29 de octubre de 2026
El diputado nacional de Unión por la Patria cuestionó el precio de la venta del 90% de AySA impulsada por el Gobierno de Javier Milei. Sostuvo que el monto equivale a la facturación de tres meses y advirtió sobre las consecuencias para los usuarios de agua potable del conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires.
El diputado nacional por Unión por la Patria Guillermo Michel cuestionó la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), luego de que el Gobierno de Javier Milei adjudicara la venta del 90% de las acciones estatales por US$340,2 millones. El legislador consideró que el precio de la operación es insuficiente en relación con la cantidad de usuarios y los activos de la compañía, y manifestó su preocupación por el impacto que podría tener el cambio de manos de una empresa que presta un servicio esencial en Argentina.
"Con la facturación de tres meses te quedaste con la empresa", afirmó Michel al cuestionar el valor de la adjudicación. "No resiste ningún análisis técnico", agregó.
Para fundamentar sus críticas, el diputado tomó como referencia los aproximadamente cuatro millones de clientes de AySA y el monto de la operación. Según explicó, si se dividen los US$400 millones que mencionó como valor de la empresa por la cantidad de usuarios, el resultado es de unos US$100 por cliente.
"La tarifa promedio es de 35 dólares, con lo cual, con la facturación de tres meses, te quedaste con la empresa", sostuvo Michel.
El legislador también puso el foco en los activos de la compañía como otro parámetro para discutir el precio de venta. En ese sentido, afirmó que "únicamente la planta de Dique Luján vale US$1.800 millones" y cuestionó que se transfiera la totalidad del control accionario estatal sin una concesión adicional que, según su planteo, justifique la operación.
"Tenés asegurados clientes por 30 años y la pagaste con la facturación de tres meses", insistió el diputado, quien consideró que la adjudicación no resiste un análisis técnico.
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Además del precio de la operación, Michel expresó su preocupación por la situación de los usuarios de AySA, que reciben el servicio en la Ciudad de Buenos Aires y en 26 localidades del conurbano bonaerense.
El diputado advirtió sobre las consecuencias que podría tener la imposibilidad de pagar las facturas y cuestionó quién responderá ante los reclamos si la empresa queda bajo control de inversores extranjeros.
"Cuando la gente no pueda pagar, van a ir y se la van a cortar, ¿y a quién le van a reclamar? ¿Le van a mandar una carta documento a Holanda, al fondo de inversión?", planteó.
En ese marco, Michel remarcó la importancia de considerar la naturaleza del servicio involucrado: "Pensemos en un bien esencial como el agua".

Guillermo Michel cuestionó el precio de la privatización de AySA y advirtió sobre las consecuencias para los usuarios del servicio de agua potable.
La operación quedó formalizada mediante la Resolución 1818/2026 del Ministerio de Economía, firmada por Luis Caputo y publicada en el Boletín Oficial. La adjudicación contempla la venta del 90% de las acciones de AySA que pertenecen al Estado nacional, por una oferta de US$340,2 millones.
El consorcio ganador está integrado por Rowing SA, Arcos Saneamento e Participações SA, PHX Aqua AR BV y Transclor SA. Su propuesta superó la del grupo encabezado por Roggio, que había ofertado US$285 millones por el mismo paquete accionario.
La resolución estableció el 13 de noviembre de 2026 como fecha límite para la firma del contrato de compraventa. Una vez cumplida esa instancia, se avanzará con la transferencia de 135.000 acciones ordinarias Clase A. El 10% restante de AySA corresponde a los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada.
La adjudicación se concretó después de que la comisión evaluadora recomendara seleccionar la oferta ganadora y venciera el plazo para presentar impugnaciones. De acuerdo con la normativa oficial, las propuestas económicas fueron consideradas razonables en función de la tasación realizada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).
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La crítica de Guillermo Michel pone en discusión dos aspectos centrales de la privatización de AySA: el valor económico asignado a la empresa y las posibles consecuencias para quienes dependen de su servicio. Mientras el Gobierno avanzó con la venta de la mayoría accionaria estatal, el legislador de Unión por la Patria advirtió sobre la relación entre el precio de adjudicación, los activos de la compañía y la capacidad de pago de los usuarios.
El planteo también introduce una preocupación sobre la responsabilidad frente a eventuales cortes y reclamos, en un servicio que abastece a millones de personas. La discusión sobre la privatización de AySA, por lo tanto, no se limita al monto de la operación, sino que también alcanza el futuro de la prestación de agua potable en el área metropolitana de Buenos Aires.
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