País. Despidieron del INTA a Virginia Aparicio tras investigar la presencia de agroquímicos en humanos y el ambiente

El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) formalizó este lunes 26 de octubre, mediante la Resolución 366, la exoneración de la ingeniera agrónoma y doctora en Ciencias Agrarias Virginia Aparicio.

La sanción -la más grave del régimen de empleo público nacional- implica su despido definitivo y la inhabilitación para desempeñarse en la administración pública.

Aparicio, investigadora del CONICET en la Estación Experimental Agropecuaria de Balcarce, trabajaba en el organismo desde 1997. En 2020 el INTA aprobó su rol como coordinadora argentina del proyecto SPRINT (Sustainable Plant Protection Transition), una iniciativa financiada por la Unión Europea y coordinada por la Universidad de Wageningen (Países Bajos). El estudio, realizado en diez países europeos y Argentina, evaluó la exposición a más de 200 plaguicidas en el ambiente, los animales y las personas.

En 2021 el equipo argentino tomó muestras de sangre, orina y materia fecal de 73 voluntarios del sudeste bonaerense (productores, trabajadores rurales y consumidores), además de suelo, agua, aire y alimentos. Los resultados locales mostraron glifosato en la orina del 84% de los participantes y presencia de la sustancia en el 100% de las muestras de materia fecal analizadas en el territorio bonaerense. También se documentaron mezclas de plaguicidas y concentraciones más altas que en los países europeos participantes. Argentina fue el único país fuera de Europa en el consorcio.

En junio de 2023 el INTA suspendió la presentación pública de los resultados a los voluntarios. Meses después el organismo se retiró del proyecto. En diciembre de ese año se inició un sumario administrativo contra Aparicio (y otros integrantes del equipo). El proceso se prolongó casi tres años.

Los argumentos del INTA

La Resolución 366 fundamenta la exoneración en presuntas irregularidades administrativas: participación de José Luis Costa (investigador jubilado y pareja de Aparicio) en el acceso a datos y tareas vinculadas al envío de muestras al exterior; manejo de fondos; incumplimiento de la vía jerárquica; modificaciones en el protocolo bioético; y cuestiones de confidencialidad.

El documento reconoce que no se acreditó un beneficio económico personal ni perjuicio fiscal equivalente a los montos administrados, ni antecedentes disciplinarios previos de la investigadora. Otros miembros del equipo recibieron suspensiones menores (15 y 25 días) o quedaron sin sanción.

La resolución también relativiza parte de los hallazgos: señala que las ingestas calculadas de glifosato no superaron la ingesta diaria admisible de referencia y que los datos de salud disponibles no permitían un análisis epidemiológico formal.

El caso se enmarca en el contexto de reestructuración y reducción de personal del INTA bajo la gestión de Javier Milei (con Nicolás Bronzovich al frente del organismo).

La postura de la científica y el rechazo

Aparicio rechazó las imputaciones y calificó el proceso como un intento de censura y disciplinamiento. En declaraciones previas afirmó: "Lo que quieren es generar miedo para que el resto de los investigadores se autocensuren; quieren que se dejen de investigar los temas verdaderamente importantes, los temas sensibles". También describió un clima de aislamiento interno: "Parezco un poco leprosa en los pasillos del INTA". Su defensa sostiene que los procedimientos se ajustaron al protocolo internacional aprobado y que el financiamiento era europeo. Anunció que recurrirá a la Justicia contencioso-administrativa.

Organizaciones científicas, ambientales, sindicatos del sector (como APINTA) y referentes de la ciencia pública repudiaron la medida. Argumentan que se penaliza la investigación sobre un tema de alta sensibilidad social y ambiental -la "ruta del plaguicida"- en lugar de utilizar los datos para políticas de salud y producción.

El caso se enmarca en el contexto de reestructuración y reducción de personal del INTA bajo la gestión de Javier Milei (con Nicolás Bronzovich al frente del organismo), que incluyó retiros voluntarios, pases a disponibilidad y críticas oficiales al enfoque previo del instituto hacia la agroecología y la extensión.

Aparicio presentó públicamente resultados en el Concejo Deliberante de Balcarce el 15 de octubre. Mientras tanto, los hallazgos del proyecto SPRINT siguieron circulando en publicaciones científicas internacionales.

El debate queda abierto entre quienes ven en la sanción una respuesta legítima a irregularidades administrativas y quienes la interpretan como un mensaje de advertencia a la investigación pública sobre el impacto de los agroquímicos en la salud y el ambiente.