28 de octubre de 2026
Un pedido de informes de Cambia Río Negro y La Libertad Avanza busca esclarecer el destino de los aportes previsionales de los empleados públicos. Unter también recurrió a la Corte Suprema por las jubilaciones docentes, mientras un informe técnico estimó que incorporar sumas no remunerativas a la base previsional podría generar $12.071 millones mensuales adicionales.
El gobierno de Río Negro enfrenta reclamos legislativos y sindicales para esclarecer la situación de los aportes previsionales de los empleados públicos.
El gobierno de Alberto Weretilneck en Río Negro enfrenta reclamos políticos, sindicales y judiciales por la composición de los salarios públicos y su impacto en los aportes jubilatorios. Legisladores de Cambia Río Negro y La Libertad Avanza presentaron un pedido de informes para conocer cuánto se pagó mediante conceptos no remunerativos desde 2014 y qué montos fueron declarados, retenidos e ingresados al sistema previsional. En paralelo, el gremio docente Unter llevó el conflicto a la Corte Suprema y reclamó regularizar los aportes y las contribuciones pendientes.
Un informe técnico elaborado en agosto de 2026 estimó que incorporar las sumas analizadas a la base previsional permitiría ingresar al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) unos $12.071 millones mensuales adicionales, a valores salariales de 2025. El cálculo contempla aproximadamente $6.908 millones en contribuciones patronales y $5.162 millones en aportes personales. El documento, sin embargo, advierte que se trata de estimaciones preliminares y no de una determinación administrativa de deuda.
La iniciativa fue impulsada por Patricia Mc Kidd, Daniel Sanguinetti, Gabriela Picotti, Santiago Ibarrolaza, Claudio Doctorovich, Martina Lacour y Marcela González Abdala, integrantes de los bloques Cambia Río Negro y La Libertad Avanza. El pedido está dirigido a los ministerios de Hacienda y de Educación y Derechos Humanos, con especial atención a la situación previsional de los trabajadores de la educación.
Los legisladores solicitaron que el Ejecutivo detalle qué proporción de la masa salarial se abonó mediante conceptos no remunerativos desde 2014 y cuál fue el fundamento normativo de cada adicional. También reclamaron información que permita distinguir entre los aportes y contribuciones declarados, los retenidos, los efectivamente ingresados y los que continúan pendientes de pago.
El planteo busca esclarecer una posible deuda previsional que, según la cifra mencionada en el reclamo, alcanzaría casi $1,3 billones desde 2014. No obstante, esa magnitud todavía requiere documentación oficial que permita establecer su composición y confirmar si existen obligaciones impagas por ese monto.
La presentación también solicita declaraciones juradas previsionales y sus rectificativas, información sobre la deuda reconocida por la Provincia, montos reclamados por ANSES o ARCA y partidas presupuestarias destinadas a regularizar las obligaciones. "Corresponde esclarecer el alcance de esas obligaciones", señalaron los legisladores.
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El conflicto también llegó al ámbito judicial. El consejo directivo central de Unter informó que el 2 de octubre presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia contra Río Negro y ANSES. El sindicato reclama el cumplimiento del convenio de 2021, la regularización de aportes y contribuciones y la rectificación de las declaraciones previsionales. Además, sostiene que el costo de la regularización no debe trasladarse a los docentes activos ni a quienes esperan acceder a la jubilación.
Entre los antecedentes legislativos figura el expediente 1457/2026, que registra una solicitud de pronunciamiento de las autoridades de Unter sobre la aplicación del convenio entre la Provincia y ANSES, la circular PREV-11-69/2021 y la resolución 5933/2021 del Consejo Provincial de Educación.
Esta última norma aprobó un régimen voluntario de regularización para docentes en condiciones de jubilarse o a quienes les faltaran hasta 36 meses para acceder al beneficio. El sindicato cuestiona que una solución limitada a quienes están próximos al retiro deje sin resolver la situación previsional acumulada durante el resto de la trayectoria laboral.
El sindicato docente recurrió a la Corte Suprema para reclamar la regularización de los aportes y las contribuciones vinculados con las jubilaciones.
El secretario adjunto de Unter, Mauricio Ovadilla, denunció que alrededor de 400 trabajadores de la educación enfrentan dificultades para jubilarse y que algunos trámites acumulan hasta un año de demora. Según el dirigente, los obstáculos están vinculados con el tratamiento de las sumas no remunerativas y el cumplimiento del acuerdo previsional.
Por su parte, Roberto Gil reclamó revisar las actas paritarias para establecer qué se acordó y quiénes participaron en las decisiones sobre la composición de los salarios.
El informe técnico expone el mecanismo mediante un recibo salarial utilizado como ejemplo. Sobre un salario bruto de aproximadamente $1.625.330, unos $458.365 figuran como remunerativos y alrededor de $1.166.965 como no remunerativos.
La distribución permite observar la diferencia entre el salario total y la parte considerada para los aportes previsionales en ese caso particular. Sin embargo, el ejemplo no demuestra que la misma proporción se aplique a todos los empleados públicos de Río Negro.
El documento también menciona la ley provincial 4640, que contempla la incorporación de determinados adicionales como remunerativos desde los 50 años para las mujeres y los 55 para los varones. Según el análisis, regularizar la base salarial al final de la carrera no recompone automáticamente los recursos correspondientes a períodos anteriores.
De acuerdo con las proyecciones del informe, incorporar las contribuciones patronales sobre las sumas analizadas representaría un costo provincial de aproximadamente $89.810 millones anuales, incluido el aguinaldo.
Los aportes personales, por su parte, se descontarían de los salarios de los trabajadores. Si el Gobierno decidiera compensar esas retenciones para preservar los ingresos de bolsillo, el documento proyecta un impacto presupuestario inicial cercano a los $156.921 millones anuales, sujeto a ajustes por las contribuciones correspondientes a la propia compensación.
Las estimaciones deben interpretarse con cautela. El informe utiliza distintos salarios promedio en su desarrollo y presenta resultados diferentes para la acumulación histórica. Además, reconoce que una cuantificación precisa requiere la nómina salarial completa y los formularios F.931 presentados ante ARCA.
Por ese motivo, las cifras permiten dimensionar posibles escenarios, pero no constituyen una deuda firme. El cálculo se limita al sistema previsional nacional y no cuantifica el financiamiento de IPROSS.
El pedido de informes y la presentación judicial de Unter abren dos vías para esclarecer la situación de los aportes previsionales en Río Negro. Mientras los legisladores buscan acceder a registros oficiales que permitan determinar qué se declaró y qué se pagó, el sindicato reclama una respuesta para los docentes que enfrentan dificultades para acceder a la jubilación.
El punto central será establecer qué conceptos salariales debieron integrar la base de aportes, qué obligaciones fueron efectivamente cumplidas y cuáles permanecen pendientes. Para eso, resultará necesario contrastar las liquidaciones salariales, las declaraciones previsionales, los convenios y las actas paritarias.
La documentación oficial permitirá determinar si existe una deuda, cuál es su magnitud y qué responsabilidades corresponden. Hasta entonces, la cifra de casi $1,3 billones debe presentarse como un monto señalado en el reclamo, no como una obligación definitivamente acreditada.
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