30 de octubre de 2026
Una niña de 11 años falleció en El Impenetrable y su caso se suma al de dos bebés y una mujer embarazada. Referentes indígenas denuncian falta de alimentos y medicamentos, mientras un fallo judicial desató nuevos cuestionamientos contra el gobierno provincial.
Desidia. Los casos de muertes por desnutrición golpean a la gestión de Leandro Zdero.
La muerte de una niña de 11 años en El Impenetrable chaqueño profundizó las denuncias por la crisis alimentaria y sanitaria que atraviesan distintas comunidades originarias de la provincia gobernada por Leandro Zdero. La menor, identificada como Marianita López, falleció después de presentar un cuadro que referentes locales atribuyen a una desnutrición severa, mientras su familia intentaba trasladarla a un centro de atención médica.
El caso se suma a otros tres fallecimientos denunciados durante los últimos meses en Pampa del Indio, donde murieron dos bebés de cuatro meses y una mujer embarazada. Los episodios provocaron cuestionamientos contra la administración provincial por las condiciones de acceso a alimentos, agua potable y servicios sanitarios en las comunidades indígenas.
La controversia adquirió una nueva dimensión después de que el Superior Tribunal de Justicia del Chaco rechazara un recurso destinado a restablecer una medida cautelar de asistencia alimentaria, mientras que el exjuez Jorge Sinkovich responsabilizó políticamente al gobernador y advirtió que podría enfrentar un pedido de juicio político. Desde el Ministerio de Desarrollo Humano, en tanto, rechazaron las acusaciones sobre las muertes por desnutrición.
La última víctima denunciada fue Marianita López, una niña de 11 años que vivía en El Sauzalito, una localidad del departamento General Güemes ubicada en una de las regiones más vulnerables del territorio chaqueño. Su fallecimiento fue difundido el 22 de octubre y generó una fuerte conmoción entre los habitantes de las comunidades originarias.
Según fuentes sanitarias locales citadas por medios provinciales, la menor había presentado fiebre, vómitos y diarrea durante aproximadamente dos días, en un contexto de deterioro de su estado nutricional. Ante el agravamiento del cuadro, sus familiares intentaron trasladarla al Hospital del Bicentenario de Juan José Castelli, pero la niña murió durante el trayecto.
Los testimonios recogidos en la región atribuyen el desenlace a un cuadro de desnutrición severa agravado por las dificultades para acceder a atención médica oportuna. Sin embargo, no se difundió públicamente documentación médico-forense que permita establecer de manera independiente la causa definitiva del fallecimiento.
El episodio reavivó las denuncias sobre las condiciones sanitarias de El Impenetrable, donde las grandes distancias entre las comunidades y los hospitales, las dificultades de transporte y las carencias de infraestructura complican la atención de emergencias médicas.
La situación resulta especialmente preocupante para las poblaciones rurales y originarias, que dependen de servicios públicos de salud y programas de asistencia alimentaria para afrontar condiciones persistentes de vulnerabilidad social.
El fallecimiento de Marianita López se suma a los casos de Nehemías Paredes y Fernando Dylan Méndez, dos bebés de cuatro meses que murieron después de ingresar al hospital Dante Tardelli de Pampa del Indio, una localidad ubicada aproximadamente a 220 kilómetros de Resistencia.
Fernando Dylan Méndez falleció el 26 de agosto de 2026, después de ser trasladado al establecimiento sanitario con dificultades respiratorias, deshidratación y signos de desnutrición, según los testimonios recogidos en la zona. El caso provocó cuestionamientos sobre las condiciones de alimentación y el seguimiento sanitario de los niños pertenecientes a comunidades originarias.
Un mes después, el 27 de septiembre, murió Nehemías Paredes, también de cuatro meses, quien había ingresado al mismo hospital con bajo peso, deshidratación y dificultades respiratorias. Los referentes comunitarios relacionaron ambos fallecimientos con las condiciones de pobreza extrema y las deficiencias en la asistencia alimentaria.
La tercera víctima denunciada fue Sara Torres, una mujer embarazada de 30 años y madre de tres hijos, quien falleció el 30 de agosto después de atravesar un cuadro de anemia grave. Su muerte generó preocupación por la situación nutricional de las mujeres embarazadas y las dificultades para garantizar controles médicos adecuados.
Los cuatro casos fueron vinculados por organizaciones y referentes indígenas con la falta de alimentos y la precariedad de los servicios de salud, aunque las causas clínicas y las eventuales responsabilidades institucionales requieren una investigación específica.
Las denuncias también incluyen la existencia de nuevos casos de tuberculosis y anemia en las comunidades, entre ellos el de una joven de 19 años que debió ser trasladada al hospital Perrando de Resistencia por una afección pulmonar grave.
Frente a la repercusión de los fallecimientos, el ministro de Desarrollo Humano del Chaco, Diego Gutiérrez, rechazó las acusaciones difundidas por los referentes comunitarios. Consultado por REALPOLITIK sobre las denuncias de muertes por desnutrición, el funcionario respondió: "Es todo mentira".
La respuesta provocó nuevos cuestionamientos de representantes indígenas de Pampa del Indio, quienes sostienen que existen antecedentes sanitarios y testimonios que respaldan sus reclamos sobre las condiciones de alimentación en la región.
Uno de ellos fue Luis Saravia, quien aseguró que los fallecimientos de los bebés y de la mujer embarazada estuvieron relacionados con cuadros de desnutrición y cuestionó la negativa del Gobierno a reconocer la gravedad de la situación.
"No es mentira que los dos bebés que murieron fue por desnutrición. Es verdad. Lo mismo que la mujer embarazada, murió por desnutrición. Nosotros tenemos evidencia de lo que decimos", sostuvo el referente comunitario en declaraciones al programa Argentinos de Mal, de Radio Independencia.
Las comunidades también cuestionan el funcionamiento del programa provincial Ñachec, una de las principales herramientas de asistencia social impulsadas por la administración de Zdero para atender a poblaciones vulnerables.
Según Saravia, "Reparten mercadería cada tres meses y tiene solo ocho productos", una frecuencia y una cantidad que los beneficiarios consideran insuficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de las familias.
En paralelo, el referente Fernando Mendoza denunció que las comunidades reclaman desde hace tiempo una mayor presencia de profesionales de la salud, medicamentos y asistencia alimentaria, pero que sus protestas no recibieron las respuestas esperadas.
"Nosotros venimos reclamando la falta de asistencia alimentaria, la ausencia de médicos y medicamentos en el hospital, y el gobierno de Zdero, en lugar de dar respuestas, nos manda 20 patrulleros con 300 policías, como si fuéramos delincuentes", afirmó Mendoza.
La controversia adquirió una dimensión judicial después de que el Superior Tribunal de Justicia del Chaco rechazara un recurso destinado a restablecer una medida cautelar que obligaba al Gobierno provincial a garantizar asistencia alimentaria y agua potable a comunidades wichís del norte chaqueño.
La resolución original había sido dictada por el entonces juez civil y comercial Jorge Sinkovich, quien en agosto de 2025 estableció medidas destinadas a proteger a aproximadamente 30.000 integrantes de comunidades originarias que atravesaban dificultades para acceder a bienes esenciales.
Ante los incumplimientos denunciados, el magistrado había impuesto una multa diaria de $85,9 millones al Gobierno provincial, con el objetivo de exigir el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la medida judicial.
Sin embargo, aquella resolución fue posteriormente revocada y la discusión llegó al máximo tribunal provincial, que este jueves 29 de octubre resolvió rechazar el recurso de inconstitucionalidad presentado por la defensora general adjunta, Gisela Gauna Wirz.
Mediante la sentencia 508/26, los jueces Néstor Varela, Víctor del Río y el conjuez Jorge Canteros votaron por rechazar el planteo, mientras que Lorena Padován acompañó esa solución con una salvedad vinculada con la necesidad de realizar una verificación inmediata.
La jueza Iride Grillo sostuvo una posición diferente y consideró que la decisión que había dejado sin efecto la cautelar resultaba arbitraria, por lo que correspondía restablecer la protección judicial destinada a las comunidades.
El fallo también se apartó de la recomendación formulada previamente por el procurador general subrogante, Sergio Cáceres Olivera, quien había aconsejado hacer lugar al recurso para garantizar la asistencia alimentaria reclamada.
La decisión generó cuestionamientos porque dejó firme la revocación de una medida de protección en un contexto de denuncias por falta de alimentos y dificultades de acceso a servicios básicos. No obstante, el pronunciamiento no equivale por sí mismo a una resolución sobre las causas de los cuatro fallecimientos denunciados.
El ex magistrado Jorge Sinkovich, quien había dictado la medida cautelar original, cuestionó duramente a la administración de Leandro Zdero y vinculó el incumplimiento de las obligaciones de asistencia con las muertes denunciadas en las comunidades originarias.
"Si el gobierno de Zdero hubiera cumplido con la cautelar que en su momento ordené para que se asistiera con alimentos y medicamentos a la comunidad indígena, no hubieran habido muertes", sostuvo durante una entrevista con Argentinos de Mal.
Sinkovich también advirtió que la gravedad de los hechos podría abrir un debate sobre las responsabilidades políticas del gobernador y planteó la posibilidad de impulsar un procedimiento de destitución a través de los mecanismos institucionales correspondientes.
"Debería ser sometido a juicio político, pero eso se tiene que plantear en la Legislatura", afirmó el exjuez, quien consideró que los fallecimientos denunciados podrían haberse evitado mediante una intervención estatal adecuada.
El exmagistrado también cuestionó la actuación de integrantes del Superior Tribunal de Justicia, a quienes acusó de adoptar decisiones favorables al Gobierno provincial en detrimento de los reclamos de las comunidades.
Sus declaraciones se producen después de que abandonara su cargo judicial, tras haber enfrentado un pedido de enjuiciamiento que atribuyó a una persecución política relacionada con sus decisiones sobre la asistencia alimentaria.
Las acusaciones formuladas por Sinkovich constituyen señalamientos políticos y judiciales que todavía no implican una determinación formal de responsabilidad por los fallecimientos.
La situación también llegó a la Legislatura del Chaco, donde diputados de la oposición presentaron el proyecto de resolución 2511/2026 para exigir información al Ministerio de Salud Pública sobre las condiciones sanitarias y nutricionales de las comunidades originarias.
La iniciativa propone que el organismo provincial presente, en un plazo de cinco días hábiles, un informe detallado sobre los fallecimientos denunciados, la atención médica recibida por las víctimas y las medidas adoptadas para prevenir nuevos episodios.
Los legisladores también buscan determinar si se iniciaron auditorías o sumarios administrativos para analizar posibles irregularidades en la atención sanitaria y establecer eventuales responsabilidades de los organismos provinciales.
El diputado opositor Rodolfo Schwartz cuestionó el pronunciamiento del Superior Tribunal y reclamó que sus integrantes conozcan personalmente las condiciones de vida de las comunidades afectadas.
"Si ellos recorrieran la zona, si vieran con sus propios ojos cómo vive la comunidad indígena, seguramente hubieran fallado distinto", sostuvo el legislador, al referirse a la situación de El Impenetrable y Pampa del Indio.
Los pedidos de informes buscan esclarecer los hechos denunciados y determinar si existieron omisiones en las políticas de asistencia, particularmente en lo relacionado con la distribución de alimentos, el acceso al agua potable y la disponibilidad de atención médica.
Los casos denunciados en El Sauzalito y Pampa del Indio vuelven a poner bajo discusión las condiciones de vida de las comunidades wichí, qom y moqoit, que históricamente enfrentaron dificultades para acceder a servicios esenciales y oportunidades económicas.
La problemática no se limita a la disponibilidad de alimentos, debido a que también comprende las condiciones habitacionales, las dificultades de transporte, la falta de infraestructura sanitaria y las barreras que enfrentan las poblaciones rurales para recibir atención médica.
En ese contexto, la existencia de denuncias por desnutrición infantil, anemia y tuberculosis plantea interrogantes sobre la capacidad de las políticas públicas para detectar situaciones de riesgo y garantizar intervenciones oportunas.
La discusión también involucra los mecanismos de control institucional, ya que las autoridades provinciales deben responder por las políticas bajo su responsabilidad, mientras que los organismos judiciales tienen la función de evaluar los reclamos y determinar las obligaciones legales correspondientes.
La muerte de Marianita López y los otros tres fallecimientos denunciados colocaron nuevamente al gobierno de Leandro Zdero en el centro de una controversia sobre la asistencia alimentaria y sanitaria en Chaco, mientras las comunidades reclaman medidas urgentes y la oposición exige conocer las circunstancias que rodearon cada caso.
La identificación precisa de las causas de muerte y la eventual existencia de responsabilidades estatales serán fundamentales para establecer qué ocurrió y determinar si las medidas de prevención y asistencia resultaron suficientes.
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