Poder. ¡Fuera abajo!: crece el desmonte en Chaco y apuntan contra Zdero por permisos irregulares

El gobierno de Leandro Zdero en Chaco quedó bajo cuestionamiento de organizaciones ambientalistas tras la denuncia por un nuevo desmonte de aproximadamente 1.800 hectáreas de bosque nativo, en presunta vulneración de una medida cautelar que limita la actividad. La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) apuntó contra la falta de controles provinciales, mientras que el Juzgado Federal de Resistencia N.º 1 ordenó intensificar la vigilancia y convocó a una audiencia judicial para el próximo 3 de noviembre.

Fabián Maggi, abogado integrante de la AAdeAA, cuestionó la actuación de las autoridades provinciales y sostuvo que la gestión de Zdero falla "al no controlar ni proteger el territorio". Además, afirmó que la Provincia otorga permisos para intervenir zonas que, según señaló, deben preservarse por ley.

Desmonte en Chaco: la denuncia contra el gobierno de Leandro Zdero

El reclamo de las organizaciones ambientalistas apunta tanto a la presunta inacción estatal como a la responsabilidad institucional frente a la destrucción del monte chaqueño. Maggi advirtió que la situación se vincula con una matriz productiva orientada a la exportación, que beneficia a sectores empresarios concentrados.

En ese esquema, el abogado identificó dos actividades centrales: la industria taninera y la carbonera. Según explicó, una parte importante del carbón vegetal y del tanino extraído de árboles de alto valor se comercializa a través de corporaciones extranjeras.

Maggi también denunció la existencia de una "puerta giratoria" entre empresarios, profesionales y dirigentes provinciales. En ese sentido, aseguró que hay funcionarios vinculados a los desmontes que fueron denunciados por la asociación e imputados por la Justicia Federal por su presunta participación en una asociación ilícita dedicada a cometer estos delitos.

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Qué dice la legislación sobre las hectáreas desmontadas en Chaco

Uno de los puntos centrales del reclamo es que las tierras afectadas están clasificadas en la Categoría II del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. De acuerdo con la información proporcionada en la denuncia, esa clasificación impide el topado y el cambio de uso del suelo en las áreas alcanzadas por la protección legal.

Organizaciones ambientalistas denunciaron la destrucción de unas 1.800 hectáreas de bosque nativo y apuntaron contra la actuación del gobierno de Leandro Zdero.

La preocupación ambiental se relaciona con la fragilidad del ecosistema del Chaco Seco. La degradación de estos ambientes puede ocasionar daños de difícil o imposible reversión, debido a que el monte autóctono necesita décadas para regenerarse y constituye el hábitat de especies amenazadas.

La pérdida de vegetación también compromete la supervivencia de la fauna local y la continuidad de los ambientes naturales que conectan distintas áreas protegidas de la región.

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La Justicia Federal ordenó reforzar los controles sobre el bosque nativo

En el marco de la causa, el Juzgado Federal de Resistencia N.º 1 dictó una resolución urgente para frenar la destrucción de los bosques nativos y dispuso intensificar las tareas de vigilancia y patrullaje preventivo.

La medida contempla una atención especial sobre el predio denunciado, ubicado cerca del Parque Provincial Loro Hablador y del corredor que conecta con el Parque Nacional Copo, en Santiago del Estero.

Además, el juzgado convocó a una audiencia para el 3 de noviembre, en la que deberán participar la Dirección de Bosques de Chaco, la Policía provincial, Parques Nacionales y la querella, representada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.

El objetivo es coordinar mecanismos de control satelital, sistemas de alerta temprana y protocolos de comunicación inmediata para detectar nuevas intervenciones y actuar ante posibles desmontes.

El impacto ambiental cerca del Parque Provincial Loro Hablador

El predio afectado linda con el Parque Provincial Loro Hablador, una reserva de más de 30.000 hectáreas que funciona como zona de amortiguamiento del Parque Nacional Copo, ubicado en Santiago del Estero.

La deforestación en ese sector compromete la conectividad de la biodiversidad regional. La continuidad de los ambientes naturales permite que distintas especies circulen entre áreas protegidas de ambas provincias, por lo que la pérdida de bosque puede interrumpir esos desplazamientos y reducir sus posibilidades de supervivencia.

La audiencia judicial del 3 de noviembre será una nueva instancia para abordar las denuncias por desmontes en Chaco y coordinar las medidas de vigilancia. Mientras tanto, las organizaciones ambientalistas mantienen sus cuestionamientos a la actuación del gobierno provincial y a los permisos que, según denuncian, posibilitan intervenciones en áreas protegidas.