30 de octubre de 2026
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas cuestionó el cierre del expediente que benefició al Presidente, a Karina Milei y a otros nueve acusados. El organismo advirtió que todavía quedan pruebas pendientes y pidió profundizar la investigación sobre el lanzamiento de la criptomoneda.
Investigados. A pesar de haber sido sobreseídos, el presidente Javier Milei y su hermana podrían volver a quedar en la mira de la Justicia.
El caso $LIBRA sumó un nuevo capítulo judicial después de que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) se presentara formalmente para cuestionar el sobreseimiento del presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y otras nueve personas involucradas en la investigación por el lanzamiento y posterior derrumbe de la criptomoneda. El organismo especializado en delitos cometidos por funcionarios públicos solicitó reabrir el expediente y advirtió que todavía existen elementos de prueba que deben ser examinados antes de dar por terminada la causa.
La presentación fue impulsada por el fiscal Sergio Rodríguez, titular de la PIA, quien decidió asumir el ejercicio de la acción penal después de que el fiscal federal Eduardo Taiano solicitara el sobreseimiento de todos los investigados. Ese pedido había sido aceptado el pasado 23 de octubre por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien consideró que los hechos denunciados no reunían los requisitos necesarios para configurar los delitos investigados.
El nuevo planteo representa un cambio significativo en el expediente, debido a que otro organismo del Ministerio Público Fiscal considera que la investigación fue cerrada prematuramente. Además de solicitar su reapertura, la PIA presentó una apelación subsidiaria para que la Cámara Federal revise el sobreseimiento si la Justicia rechaza su pedido inicial.
La intervención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas se produjo después de una presentación realizada por el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), dos organizaciones que participan en el expediente como amicus curiae, es decir, colaboradoras del tribunal.
Ambas entidades habían solicitado que el organismo especializado asumiera un papel activo en la investigación, al considerar que el cierre del expediente impedía avanzar sobre cuestiones fundamentales relacionadas con el lanzamiento de $LIBRA y los vínculos entre sus promotores y funcionarios del Poder Ejecutivo.
En un escrito de 16 páginas, Sergio Rodríguez cuestionó los fundamentos utilizados para disponer los sobreseimientos y sostuvo que todavía existen numerosas medidas pendientes. El fiscal consideró que la investigación no había alcanzado un grado de desarrollo suficiente para descartar las hipótesis delictivas que motivaron su apertura.
"A criterio de este organismo, la investigación del caso no se encuentra agotada, restando profundizar y realizar medidas de prueba", sostuvo la Procuraduría en su presentación, al justificar la necesidad de continuar con las actuaciones judiciales.
El organismo también cuestionó que determinados elementos fueran analizados de manera aislada, sin evaluar su posible vinculación con otras pruebas incorporadas al expediente. Según su interpretación, la información reunida podría adquirir una relevancia diferente si se examinara de manera conjunta, especialmente en lo referido a los contactos entre los empresarios involucrados y el entorno presidencial.
La decisión de la PIA contradice directamente la postura del fiscal Taiano, quien había considerado que los hechos denunciados no constituían delitos y que correspondía cerrar la investigación. La controversia abre una discusión dentro del propio Ministerio Público Fiscal sobre la suficiencia de las pruebas reunidas y la necesidad de profundizar las diligencias.
Uno de los principales argumentos utilizados por la PIA para solicitar la reapertura del expediente está relacionado con la existencia de pruebas que todavía no fueron analizadas completamente, entre ellas comunicaciones electrónicas, movimientos financieros y documentación vinculada con los promotores de la criptomoneda.
El organismo señaló que algunas diligencias quedaron inconclusas debido a dificultades técnicas o a la falta de respuestas de autoridades extranjeras, particularmente de Estados Unidos. También cuestionó que esos obstáculos fueran utilizados como argumentos para considerar agotada una investigación que, según su criterio, todavía presenta aspectos centrales sin esclarecer.
Entre los elementos mencionados aparece una nota encontrada en los dispositivos electrónicos del empresario Mauricio Novelli, identificada como "final agreement as discussed with H", que hacía referencia a un supuesto acuerdo económico por US$5 millones.
La Procuraduría consideró necesario profundizar el análisis forense del documento para determinar su origen, alcance y eventual relación con las personas investigadas. En particular, cuestionó que las pericias realizadas hasta el momento fueran suficientes para descartar la posible existencia de un acuerdo vinculado con el lanzamiento del activo digital.
Otro aspecto relevante está relacionado con los ingresos a la Casa Rosada autorizados por la Secretaría General de la Presidencia, especialmente aquellos protagonizados por Novelli y Sergio Morales, quienes mantuvieron contactos con integrantes del entorno presidencial.
Para la fiscalía especializada, la frecuencia y las fechas de esas reuniones deben ser examinadas junto con el resto de la documentación reunida, debido a que podrían contribuir a reconstruir las relaciones entre los promotores del proyecto y funcionarios nacionales.
La investigación también deberá determinar si existieron movimientos financieros relacionados con esas gestiones y si alguno de los involucrados obtuvo beneficios económicos como consecuencia de la intervención de personas vinculadas con el Gobierno.
La causa se originó el 14 de febrero de 2025, cuando Javier Milei publicó en su cuenta de X un mensaje promocionando el proyecto Viva la Libertad, asociado con la criptomoneda $LIBRA. La iniciativa fue presentada como una herramienta para financiar emprendimientos privados argentinos y rápidamente despertó el interés de inversores.
Después de la publicación presidencial, la cotización del activo digital experimentó un incremento extraordinario, pero pocas horas después sufrió un desplome que provocó importantes pérdidas económicas entre quienes habían adquirido el token.
La secuencia motivó denuncias judiciales para determinar si existió una maniobra destinada a atraer compradores mediante el respaldo público del Presidente, elevar artificialmente el precio y permitir que determinados operadores obtuvieran ganancias antes del derrumbe.
Uno de los interrogantes planteados por la PIA está relacionado con la información que Milei difundió en su publicación, particularmente los datos necesarios para acceder al activo digital. El organismo considera necesario establecer cómo obtuvo esos elementos y qué conocimiento tenía sobre el proyecto antes de promocionarlo.
"Resta dilucidar cómo hizo el Presidente para difundir un contrato que aparentemente no era de acceso público ni estaba en las redes", señaló la Procuraduría, al cuestionar que ese aspecto no hubiera sido esclarecido durante la investigación inicial.
El planteo apunta a determinar si la intervención presidencial constituyó una recomendación realizada sin conocimiento previo de una eventual maniobra o si existieron contactos y acuerdos que podrían modificar su valoración judicial.
Estas hipótesis forman parte de la investigación y no implican que se haya demostrado la participación de Milei en una estafa, una cuestión que deberá resolverse mediante el análisis de las pruebas y las decisiones de los tribunales competentes.
La presentación también volvió a colocar bajo la lupa la actuación del fiscal Eduardo Taiano, quien durante aproximadamente un año y medio tuvo a su cargo el impulso de la investigación penal y finalmente solicitó el sobreseimiento de todos los involucrados.
El pedido fue aceptado por el juez Marcelo Martínez de Giorgi el 23 de octubre, cuando dispuso cerrar el expediente respecto del Presidente, su hermana y las otras nueve personas investigadas. La resolución se produjo sin que ninguno de los acusados hubiera sido convocado previamente a prestar declaración indagatoria.
En sus fundamentos, el magistrado sostuvo que la promoción de $LIBRA y el posterior derrumbe de su cotización no resultaban suficientes para acreditar una maniobra de estafa. También consideró que no se había demostrado que Milei utilizara formalmente su cargo para intervenir en operaciones comerciales vinculadas con el proyecto.
Sin embargo, CIPCE e INECIP cuestionaron el desempeño de Taiano y señalaron que durante la investigación se registraron demoras, filtraciones de información sensible y dificultades para avanzar con determinadas medidas probatorias.
Las organizaciones también criticaron que algunos elementos fueran incorporados formalmente al expediente después de haber trascendido mediante investigaciones periodísticas, una situación que, a su entender, plantea interrogantes sobre el tratamiento de la evidencia.
Otro de los cuestionamientos se relaciona con la falta de intervención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que había iniciado una investigación propia poco después del escándalo, pero que no fue convocada durante el desarrollo de la causa judicial.
La participación actual de ese organismo introduce una nueva perspectiva sobre el expediente, debido a que se trata de una dependencia especializada en investigar posibles irregularidades y delitos vinculados con funcionarios públicos.
El pedido de intervención de la PIA fue impulsado por CIPCE e INECIP, dos organizaciones dedicadas al análisis de la criminalidad económica, la transparencia institucional y el funcionamiento del sistema de justicia penal.
Ambas entidades consideran que el cierre de la investigación resultó prematuro, especialmente porque el expediente involucra a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo y presenta interrogantes sobre posibles vínculos entre funcionarios públicos y empresarios relacionados con el lanzamiento de un activo financiero.
Desde el CIPCE destacaron la decisión de Sergio Rodríguez de intervenir en el caso y consideraron que representa un avance para evitar que la investigación concluya sin examinar todos los elementos disponibles.
"Está en juego la posibilidad de esclarecer hechos que involucran a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo y comprometen el interés de toda la sociedad", sostuvo la organización después de conocerse la presentación judicial.
Las entidades también reclamaron que se garantice la participación de los damnificados y cuestionaron que las decisiones anteriores limitaran sus posibilidades de intervenir en el procedimiento.
En ese sentido, remarcaron que una investigación sobre posibles delitos económicos debe contemplar tanto la reconstrucción de las operaciones financieras como la eventual utilización de funciones públicas para favorecer intereses particulares.
La presentación de estas organizaciones no determina por sí misma la reapertura del expediente, pero permitió que un organismo especializado del Ministerio Público Fiscal asumiera formalmente una posición contraria al cierre dispuesto por el juez.
La intervención de la PIA se suma a los planteos realizados por distintos inversores que denunciaron pérdidas económicas tras el derrumbe de $LIBRA, quienes también cuestionaron la decisión judicial que benefició a los acusados.
Los denunciantes habían sido apartados de su condición de querellantes durante el desarrollo del expediente, una decisión que limitó sus posibilidades de impulsar medidas de investigación y sostener una acusación independiente de la fiscalía.
Después del sobreseimiento, varios damnificados presentaron recursos para cuestionar el fallo y solicitaron que se revisara el criterio utilizado para descartar la existencia de delitos.
Los inversores también esperan una decisión de la Cámara Federal de Casación Penal sobre su eventual reincorporación como querellantes, una cuestión que podría modificar su capacidad para intervenir en las próximas etapas judiciales.
Además, algunos de los recursos presentados plantean la nulidad del dictamen de Taiano y cuestionan la valoración de las pruebas que realizó el juez al disponer el cierre del expediente.
La coexistencia de estos planteos con la intervención de la PIA abre distintos caminos judiciales para revisar los sobreseimientos, aunque ninguno implica automáticamente que la investigación haya sido reabierta.
La presentación realizada por Sergio Rodríguez deberá ser examinada por el Juzgado Federal N.º 8, que actualmente se encuentra a cargo de manera interina del juez Daniel Rafecas, debido a una ausencia temporal de Marcelo Martínez de Giorgi.
El magistrado deberá evaluar cómo tramitar el pedido de intervención de la PIA y la solicitud de reapertura del expediente. En caso de que el planteo sea rechazado, el organismo dejó presentada una apelación subsidiaria para que la Cámara Federal pueda revisar la decisión.
La situación procesal también dependerá de los recursos impulsados por los inversores y de las resoluciones pendientes sobre su participación en el expediente, lo que podría extender la controversia judicial durante las próximas semanas.
El caso representa un nuevo desafío para el Gobierno porque vuelve a colocar bajo discusión la actuación del Presidente y de integrantes de su entorno en uno de los episodios más controvertidos de su gestión.
Desde una perspectiva institucional, la disputa no se limita a determinar si existió una maniobra de estafa, sino que también involucra el alcance de las investigaciones judiciales cuando aparecen posibles relaciones entre funcionarios públicos, empresarios y operaciones financieras.
La intervención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas dejó abierto un nuevo frente judicial para Javier y Karina Milei, después de que el oficialismo considerara cerrado el caso con los sobreseimientos dictados una semana atrás.
Por ahora, la resolución que benefició a los acusados no fue revocada, pero la fiscalía especializada sostiene que todavía existen pruebas fundamentales por analizar y reclama que la Justicia permita continuar la investigación.
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