País. Escándalo en Tribunales: destituyeron a un juez cercano a Lorenzetti y ordenaron detenerlo

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación destituyó este jueves al juez federal Gastón Salmain, quien estaba al frente del Juzgado Federal N.º 1 de Rosario. La decisión fue adoptada por unanimidad, después de que se comprobara que había ocultado antecedentes disciplinarios durante los concursos que le permitieron acceder a la magistratura.

La resolución no solamente puso fin a su carrera dentro del Poder Judicial, sino que también permitió avanzar con una medida que hasta entonces no podía ejecutarse por las inmunidades de su cargo. Horas después de conocerse el veredicto, el juez federal Carlos Vera Barros ordenó la detención inmediata de Salmain, quien deberá cumplir prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario y con monitoreo electrónico.

El episodio adquirió especial repercusión dentro de los tribunales federales porque el exmagistrado también está procesado en una investigación por presuntas coimas relacionadas con operaciones cambiarias millonarias. A esto se suma su cercanía con Ricardo Lorenzetti, integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, una relación que volvió a quedar bajo la lupa tras conocerse su destitución.

Por qué destituyeron al juez federal Gastón Salmain

La destitución de Gastón Salmain se produjo después de que el Jurado de Enjuiciamiento considerara acreditado que había ocultado información relevante sobre su trayectoria profesional. Según los integrantes del tribunal, esa conducta comprometió la transparencia del proceso de selección y vulneró los deberes de veracidad exigidos a quienes aspiran a ocupar cargos judiciales.

Los antecedentes que desencadenaron su caída se remontan a 2002, cuando Salmain se desempeñaba como empleado del fuero de la Seguridad Social. En aquella oportunidad, fue denunciado por intentar modificar el sistema informático de sorteos de expedientes para beneficiar a un estudio jurídico privado con el que mantenía vínculos profesionales.

De acuerdo con la investigación, el entonces empleado judicial había propuesto a una compañera alterar la asignación de causas para direccionarlas hacia el juzgado donde trabajaba. La maniobra provocó una investigación administrativa y su posterior cesantía, dispuesta por la Corte Suprema de Justicia.

En el ámbito penal, aquel episodio concluyó mediante una suspensión del juicio a prueba, conocida como probation, que contempló la realización de tareas comunitarias. Sin embargo, la sanción administrativa continuó formando parte de sus antecedentes laborales y debía ser informada durante los futuros procesos de selección.

Entre 2016 y 2024, Salmain participó en 33 concursos para acceder a cargos judiciales sin declarar que había sido separado del Poder Judicial. En sus presentaciones consignó que se había desempeñado como abogado independiente, pero omitió mencionar tanto su paso por el fuero previsional como la sanción que había recibido.

Para los integrantes del tribunal, esa omisión no podía interpretarse como una simple irregularidad administrativa, ya que impidió que las autoridades contaran con información indispensable para evaluar su idoneidad. Por ese motivo, consideraron que su comportamiento constituía una falta grave incompatible con las responsabilidades de un magistrado.

En los fundamentos del fallo, el Jurado sostuvo que la conducta del exjuez "privó al Consejo de la Magistratura de un dato esencial para la evaluación de su idoneidad y quebrantó el deber de veracidad sobre el que descansa el sistema de concursos".

Además, remarcó que "la veracidad de lo que un juez declara bajo juramento sobre su propia trayectoria, es condición de la confianza pública en la que descansa su permanencia en el cargo", al considerar que la honestidad en la presentación de antecedentes constituye un requisito fundamental para ejercer funciones judiciales.

La defensa de Salmain había argumentado que no existía obligación de declarar una sanción tan antigua y cuestionó la interpretación realizada sobre los requisitos de los concursos. Sin embargo, el Jurado rechazó esos planteos y sostuvo que la normativa exigía informar el antecedente independientemente del tiempo transcurrido.

La causa Attila: una presunta coima de US$200.000 y operaciones por US$10 millones

Más allá de las irregularidades que determinaron su destitución, Salmain enfrenta una investigación penal por presuntos hechos de corrupción relacionados con decisiones judiciales que habrían permitido concretar operaciones cambiarias millonarias. El expediente también involucra a empresarios y operadores vinculados con el ámbito financiero y judicial.

La investigación, conocida como causa Attila, apunta a reconstruir una maniobra desarrollada entre septiembre de 2023 y abril de 2024, cuando la Argentina mantenía importantes restricciones para acceder al mercado oficial de divisas. Durante ese período existía una considerable diferencia entre la cotización regulada del dólar y los valores disponibles en los mercados alternativos.

De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, el entonces titular del Juzgado Federal N.º 1 de Rosario habría utilizado sus facultades jurisdiccionales para favorecer al fideicomiso Attila mediante resoluciones que facilitaron operaciones por aproximadamente US$10 millones. Esas decisiones habrían permitido acceder a divisas al tipo de cambio oficial en un contexto de fuertes restricciones cambiarias.

En ese entramado aparecen otros dos protagonistas: el financista Fernando Whpei y el operador judicial Santiago Busaniche, quienes habrían intervenido en distintas instancias de las gestiones investigadas. La participación de ambos forma parte de los aspectos que analiza la Justicia en el expediente penal.

La acusación sostiene que Salmain habría acordado recibir una coima de US$200.000 como contraprestación por dictar resoluciones judiciales favorables para concretar las operaciones. La hipótesis tomó relevancia a partir de las declaraciones de Whpei, quien se presentó como imputado colaborador y aportó información sobre el supuesto acuerdo.

Como consecuencia de esa investigación, el exmagistrado fue procesado por cohecho pasivo agravado, prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Sin embargo, las acusaciones todavía deben ser examinadas en las instancias judiciales correspondientes y no existe una sentencia penal definitiva que determine su responsabilidad.

Durante el proceso de enjuiciamiento, la defensa del magistrado rechazó las acusaciones vinculadas con el supuesto cobro de sobornos y sostuvo que las resoluciones cuestionadas contaban con fundamentos jurídicos. También consideró que no existían pruebas suficientes para acreditar la existencia de un acuerdo ilícito.

El Jurado de Enjuiciamiento estableció una distinción entre las responsabilidades disciplinarias y las eventuales responsabilidades penales. Si bien examinó la acusación relacionada con el supuesto cobro de coimas, consideró que no correspondía dar por acreditados hechos que todavía eran objeto de una investigación judicial.

Por ese motivo, la destitución se fundamentó en el ocultamiento de antecedentes disciplinarios y no en una condena por corrupción, una diferencia fundamental para comprender los alcances del fallo y la situación procesal que enfrenta el exjuez.

El vínculo de Gastón Salmain con Ricardo Lorenzetti

La caída del magistrado también adquirió relevancia política e institucional debido a su relación con Ricardo Lorenzetti, uno de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y una figura de peso dentro de la estructura del Poder Judicial argentino.

Salmain es identificado en el ámbito judicial como un hombre cercano al ministro del máximo tribunal, quien estuvo presente cuando asumió como juez federal de Rosario, en mayo de 2023. Ese gesto fue interpretado como una señal de respaldo dentro de los tribunales y volvió a cobrar relevancia pública a partir del proceso de destitución.

La vinculación entre ambos introduce una dimensión institucional al escándalo, especialmente porque la trayectoria del ahora exmagistrado estuvo atravesada por un antecedente disciplinario que se remontaba a más de dos décadas. Pese a esa sanción, Salmain logró acceder a un cargo de relevancia dentro de la Justicia Federal.

No obstante, la cercanía entre Salmain y Lorenzetti no implica que el integrante de la Corte Suprema haya participado en las irregularidades atribuidas al exjuez. Hasta el momento, no se desprende de la información conocida ninguna imputación contra el ministro del máximo tribunal en relación con las maniobras investigadas.

El episodio vuelve a colocar bajo discusión los mecanismos de selección y control de los magistrados, especialmente en lo relacionado con la verificación de antecedentes profesionales y disciplinarios. También plantea interrogantes sobre la transparencia de los concursos y la responsabilidad de los organismos encargados de evaluar a quienes aspiran a administrar justicia.

Ordenaron la detención de Gastón Salmain tras perder su inmunidad

Una de las consecuencias más inmediatas de la destitución fue la modificación de la situación procesal de Salmain, debido a que su permanencia en el cargo le otorgaba inmunidad de arresto. Esa protección legal impedía ejecutar la prisión preventiva dispuesta en su contra dentro de la investigación por presuntas irregularidades en las operaciones cambiarias.

La situación cambió después del pronunciamiento del Jurado de Enjuiciamiento, que dispuso su remoción y eliminó el obstáculo jurídico que impedía avanzar con la medida. Por ese motivo, Carlos Vera Barros, titular del Juzgado Federal N.º 4 de Rosario, ordenó hacer efectiva su detención y encomendó el procedimiento a la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

La resolución contempla que el exmagistrado cumpla prisión domiciliaria en un departamento ubicado en el barrio porteño de Belgrano, bajo vigilancia mediante un dispositivo electrónico. La medida deberá ejecutarse de acuerdo con las condiciones establecidas por el magistrado que interviene en el expediente.

De esta manera, la decisión del tribunal produjo dos consecuencias independientes, pero directamente relacionadas: puso fin a la permanencia de Salmain dentro del Poder Judicial y permitió avanzar con una medida restrictiva de su libertad que se encontraba pendiente de ejecución debido a las inmunidades inherentes a su cargo.

Sin embargo, la orden de detención no constituye una condena penal definitiva, dado que Salmain conserva su presunción de inocencia respecto de los delitos investigados en la causa Attila. El desarrollo del expediente deberá determinar si existieron las maniobras denunciadas y cuál fue la responsabilidad de cada uno de los involucrados.

Un escándalo que vuelve a poner bajo la lupa a la Justicia Federal

El caso de Gastón Salmain expone una serie de interrogantes institucionales que trascienden la situación individual del exmagistrado y se relacionan directamente con el funcionamiento de los mecanismos de selección, designación y control de quienes ocupan cargos dentro de la estructura judicial argentina.

Uno de los aspectos centrales del expediente es que una persona que había sido cesanteada del Poder Judicial pudo participar reiteradamente en concursos públicos y finalmente acceder a un juzgado federal, sin que ese antecedente fuera debidamente considerado durante los procedimientos de evaluación.

Al mismo tiempo, la investigación penal plantea otra cuestión especialmente sensible para la credibilidad de la administración de justicia, debido a que apunta a determinar si determinadas resoluciones judiciales fueron utilizadas para favorecer negocios privados mediante el presunto pago de sobornos.

La magnitud de las operaciones investigadas, estimadas en aproximadamente US$10 millones, también incorpora una dimensión económica al expediente. Las resoluciones cuestionadas habrían permitido concretar transacciones financieras que, de acuerdo con la hipótesis de la acusación, otorgaron beneficios particulares mediante la utilización de herramientas judiciales.

Con la destitución consumada y la detención ordenada, la atención se concentra ahora en la evolución de la causa Attila, donde los investigadores deberán establecer si las irregularidades denunciadas constituyeron delitos y determinar las eventuales responsabilidades penales de los involucrados.

La remoción de Gastón Salmain pone fin a su trayectoria como magistrado, pero mantiene abierto un expediente de corrupción que vuelve a colocar bajo la lupa los mecanismos de control y funcionamiento de la Justicia Federal argentina.