento patrimonial declarado. La diferencia, según plantea, se habría justificado mediante una revaluación de bienes por $32.431.108,69.

La denuncia también cuestiona inconsistencias en la declaración jurada de 2023, cuando Poggi dejó su banca como diputado para asumir como gobernador. Alí señala una diferencia entre el patrimonio informado al cierre de 2022 y los valores consignados al inicio del ejercicio siguiente, además de una revaluación que considera incompatible con los totales declarados.

Otro de los aspectos observados es la tenencia de dólares en efectivo y en plazos fijos, así como los cambios de valuación de propiedades urbanas y rurales, entre ellas inmuebles ubicados en Alpa Corral.

La causa judicial contra Poggi pasó a la Justicia Federal de San Luis

La denuncia de Alí había ingresado inicialmente en los tribunales federales de Comodoro Py, debido a que parte del incremento patrimonial cuestionado corresponde al período en que Poggi se desempeñó como diputado y senador nacional.

Sin embargo, la jueza María Eugenia Capuchetti y la fiscal Paloma Ochoa se declararon incompetentes y remitieron el expediente a la Justicia Federal de San Luis. Allí también se encontraba radicada una denuncia impulsada por el abogado Gustavo Reviglio, cuyo trabajo periodístico y judicial antecedió a la presentación del diputado.

La investigación permanece hasta el momento sin avances significativos en la provincia. El expediente quedó bajo la intervención del juez Juan Carlos Nacul y el fiscal Cristian Rachid.

La disputa judicial se desarrolla, además, en medio de la confrontación política entre Poggi y el exgobernador Alberto Rodríguez Saá. En ese escenario, dirigentes vinculados a la gestión anterior denunciaron persecución política, mientras que la causa contra el actual mandatario busca establecer si existen irregularidades patrimoniales que justifiquen nuevas medidas de investigación.

Por el momento, los elementos mencionados forman parte de una denuncia y de los cuestionamientos planteados por el legislador. La determinación de eventuales responsabilidades penales depende de la investigación judicial y de las pruebas que puedan incorporarse al expediente.