29 de octubre de 2026
El Gobierno nacional formalizó la disolución y liquidación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) mediante el Decreto 1286/2026. La medida establece un esquema de transferencia de personal a la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), en medio de una crisis financiera con una deuda de $210.000 millones y graves dificultades para garantizar las prestaciones médicas.
El Gobierno de Javier Milei formalizó la disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) y el inicio de su proceso de liquidación mediante el Decreto 1286/2026, publicado en el Boletín Oficial el 28 de octubre de 2026. La norma establece que el procedimiento estará a cargo de un administrador designado por el Ministerio de Defensa y contempla la reorganización del personal hacia la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA).
La disposición, firmada por el Presidente y los ministros del Gabinete nacional, establece que el directorio de la OSFA deberá determinar qué puestos de trabajo necesita cubrir y cuál será la dotación requerida para su funcionamiento. A partir de esa evaluación, se identificarán los trabajadores del IOSFA que serán transferidos al nuevo organismo, de acuerdo con el régimen jurídico correspondiente.
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El decreto establece un mecanismo para definir qué empleados continuarán desempeñándose en la estructura de la OSFA y cuál será la situación de quienes no sean incorporados.
En esos casos, el administrador del IOSFA deberá analizar la situación laboral de cada agente y disponer las medidas que correspondan dentro de sus competencias y conforme al régimen jurídico aplicable. La normativa, por lo tanto, deja la continuidad de los puestos de trabajo sujeta a las necesidades operativas que determine el directorio de la nueva obra social.
La disposición también establece que el personal de la Gendarmería Nacional Argentina y de la Prefectura Naval Argentina que se encuentre en comisión de servicios o adscripto al IOSFA deberá reincorporarse a sus respectivos organismos de origen.

El Gobierno nacional modificó el proceso de liquidación del IOSFA y estableció nuevos criterios para transferir trabajadores a la Obra Social de las Fuerzas Armadas.
La reorganización del IOSFA se desarrolla en medio de una profunda crisis financiera que afectó la atención médica de sus afiliados. A comienzos de octubre, el Gobierno había anunciado que destinaría fondos del Tesoro nacional para afrontar una deuda acumulada de $210.000 millones, vinculada a compromisos con aproximadamente 2.000 proveedores y prestadores de todo el país.
La deuda alcanzó a clínicas, sanatorios, farmacias, laboratorios, colegios profesionales y proveedores de insumos y prótesis. Según la información difundida sobre la situación del organismo, la interrupción de los pagos provocó una parálisis casi total de las prestaciones de salud para los beneficiarios.
El problema financiero también afectó la conducción del proceso de liquidación. En septiembre, el coronel retirado Ariel Guzmán, quien estaba al frente de la administración de la estructura residual del IOSFA, presentó su renuncia.
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Un punto central de la nueva normativa es que la transferencia de trabajadores a la OSFA ya no contempla la incorporación automática de toda la dotación del IOSFA. El directorio de la nueva obra social deberá establecer qué puestos necesita cubrir e identificar a los agentes que serán transferidos, según las necesidades operativas del organismo.
La precisión normativa es importante: la disolución del IOSFA ya había sido dispuesta mediante el Decreto 88/2026, publicado en febrero. El Decreto 1286/2026 modifica ese esquema y establece nuevos criterios para la transferencia de personal durante la liquidación.
En términos concretos, la medida define cómo se reorganizará la estructura laboral del organismo, mientras que la crisis financiera y las dificultades en la prestación de servicios médicos constituyen los principales antecedentes de la reestructuración.
El resultado de este proceso dependerá, entre otros aspectos, de la definición de los puestos que cubrirá la OSFA y de las medidas que se adopten respecto de los empleados que no sean transferidos. El decreto establece el marco administrativo para esa transición, pero no implica por sí mismo que las dificultades de financiamiento y atención médica estén resueltas.
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