2 de noviembre de 2026
La conducción saliente del organismo busca aprobar una nueva tanda de candidatos antes del 18 de noviembre. Juan Bautista Mahiques ya impulsó 231 magistrados y pretende ampliar su influencia en los tribunales, mientras libertarios, peronistas y representantes judiciales disputan los lugares del próximo Consejo.
A contrarreloj. El Gobierno de Javier Milei busca avanzar con nuevas designaciones judiciales antes de la renovación del Consejo de la Magistratura.
El Consejo de la Magistratura de la Nación se prepara para una de las últimas decisiones importantes de su actual composición, mientras el Gobierno de Javier Milei busca acelerar la cobertura de vacantes judiciales antes de la renovación de autoridades prevista para el 18 de noviembre. La conducción saliente pretende convocar un plenario para aprobar 71 ternas de candidatos a jueces, en una maniobra que podría modificar la distribución de poder dentro de los tribunales nacionales y federales.
La iniciativa representa un nuevo avance para el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien desde su llegada al Gobierno impulsó la designación de 231 magistrados. Si prosperan los procedimientos pendientes y se completan las instancias correspondientes, la cantidad de nombramientos promovidos durante su gestión podría alcanzar los 302, una cifra que refleja la magnitud de la renovación judicial impulsada por la administración libertaria.
Sin embargo, el proceso se desarrolla en medio de una intensa disputa política por la futura integración de la Magistratura. La Libertad Avanza busca ampliar su representación, el peronismo intenta conservar espacios y los sectores vinculados con la corporación judicial se preparan para perder parte de la influencia que mantuvieron durante los últimos años.
El calendario se convirtió en uno de los principales factores de presión para la conducción del Consejo de la Magistratura, cuyos integrantes se encuentran próximos a finalizar sus mandatos. La Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial aceleró durante las últimas semanas el tratamiento de distintos concursos para cubrir cargos vacantes en los tribunales nacionales y federales.
El organismo ya tenía 33 ternas aprobadas y el pasado 22 de octubre incorporó otras 38, lo que elevó a 71 la cantidad de propuestas que podrían ser sometidas a consideración del plenario antes del recambio.
Entre las vacantes aparecen tres cargos en la Cámara Federal de La Plata, dos en la Cámara Federal de Rosario y posiciones judiciales en Posadas, Comodoro Rivadavia, Santa Fe y el fuero contencioso administrativo federal de la Ciudad de Buenos Aires.
El objetivo es convocar una sesión durante las próximas dos semanas para intentar cerrar la mayor cantidad posible de concursos antes de que asuman los nuevos representantes.
No obstante, el procedimiento todavía presenta dificultades administrativas, ya que restan aproximadamente 200 audiencias y entrevistas personales para completar las instancias de evaluación de los postulantes. La cantidad de trámites pendientes genera incertidumbre sobre la posibilidad de alcanzar el objetivo antes del vencimiento de los mandatos.
La aceleración de los concursos coincide con una etapa de fuerte protagonismo del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien asumió el cargo en marzo y convirtió la cobertura de vacantes judiciales en una de las prioridades de su gestión.
Según el relevamiento de las designaciones impulsadas durante su administración, 231 magistrados ya fueron promovidos, mientras que el viernes pasado el Ministerio de Justicia remitió al Senado una nueva tanda de 17 candidatos.
El avance contrasta con la parálisis que durante años afectó numerosos concursos judiciales, debido a las dificultades para construir acuerdos políticos sobre los nombres propuestos.
En agosto, la propia Presidencia de la Nación destacó la aprobación de 67 pliegos judiciales por parte del Senado y presentó ese resultado como un récord de designaciones para un mismo año desde la creación del Consejo de la Magistratura.
El Gobierno atribuyó ese resultado a las negociaciones desarrolladas por Mahiques y a la construcción de acuerdos parlamentarios encabezada por Patricia Bullrich, presidenta del bloque libertario en la Cámara alta.
Sin embargo, la dimensión de los nombramientos también plantea interrogantes sobre la distribución de influencia dentro del Poder Judicial, especialmente por la posibilidad de que las decisiones adoptadas durante esta etapa condicionen el funcionamiento de determinados tribunales durante los próximos años.
La designación de magistrados tiene consecuencias institucionales de largo plazo, debido a que los jueces cuentan con garantías constitucionales de estabilidad y no deben depender de las mayorías políticas que intervienen en sus nombramientos.
Aunque el Gobierno impulsa la cobertura de cargos judiciales, el procedimiento de designación de magistrados nacionales y federales requiere la participación de diferentes instituciones.
En primer lugar, el Consejo de la Magistratura desarrolla los concursos públicos y evalúa los antecedentes, conocimientos y condiciones de los postulantes. Una vez completadas esas instancias, el organismo aprueba una terna vinculante de candidatos, que posteriormente es remitida al Poder Ejecutivo.
El Presidente debe seleccionar a uno de los integrantes de esa terna y enviar su pliego al Senado de la Nación, donde se desarrolla el procedimiento de evaluación y se somete la candidatura a votación. Solo después de obtener el acuerdo legislativo correspondiente puede concretarse el nombramiento definitivo.
Por ese motivo, la aprobación de las 71 ternas no equivale a la designación inmediata de 71 jueces. El avance permitiría completar una etapa importante del procedimiento, pero todavía quedarían pendientes decisiones del Gobierno y del Congreso.
Este mecanismo busca combinar la evaluación técnica de los candidatos con la intervención de los poderes políticos, aunque históricamente también generó negociaciones entre oficialismo, oposición y distintos sectores judiciales.
La renovación del 18 de noviembre podría modificar significativamente la composición del organismo encargado de seleccionar magistrados y administrar el Poder Judicial.
De los 20 integrantes actuales, solamente tienen asegurada su continuidad el presidente del Consejo y titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y el viceministro de Justicia, Santiago Viola, representante del Poder Ejecutivo.
Uno de los principales cambios se produciría en la representación de los jueces, donde la Lista Bordó, tradicionalmente influyente dentro de la Asociación de Magistrados, perderá una de las dos bancas que controlaba.
En las elecciones celebradas el 8 de octubre, esa agrupación obtuvo 203 votos y se impuso sobre sus competidoras. Sin embargo, la aplicación del sistema de distribución proporcional permitió que las cuatro listas participantes consiguieran un representante cada una.
De esta manera, ingresarán Marcelo Gallo Tagle, por la Lista Bordó; Juan Manuel Culotta, por Compromiso Judicial; Gabriela Vázquez, por la Lista Celeste 2; y Paula Castro, por la Lista Celeste 1.
La distribución refleja una mayor fragmentación dentro del sector judicial y reduce las posibilidades de que una sola corriente controle las decisiones de ese estamento. Para el oficialismo, este escenario abre oportunidades de negociación con diferentes sectores, aunque no garantiza la conformación de una mayoría estable.
La disputa política más intensa se concentra en las ocho bancas correspondientes al Congreso, cuya asignación depende de la representación de los bloques parlamentarios.
En la Cámara de Diputados, La Libertad Avanza aspira a quedarse con dos lugares, que corresponderían a Gonzalo Roca y Nicolás Mayoraz, como consecuencia de su posición dentro del reparto legislativo.
Por su parte, Unión por la Patria podría reducir su participación de dos representantes a uno, lo que abrió una disputa interna entre sectores del kirchnerismo y del massismo.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner impulsa la continuidad de Vanesa Siley, mientras que el sector vinculado con Sergio Massa promueve a Guillermo Michel.
El cuarto lugar de Diputados correspondería a Provincias Unidas, espacio donde Álvaro González busca conservar su representación.
En el Senado, la distribución también genera tensiones debido a la disputa por la primera minoría, una condición que resulta determinante para la asignación de determinados lugares.
El regreso del riojano Fernando Rejal al bloque conducido por José Mayans dejó a Unión por la Patria con 22 senadores, uno más que La Libertad Avanza.
La situación abrió una negociación entre Patricia Bullrich y Mayans, quienes acordaron que la vicepresidenta Victoria Villarruel intervenga para resolver el conflicto.
El oficialismo propuso a Nadia Márquez y Belén Monte de Oca, mientras que el peronismo impulsa a Eduardo de Pedro y Florencia López.
La definición podría generar nuevas controversias judiciales, debido a que existen antecedentes de disputas por la interpretación de las mayorías y minorías parlamentarias.
La futura composición del Consejo presenta una característica que preocupa a los distintos espacios políticos: ninguna fuerza tendría una mayoría propia suficiente para aprobar las decisiones más importantes.
Para avanzar con la selección de magistrados o impulsar acusaciones que puedan terminar en la remoción de jueces, el organismo necesita alcanzar una mayoría de dos tercios de los miembros presentes.
Las proyecciones indican que el oficialismo podría reunir entre cuatro y cinco representantes directamente vinculados con sus posiciones, mientras que los integrantes del sector judicial y de la abogacía conservarían una influencia considerable.
El peronismo, en tanto, tendría presencia mediante representantes identificados con diferentes corrientes internas, desde el kirchnerismo hasta sectores considerados dialoguistas.
La fragmentación obligaría a negociar cada concurso y cada procedimiento disciplinario, sin que un bloque consiga imponer automáticamente sus decisiones.
El escenario también fortalece el papel institucional de Horacio Rosatti, quien continuará al frente del Consejo y conservará una posición relevante en la articulación de acuerdos. La importancia del cambio explica parte del apuro por resolver los concursos pendientes antes de que asuma la nueva integración.
Además de los concursos judiciales, la conducción saliente de la Magistratura deberá resolver cuestiones relacionadas con el control disciplinario de los magistrados.
Uno de los antecedentes recientes más relevantes fue la destitución del juez federal de Rosario Gastón Salmain, quien enfrentó un proceso de enjuiciamiento por acusaciones vinculadas con el presunto cobro de una coima de US$200.000.
La decisión se sumó a las remociones de Walter Bento, exjuez federal de Mendoza; Martín Poderti, exintegrante del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata; y Alfredo López, exmagistrado federal de esa ciudad.
De esta manera, la gestión saliente terminará su mandato con cuatro jueces destituidos, una cifra significativa dentro de los antecedentes recientes del organismo.
Sin embargo, otros expedientes disciplinarios todavía no tienen una definición y podrían quedar bajo responsabilidad de las nuevas autoridades.
Entre ellos aparece el caso del juez Alejandro Patricio Maraniello, denunciado por presuntos hechos de maltrato laboral y abuso sexual, cuyo expediente perdió impulso dentro de la Comisión de Acusación.
También permanece pendiente la situación del magistrado federal Federico Villena, quien enfrenta denuncias por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus competencias.
Uno de esos expedientes podría caducar el 1.º de diciembre si el plenario no adopta una decisión antes de esa fecha.
Estos antecedentes reflejan que el recambio del Consejo no solamente afectará los procedimientos de selección de jueces, sino también el tratamiento de las acusaciones contra magistrados en funciones.
La renovación judicial también coincide con las versiones sobre las aspiraciones políticas e institucionales del ministro Juan Bautista Mahiques, cuyo nombre aparece vinculado con una eventual postulación para encabezar la Procuración General de la Nación.
El cargo permanece ocupado de manera interina por Eduardo Casal desde 2017, después de la salida de Alejandra Gils Carbó. Sin embargo, una eventual designación requiere una mayoría especial de dos tercios del Senado, un requisito que representa un obstáculo importante para el oficialismo.
La proximidad del año electoral 2027 también complica la posibilidad de construir un acuerdo amplio entre las fuerzas políticas, especialmente cuando las negociaciones por los cargos judiciales ya generan tensiones.
Desde el Ministerio de Justicia reconocen que alcanzar esos consensos resulta difícil en el corto plazo, aunque la alternativa continúa formando parte de las posibilidades que se discuten dentro del oficialismo.
Mientras tanto, Mahiques concentra sus esfuerzos en avanzar con la cobertura de vacantes y consolidar los resultados de su gestión al frente de la cartera judicial.
La posibilidad de aprobar 71 ternas antes del 18 de noviembre constituye una de las decisiones más relevantes que deberá afrontar el actual Consejo de la Magistratura.
Para el Gobierno, completar los concursos representa una oportunidad de avanzar con la cobertura de vacantes y reforzar su política de designaciones judiciales, uno de los principales objetivos impulsados por Juan Bautista Mahiques.
Sin embargo, el proceso también se desarrolla en medio de una reconfiguración del equilibrio de poder entre el oficialismo, el peronismo y los sectores vinculados con la Justicia.
La futura composición del organismo obligará a construir acuerdos más amplios y podría modificar la velocidad con la que se resuelven los concursos, las designaciones y los expedientes disciplinarios.
Con 231 magistrados promovidos durante la gestión de Mahiques y otras 71 ternas pendientes, el Gobierno busca cerrar una etapa de fuerte actividad en materia de nombramientos judiciales. La renovación del Consejo marcará el comienzo de una nueva disputa por la influencia institucional sobre los tribunales nacionales y federales.
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