27 de octubre de 2026
El gobernador pampeano, Sergio Ziliotto, busca que la Corte Suprema suspenda la reforma de la Ley de Glaciares impulsada durante el gobierno de Javier Milei. El reclamo expone la disputa por el agua con Mendoza, gobernada por Alfredo Cornejo, y suma tensión por el futuro del río Colorado y el negocio de las represas hidroeléctricas.
Alfredo Cornejo y Sergio Ziliotto, gobernadores de Mendoza y La Pampa, respectivamente, mantienen una disputa por los recursos hídricos y las regalías hidroeléctricas.
La provincia de La Pampa, encabezada por Sergio Ziliotto, presentó un recurso extraordinario federal para que la Corte Suprema de Justicia intervenga en el conflicto por la reforma de la Ley de Glaciares en Argentina. El objetivo es conseguir una medida cautelar que suspenda la aplicación de la normativa mientras avanza la discusión judicial sobre su constitucionalidad.
La estrategia judicial está a cargo del constitucionalista Andrés Gil Domínguez. El planteo se tramita en el Juzgado Federal de Santa Rosa, a cargo de Juan José Baric, quien rechazó el pedido de suspensión inmediata. La Cámara Federal de Bahía Blanca también desestimó la apelación.
Gil Domínguez sostiene que la Corte debería actuar con rapidez a partir de sus propios antecedentes en materia ambiental. "Si la Corte Suprema es mínimamente consecuente con lo que ya dictó en la causa de Árbol de Pie, tendría que dictar rápidamente una medida cautelar", advirtió.
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La presentación pampeana advierte sobre el riesgo de que una sentencia favorable llegue demasiado tarde para revertir eventuales daños ambientales e hídricos. En el expediente también participan organizaciones ambientalistas y entidades académicas, entre ellas Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Universidad Nacional de La Pampa.
El conflicto excede la discusión jurídica sobre los glaciares. La disputa entre La Pampa y Mendoza, gobernada por el radical Alfredo Cornejo, tiene como trasfondo el control y el aprovechamiento de recursos hídricos estratégicos para ambas provincias.
La Pampa mantiene desde hace décadas una controversia con Mendoza por el río Atuel. Ahora, el gobierno de Ziliotto también expresa preocupación por el impacto que podrían tener futuros proyectos mineros sobre el río Colorado, una fuente de agua fundamental para la provincia pampeana.
La reforma de la Ley de Glaciares abrió un nuevo frente judicial para el gobierno de Sergio Ziliotto, que busca una intervención urgente de la Corte Suprema.
El Colorado es utilizado para riego y abastecimiento energético, además de integrar una cuenca que involucra a otras jurisdicciones. Para La Pampa, la discusión sobre la protección de los recursos naturales se vincula directamente con la disponibilidad de agua y las posibilidades de desarrollo de su territorio.
En ese escenario, la reforma de la Ley de Glaciares impulsada durante la gestión de Javier Milei agrega un nuevo frente de enfrentamiento con Mendoza. La preocupación pampeana apunta a las consecuencias que podrían tener las actividades económicas habilitadas bajo el nuevo marco normativo sobre las cuencas hídricas compartidas.
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La disputa entre ambas provincias también se profundizó por el régimen de regalías hidroeléctricas vinculado a Los Nihuiles, en Mendoza. Según el planteo expuesto por el gobierno pampeano, una decisión de la administración nacional modificó las condiciones que permitían a La Pampa participar de esos ingresos.
El decreto 982/2026 dejó sin efecto el esquema anterior de regalías, una medida resistida por La Pampa tanto en el terreno político como en la Justicia. De acuerdo con la información del caso, la provincia obtuvo un fallo favorable en esa controversia, aunque el expediente también llegó a la Corte Suprema.
El trasfondo es la futura privatización de las represas hidroeléctricas. La disputa no se limita al monto de las regalías: también involucra las condiciones bajo las cuales se organizarán las concesiones y la participación de las provincias vinculadas con los recursos hídricos.
La normativa nacional invoca la necesidad de "garantizar la seguridad jurídica en todos los aspectos que hacen a las concesiones de generación de energía hidroeléctrica". Sin embargo, la decisión de modificar el régimen anterior abrió un nuevo enfrentamiento entre la Nación y La Pampa.
La reforma de la Ley de Glaciares se convirtió en otro capítulo de la disputa entre el Gobierno nacional y las provincias que cuestionan sus efectos ambientales. La Pampa busca que la Corte Suprema intervenga antes de que el proceso judicial concluya, mientras el Estado nacional todavía debe responder la demanda ante el juez Baric.
El expediente reúne distintos amparos presentados contra la reforma, con la participación de organizaciones ambientalistas y entidades locales. La provincia de Santa Cruz también impulsó acciones judiciales vinculadas con la aplicación de la nueva normativa.
El cruce entre Ziliotto y Cornejo, con el respaldo político de Milei al gobierno mendocino señalado en la controversia por las represas, reúne dos discusiones que se conectan: la protección de los recursos hídricos y el control económico de la generación hidroeléctrica.
La intervención de la Corte Suprema será determinante para establecer si corresponde suspender la reforma de la Ley de Glaciares mientras se analiza su constitucionalidad. Al mismo tiempo, los expedientes vinculados con Los Nihuiles mantienen abierta la disputa por las regalías y las condiciones de las futuras concesiones.
Para La Pampa, ambos conflictos involucran cuestiones centrales para su desarrollo: el acceso al agua y su participación en las decisiones sobre recursos compartidos. Para Cornejo y Mendoza, la discusión se inscribe en un escenario de tensión con una provincia que cuestiona tanto los cambios regulatorios nacionales como sus posibles consecuencias.
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