30 de octubre de 2026
El Gobierno extendió hasta el 25 de noviembre el plazo para recibir ofertas en el concurso que busca incorporar operadores privados a Fabricaciones Militares. El esquema contempla participaciones mayoritarias de empresas nacionales o extranjeras, contratos de hasta 35 años y el control privado de unidades vinculadas con la producción de armamento, explosivos y municiones.
El gobierno de Javier Milei volvió a postergar la licitación para incorporar operadores privados a Fabricaciones Militares, la empresa estatal estratégica para el sistema de defensa argentino. A través de una disposición publicada este martes en el Boletín Oficial, la administración nacional extendió hasta el 25 de noviembre el plazo para presentar ofertas y fijó la apertura de sobres para el día siguiente. La convocatoria contempla que empresas nacionales y extranjeras puedan asumir el control mayoritario de distintas unidades productivas vinculadas con la fabricación de armamento, municiones, explosivos y otros insumos para la defensa.
La decisión quedó formalizada mediante la circular modificatoria 03 del concurso público nacional e internacional CPU-2026-SC-001. Se trata de una nueva postergación de un proceso que el Gobierno lanzó en julio con el objetivo declarado de incorporar inversiones privadas, modernizar la infraestructura industrial y ampliar las posibilidades comerciales de la compañía.
Sin embargo, el aspecto más controvertido de la iniciativa no está solamente en la incorporación de capitales privados, sino en las condiciones de participación y conducción que establece el pliego. Los acuerdos podrán tener una duración de entre 10 y 35 años y garantizarán al socio privado una participación mínima del 51 por ciento.
El mecanismo elegido por el Gobierno no contempla una privatización tradicional mediante la venta de acciones o la transferencia de la propiedad de los establecimientos industriales. En cambio, propone constituir Uniones Transitorias entre Fabricaciones Militares SAU y uno o más socios estratégicos privados, que tendrán a su cargo la inversión, modernización, operación, explotación y comercialización de las unidades productivas alcanzadas.
Aunque los inmuebles, las instalaciones y las maquinarias continuarán siendo formalmente propiedad del Estado argentino, la distribución de responsabilidades dentro de estas asociaciones le otorga al sector privado una posición mayoritaria.
El pliego establece que cada Unión Transitoria tendrá un Comité Ejecutivo integrado por cinco representantes: tres designados por el operador privado y dos por Fabricaciones Militares . Además, la presidencia del organismo también corresponderá al socio particular.
De esta manera, el Estado conservará la titularidad de los establecimientos, pero tendrá una representación minoritaria en los órganos encargados de conducir las operaciones. El socio privado, por su parte, contará con al menos el 51 por ciento de participación y una mayoría en las decisiones ejecutivas.
Fabricaciones Militares cuenta con establecimientos industriales en Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. El nuevo esquema contempla la participación mayoritaria de socios privados.
Otro de los puntos centrales del esquema impulsado por el Gobierno es la extensión de los contratos. Las asociaciones podrán establecerse por períodos de entre 10 y 35 años, lo que abre la posibilidad de que algunos acuerdos firmados durante 2026 continúen vigentes hasta 2061.
El modelo contractual también contempla condiciones económicas para una eventual finalización anticipada de la explotación privada. Si el Estado decidiera recuperar el control operativo por razones de defensa nacional o interés público, debería compensar al operador por la inversión pendiente de amortización, además de reconocerle un adicional del 10 por ciento.
Así, las condiciones previstas no solamente involucran la organización y el funcionamiento de las fábricas durante la actual administración, sino que podrían extender sus efectos sobre futuras gestiones nacionales durante varias décadas.
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La convocatoria tiene alcance nacional e internacional y habilita expresamente la participación de personas jurídicas constituidas en el exterior. Las unidades productivas alcanzadas desarrollan actividades vinculadas con sectores estratégicos de la industria de defensa argentina.
Entre las áreas contempladas aparecen la producción de químicos, explosivos, pólvoras, municiones, armamento, elementos de protección balística y desarrollos metalmecánicos.
Fabricaciones Militares cuenta con establecimientos industriales en Río Tercero y Villa María, en Córdoba; Fray Luis Beltrán, en Santa Fe; y Azul, en la provincia de Buenos Aires. La posibilidad de que compañías extranjeras asuman el control operativo de estas líneas de producción coloca en discusión los mecanismos de supervisión estatal y las condiciones de protección de los conocimientos tecnológicos vinculados con la defensa nacional.
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Desde la perspectiva del Gobierno, la incorporación de socios estratégicos constituye una herramienta para conseguir inversiones, modernizar instalaciones, desarrollar nuevas capacidades industriales y ampliar mercados sin desprenderse formalmente del patrimonio público.
Las objeciones al esquema, en cambio, apuntan a que la continuidad de la propiedad estatal sobre los edificios y las maquinarias no garantiza necesariamente que el Estado conserve el control efectivo sobre las decisiones productivas, comerciales y operativas de las fábricas.
En ese punto se concentra una de las principales discusiones que plantea el concurso: la diferencia entre conservar la propiedad de la infraestructura industrial y mantener el control sobre las actividades estratégicas que se desarrollan en ella.
La nueva prórroga extiende los tiempos de una convocatoria que involucra activos industriales vinculados con la defensa argentina. El resultado dependerá de las ofertas que se presenten, las empresas que sean seleccionadas y las condiciones definitivas de los contratos que se suscriban.
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