1 de noviembre de 2026

Economía

Economía. La motosierra de Milei eliminó más de 75.000 empleos públicos

El Estado nacional perdió casi el 22% de su personal desde diciembre de 2023, según datos del INDEC. Solo en septiembre desaparecieron otros 2.199 puestos, mientras los recortes alcanzan a organismos estratégicos como ANSES, ARCA, CONICET y empresas estatales.

El empleo público nacional continúa reduciéndose durante el gobierno de Javier Milei, en el marco de la política de ajuste del gasto y reorganización del Estado impulsada por la administración libertaria. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) revelaron que entre diciembre de 2023 y septiembre de 2026 desaparecieron 75.260 puestos de trabajo, lo que representa una contracción cercana al 22% de la dotación estatal.

El relevamiento muestra que la cantidad de trabajadores de la Administración Pública Nacional y las empresas y sociedades del Estado pasó de 341.465 empleados en diciembre de 2023 a 266.205 en septiembre de 2026. La tendencia tampoco mostró señales de detenerse durante el último mes analizado, cuando se registraron 2.199 puestos menos respecto de agosto.

La reducción forma parte de uno de los principales objetivos del programa económico del Presidente, que desde el inicio de su gestión promovió la disminución de la estructura estatal como herramienta para contener el gasto público. Sin embargo, la magnitud de los recortes también abrió interrogantes sobre sus consecuencias para el funcionamiento de organismos vinculados con la seguridad social, la investigación científica, el transporte y la prestación de servicios esenciales.

El empleo público perdió 75.260 puestos desde que asumió Milei

Las estadísticas oficiales reflejan una disminución sostenida de la cantidad de trabajadores del Sector Público Nacional, que comprende tanto las dependencias administrativas del Poder Ejecutivo como las empresas y sociedades bajo control del Estado.

La caída acumulada equivale a una reducción de aproximadamente uno de cada cinco puestos existentes al comienzo de la administración libertaria, aunque el indicador no permite establecer cuántas de esas desvinculaciones correspondieron específicamente a despidos.

En efecto, la disminución de la dotación puede incluir cesantías, retiros voluntarios, jubilaciones, renuncias y contratos que no fueron renovados, por lo que resulta necesario distinguir entre la reducción efectiva de puestos y las modalidades mediante las cuales se produjo.

El dato adquiere especial relevancia porque la política de reducción de personal se mantuvo durante prácticamente toda la gestión, más allá de las modificaciones en la estructura ministerial y los procesos de reorganización administrativa.

Para el Gobierno, la disminución del empleo estatal forma parte de una estrategia destinada a reducir costos y eliminar estructuras consideradas innecesarias. En cambio, los sectores críticos advierten que los recortes pueden afectar la capacidad de respuesta de organismos que prestan servicios a millones de personas.


Septiembre dejó otros 2.199 empleos menos en el Estado nacional

La última actualización del INDEC confirmó que la dotación estatal cayó un 0,8% durante septiembre, con una reducción de 2.199 trabajadores respecto del mes anterior.

La comparación interanual también mostró resultados negativos, debido a que entre septiembre de 2025 y el mismo mes de 2026 desaparecieron 17.176 puestos, una contracción equivalente al 6,1%.

El retroceso alcanzó a diferentes áreas de la administración, aunque con intensidades distintas. Entre las dependencias directamente vinculadas al Poder Ejecutivo, la cantidad de trabajadores pasó de 37.955 a 37.200 en septiembre, lo que representó una disminución mensual del 2%.

La administración descentralizada registró una baja del 0,3%, mientras que los organismos desconcentrados redujeron su personal un 0,4%. Por su parte, la categoría de otros entes públicos presentó la mayor contracción porcentual del mes, con una caída del 6%.

Las empresas y sociedades del Estado también perdieron 148 puestos durante septiembre, mientras que en la comparación interanual registraron una reducción de 3.447 trabajadores.

Estos resultados muestran que el ajuste continúa tanto en organismos administrativos como en compañías públicas, aunque las consecuencias dependen de las funciones que desarrolla cada institución y de cómo se reorganizan sus actividades.

Correo Argentino, Trenes Argentinos y Aerolíneas, entre las empresas más afectadas

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) elaboró un relevamiento complementario sobre la evolución del empleo estatal que identificó a las empresas y organismos con mayores reducciones de personal desde diciembre de 2023.

Según el informe, el Correo Argentino encabeza el listado con 5.687 puestos menos, una disminución significativa para una empresa que mantiene presencia territorial en distintas localidades y participa de servicios postales, logísticos y administrativos.

En segundo lugar aparece Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE), responsable de servicios de transporte ferroviario de pasajeros, con una reducción de 4.426 trabajadores.

El Banco Nación figura entre las entidades con mayores recortes, con 2.379 puestos menos desde el inicio de la gestión libertaria, mientras que Aerolíneas Argentinas perdió 1.969 empleados durante el período analizado.

La nómina también incluye a Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), con 1.908 puestos menos, y la Casa de la Moneda, que registró una reducción de 717 trabajadores.

Otras compañías alcanzadas por el proceso fueron Corredores Viales, con 695 puestos menos, Belgrano Cargas y Logística, con 632, y Radio y Televisión Argentina, con una disminución de 505 empleados.

Los datos permiten dimensionar el alcance del ajuste sobre empresas que desarrollan actividades vinculadas con el transporte, las comunicaciones, los servicios financieros y la infraestructura.

ANSES, ARCA y CONICET también sufrieron fuertes recortes

La reducción de personal no se limitó a las empresas estatales, debido a que también alcanzó a organismos que cumplen funciones administrativas, científicas y de asistencia social.

Según el relevamiento de CEPA, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) perdió 3.521 puestos desde diciembre de 2023, convirtiéndose en uno de los organismos de la Administración Pública Nacional con mayor reducción absoluta.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) registró una disminución de 3.053 trabajadores, mientras que el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) redujo su dotación en 2.971 personas.

La situación también afectó al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que perdió 1.830 puestos, y al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), con una disminución de 886 trabajadores.

En el área de comunicaciones, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) registró una reducción de 884 empleados, de acuerdo con el mismo informe.

La importancia de estas cifras radica en las funciones desarrolladas por los organismos, debido a que intervienen en áreas como la recaudación tributaria, el sistema previsional, la investigación científica y la asistencia tecnológica a empresas.

Sin embargo, para determinar el impacto concreto sobre la calidad y disponibilidad de los servicios públicos también resulta necesario analizar la evolución de los recursos, la productividad y las funciones que fueron reorganizadas durante el período.

El caso de Télam y los organismos que perdieron mayor proporción de trabajadores

Más allá de la cantidad absoluta de puestos eliminados, el análisis de CEPA permite identificar organismos donde la reducción tuvo una magnitud especialmente importante en relación con sus plantillas originales.

El caso más significativo es el de la ex agencia estatal Télam, cuya estructura quedó comprendida en la Agencia de Publicidad del Estado y registró una reducción del 79,1% de su personal.

También se observaron disminuciones relevantes en empresas vinculadas con la producción de contenidos educativos y audiovisuales, entre ellas Educar y Contenidos Públicos.

En la administración nacional, el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales perdió el 63,1% de su dotación, mientras que la Junta de Seguridad en el Transporte registró una reducción del 53%.

Por su parte, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) disminuyó su personal un 46,6%, de acuerdo con el relevamiento.

La magnitud de estos recortes abrió un debate sobre la capacidad operativa de los organismos, especialmente en áreas donde se requieren conocimientos técnicos especializados o estructuras territoriales para desarrollar tareas de fiscalización y asistencia.

Desde la perspectiva oficial, la reorganización administrativa busca concentrar recursos y reducir gastos considerados prescindibles. No obstante, la reducción de las plantillas no constituye por sí sola una medida suficiente para establecer si mejoró la eficiencia del funcionamiento estatal.

El ajuste también llegó a las Fuerzas Armadas y los organismos técnicos

Otro de los aspectos destacados por el informe de CEPA es la reducción de trabajadores en dependencias vinculadas con las Fuerzas Armadas, un sector donde también se registraron modificaciones importantes de las estructuras administrativas.

El relevamiento identificó 1.500 puestos menos en el Estado Mayor General de la Armada Argentina, mientras que el Ejército presentó una reducción de 758 trabajadores y la Fuerza Aérea, de 858.

En paralelo, distintas instituciones técnicas y regulatorias registraron caídas significativas en sus plantillas, lo que generó cuestionamientos sobre la continuidad de determinadas funciones de supervisión y control.

Entre los organismos que sufrieron reducciones proporcionales importantes aparecen la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Junta de Seguridad en el Transporte y el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos.

Estos recortes adquieren relevancia porque las funciones desempeñadas por las instituciones incluyen la investigación de accidentes, la elaboración de recomendaciones técnicas y el control del cumplimiento de regulaciones.

La discusión sobre el alcance de la reorganización estatal también involucra la necesidad de preservar capacidades profesionales específicas, debido a que determinadas tareas requieren formación especializada y experiencia acumulada.

La motosierra de Milei y el debate sobre el tamaño del Estado

La política de reducción del empleo público constituye uno de los elementos centrales del programa de Javier Milei, quien llegó a la Presidencia con la promesa de disminuir el gasto estatal y reorganizar las estructuras administrativas.

Desde el comienzo de su gobierno, el mandatario defendió la necesidad de reducir organismos, eliminar funciones consideradas duplicadas y limitar la contratación de personal, con el objetivo de sostener el equilibrio de las cuentas públicas.

El proceso estuvo acompañado por modificaciones en la estructura ministerial, programas de retiros voluntarios y decisiones de reorganización de empresas y organismos nacionales.

Para el oficialismo, estas medidas forman parte de un cambio estructural destinado a disminuir el costo del Estado y mejorar la utilización de los recursos públicos.

En contraste, los sindicatos estatales y distintos sectores de la oposición sostienen que la reducción de personal puede deteriorar la prestación de servicios, particularmente en áreas donde la demanda de atención continúa siendo elevada.

La discusión también alcanza al funcionamiento de las oficinas públicas en el interior del país, donde las dependencias nacionales cumplen tareas relacionadas con jubilaciones, asistencia social, transporte y trámites administrativos.

En ese sentido, la reducción de trabajadores no permite establecer automáticamente una mejora o un deterioro de la eficiencia estatal, debido a que sus efectos deben evaluarse junto con los resultados de cada organismo y la calidad de los servicios prestados.

Dos mediciones muestran el alcance de la reducción del empleo estatal

Aunque las estadísticas oficiales del INDEC registran una caída de 75.260 puestos entre diciembre de 2023 y septiembre de 2026, el informe elaborado por CEPA presenta una reducción mayor.

Según el centro de estudios, el Sector Público Nacional perdió 77.152 puestos durante el mismo período, una contracción equivalente al 22,5% de su plantilla.

La diferencia entre ambos resultados responde a los criterios y universos considerados en cada relevamiento, por lo que no corresponde sumar las cifras ni interpretarlas como pérdidas adicionales.

Ambas mediciones coinciden, sin embargo, en identificar una reducción considerable de la dotación estatal desde la llegada de Milei al Gobierno.

El análisis de CEPA también permite observar que las disminuciones se distribuyeron entre organismos administrativos, empresas públicas y dependencias técnicas, aunque con diferencias importantes en términos absolutos y porcentuales.

La continuidad de esta tendencia durante septiembre indica que el proceso de reorganización del Estado todavía no alcanzó una etapa de estabilización de sus plantillas.

El impacto del recorte estatal y los desafíos para 2027

La evolución del empleo público durante los próximos meses será un indicador relevante para evaluar la continuidad de la política de reducción del gasto impulsada por el Gobierno nacional.

La administración libertaria enfrenta el desafío de sostener sus objetivos fiscales y, al mismo tiempo, garantizar que los organismos públicos mantengan los recursos necesarios para desarrollar sus funciones.

El debate adquiere especial importancia en áreas como la seguridad social, la investigación científica, la infraestructura y los servicios públicos, donde las modificaciones de las plantillas pueden tener consecuencias sobre la capacidad operativa de las instituciones.

También será necesario analizar si las personas que dejaron de trabajar en el Estado consiguieron incorporarse a otras actividades económicas, debido a que la reducción de la dotación pública no permite conocer por sí sola su situación laboral posterior.

Desde una perspectiva económica, el impacto de los recortes depende tanto del ahorro fiscal obtenido como de sus consecuencias sobre el funcionamiento de los organismos, la prestación de servicios y la evolución del mercado laboral.

Con más de 75.000 puestos menos desde diciembre de 2023 y una nueva reducción durante septiembre, la motosierra de Milei continúa modificando la estructura del Estado nacional. La discusión que se abre hacia 2027 es si esa transformación permitirá mejorar la eficiencia del sector público o si terminará afectando sus capacidades operativas y la prestación de servicios esenciales.

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