1 de noviembre de 2026
Registros de la obra social de las Fuerzas Armadas revelan operaciones con empresas mencionadas en la investigación por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. Las coincidencias ponen el foco sobre los controles de compras y la gestión del ministro de Defensa, Carlos Presti.
En el ojo de la tormenta. La gestión de Carlos Presti al frente del Ministerio de Seguridad está salpicada por la crisis del IOSFA.
El escándalo por presuntas irregularidades en las contrataciones de medicamentos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo después de que se identificara que siete droguerías mencionadas en la investigación judicial también aparecen en los registros de compras del IOSFA, la obra social que brindaba cobertura sanitaria al personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
Las empresas identificadas son Suizo Argentina, Dihemo, Droguería 20 de Junio, Lowsedo, Droguería Meta, Droguería Del Sud y Disval, cuyos nombres figuran en procedimientos de contratación vinculados principalmente con medicamentos oncológicos, tratamientos de alto costo y otros insumos farmacéuticos.
La coincidencia empresarial amplía los interrogantes sobre los mecanismos de contratación utilizados por organismos vinculados con el Estado nacional y coloca bajo atención al Ministerio de Defensa, encabezado por Carlos Presti. Sin embargo, los registros disponibles acreditan relaciones comerciales y no permiten concluir, por sí solos, que las contrataciones de IOSFA hayan sido fraudulentas.
El análisis de los registros de contratación de IOSFA permitió identificar operaciones con siete empresas cuyos nombres también aparecen mencionados en la investigación sobre las presuntas irregularidades de la Agencia Nacional de Discapacidad.
Entre los procedimientos relevados figura la orden de compra 310/2025, correspondiente a Suizo Argentina, incluida en la licitación 18/2024 destinada a la adquisición de medicamentos oncológicos de alto precio. El documento tiene fecha del 24 de abril de 2025 e incluye tratamientos como pembrolizumab, daratumumab y cetuximab, utilizados para distintas patologías.
La documentación también registra la orden de compra 385/2026 de Dihemo, destinada a medicamentos de alto costo y tratamientos para otras enfermedades, mientras que Droguería Meta aparece mediante la orden 383/2026, vinculada con productos oncológicos.
Otras dos firmas identificadas son Droguería 20 de Junio y Disval, que figuran en las órdenes 370/2026 y 371/2026, respectivamente, correspondientes a la licitación 08/2026 para medicamentos de alto costo.
La nómina se completa con Lowsedo, adjudicataria de la orden 328/2026 para tratamientos oncológicos, y Droguería Del Sud, que aparece en la orden 320/2025 dentro de un servicio de reposición diaria de medicamentos y otros productos.
Estos registros permiten establecer que las compañías mantuvieron relaciones comerciales con la obra social, aunque todavía sería necesario examinar los expedientes completos, las ofertas presentadas y los precios efectivamente pagados para determinar si existieron irregularidades.
La identificación de estas empresas adquiere relevancia por el avance de la investigación judicial sobre la Agencia Nacional de Discapacidad, donde los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez investigan una presunta organización destinada a direccionar contrataciones públicas de medicamentos.
Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 habría funcionado una estructura integrada por funcionarios y empresarios que intervenían en los procedimientos de adquisición de productos de alto costo y baja incidencia.
La acusación sostiene que determinados proveedores habrían recibido información anticipada sobre las compulsas, coordinado ofertas y participado de decisiones que correspondían exclusivamente a funcionarios públicos. Estas maniobras habrían permitido obtener adjudicaciones mediante mecanismos que restringían la competencia.
Uno de los principales focos de la investigación está puesto sobre Suizo Argentina, la droguería vinculada con los empresarios Jonathan y Emmanuel Kovalivker, cuya actuación fue examinada por los fiscales en relación con las contrataciones realizadas durante la gestión de Diego Spagnuolo.
De acuerdo con la acusación, Suizo Argentina recibió adjudicaciones por $137.118 millones entre mayo de 2024 y agosto de 2025, equivalentes al 29,54% del total adjudicado por ANDIS durante ese período.
Los investigadores consideran que la empresa habría tenido una intervención que excedía su condición de proveedora, al participar presuntamente en decisiones sobre procedimientos de compra, prioridades de pago y aspectos internos del funcionamiento del organismo.
Estas acusaciones forman parte de una investigación penal en curso y no constituyen una condena contra las empresas o las personas involucradas.
La causa ANDIS registró nuevos avances durante octubre, cuando los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, solicitaron ampliar las declaraciones indagatorias y profundizar las medidas destinadas a reconstruir el funcionamiento del presunto circuito de contrataciones irregulares.
El requerimiento incluyó a 36 personas, entre ellas directivos de Suizo Argentina y otros actores privados que habrían participado en las operaciones investigadas.
El juez federal Ariel Lijo dispuso nuevas citaciones y medidas patrimoniales, mientras la investigación continuó avanzando sobre las relaciones entre las droguerías, los funcionarios y los intermediarios que habrían intervenido en la adquisición de medicamentos.
La pesquisa también alcanzó al exdirector de ANDIS Diego Spagnuolo, cuyo procesamiento fue ampliado en el marco de la investigación por una presunta asociación ilícita vinculada con las contrataciones del organismo.
Los fiscales buscan determinar cómo se distribuían las adjudicaciones, qué empresas resultaban beneficiadas y si existieron pagos indebidos destinados a garantizar ventajas comerciales.
El expediente tiene especial sensibilidad institucional porque las operaciones investigadas involucraban recursos públicos destinados a personas con discapacidad y beneficiarios de pensiones no contributivas, muchos de ellos en situaciones de vulnerabilidad económica y sanitaria.
El nuevo cruce de información coloca bajo atención la situación del Ministerio de Defensa, encabezado por Carlos Presti, debido a que IOSFA funcionaba dentro de su ámbito de responsabilidad institucional.
La aparición de las mismas empresas en procedimientos de contratación de dos organismos diferentes plantea interrogantes sobre los mecanismos de evaluación de proveedores y las herramientas utilizadas para verificar los precios de medicamentos de alto costo.
Sin embargo, corresponde distinguir entre las responsabilidades de las distintas administraciones, ya que las órdenes de compra identificadas corresponden a períodos anteriores al último recambio de autoridades de IOSFA.
En septiembre de 2026, Presti designó a Gonzalo Secchi como administrador del organismo, con efectos desde el día 24 de ese mes, en reemplazo de Ariel Guzmán.
El cambio de conducción se produjo en medio de un proceso de reorganización institucional de la cobertura sanitaria militar, que incluyó decisiones relacionadas con la administración de recursos y la continuidad de determinadas prestaciones.
La nueva gestión recibió expedientes y compromisos contractuales originados durante administraciones anteriores, por lo que la revisión de las compras forma parte de las tareas de control sobre los recursos heredados.
La responsabilidad administrativa de supervisar esas operaciones no implica que Presti o Secchi hayan participado personalmente en las contrataciones cuestionadas. Hasta el momento, no se acreditó que las coincidencias empresariales constituyan una maniobra ilícita dentro de IOSFA.
La vinculación comercial entre Suizo Argentina e IOSFA ya había generado cuestionamientos durante 2025, cuando se conocieron operaciones de compra de medicamentos por montos millonarios.
Un relevamiento publicado por Ámbito indicó que, entre diciembre de 2023 y abril de 2025, la droguería acumuló contrataciones superiores a $11.000 millones con la obra social militar, según los registros de compras oficiales examinados.
La información despertó interrogantes sobre los mecanismos utilizados para seleccionar proveedores, especialmente en un contexto de dificultades financieras y problemas de acceso a prestaciones denunciados por afiliados.
La situación también llegó al Congreso, donde se presentaron iniciativas para solicitar información sobre las contrataciones realizadas por IOSFA con droguerías vinculadas con investigaciones judiciales.
En marzo de 2026 ingresó a la Cámara de Diputados el expediente 0736-D-2026, destinado a requerir explicaciones al Poder Ejecutivo sobre el estado de esas operaciones y otras cuestiones relacionadas con la obra social.
Los pedidos de informes reflejan la preocupación legislativa por el manejo de los recursos sanitarios y por la necesidad de determinar si los procedimientos de compra garantizaron condiciones adecuadas de competencia y transparencia.
No obstante, los montos adjudicados no equivalen automáticamente a sobreprecios, ya que para establecer una irregularidad económica resulta necesario comparar productos, presentaciones, cantidades, fechas y condiciones contractuales equivalentes.
El principal interrogante que surge de la coincidencia entre los proveedores de ANDIS e IOSFA es si las contrataciones de la obra social militar se realizaron mediante procedimientos competitivos y con precios acordes a las condiciones del mercado.
Para responderlo, sería necesario examinar las licitaciones y órdenes de compra completas, identificar cuántas empresas participaron de cada procedimiento y establecer si existieron patrones reiterados de adjudicación.
También corresponde determinar si los medicamentos fueron entregados en los plazos previstos, si las cantidades facturadas coincidieron con las recibidas y si los descuentos establecidos en los contratos se aplicaron correctamente.
La revisión adquiere especial importancia en las compras de medicamentos oncológicos y tratamientos de alto costo, debido a que estos productos suelen representar compromisos financieros significativos para los organismos de cobertura sanitaria.
Otra cuestión relevante es la relación entre las condiciones contractuales y la disponibilidad efectiva de medicamentos para los afiliados, especialmente cuando existen denuncias sobre demoras en tratamientos o dificultades para acceder a prestaciones.
En este contexto, la existencia de proveedores comunes entre dos organismos estatales constituye un dato que justifica una revisión administrativa, pero no demuestra automáticamente la existencia de un mismo mecanismo de corrupción.
La investigación sobre las presuntas irregularidades en ANDIS dejó al descubierto los riesgos asociados con la intervención indebida de empresas privadas en procedimientos de contratación pública, particularmente cuando se administran recursos destinados a medicamentos de alto costo.
La aparición de siete droguerías mencionadas en esa causa dentro de los registros de IOSFA agrega un elemento relevante para examinar cómo se seleccionaban proveedores y cuáles eran los controles aplicados sobre las operaciones.
El caso también plantea un desafío para las autoridades actuales del Ministerio de Defensa, que deberán garantizar la transparencia de los expedientes heredados y el seguimiento de las obligaciones comerciales asumidas por la obra social.
La eventual detección de irregularidades requerirá analizar documentación contractual, precios, adjudicaciones y entregas, sin extender automáticamente las acusaciones de un organismo a otro.
Mientras la Justicia continúa investigando el presunto circuito de corrupción en ANDIS, las coincidencias empresariales con IOSFA abren interrogantes sobre el destino de los fondos destinados a la atención médica de las Fuerzas Armadas y los mecanismos estatales de control sobre las compras de medicamentos.
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