5 de noviembre de 2026
La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó este jueves, en una votación contundente de 78 a 0, el libelo acusatorio para iniciar el juicio político contra el presidente de la República, Santiago Peña, por presunto mal desempeño de sus funciones en el marco de la crisis de Ueno Bank.
La decisión, que se anticipó como prácticamente unánime entre los legisladores habilitados, marca un hito sin precedentes en la política paraguaya y acelera la caída del mandatario.
La sesión extraordinaria, convocada por el presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, arrancó poco después de las 10:30 horas locales con 77 diputados presentes (de un total de 80, con dos aún pendientes de juramento).
Las bancadas oficialistas del Partido Colorado (ANR "A" y "B") anunciaron su apoyo pleno al pedido impulsado originalmente por 35 diputados de la oposición y la disidencia colorada.
Con el respaldo del líder del partido, Horacio Cartes, y de referentes como el presidente del Congreso, Basilio Núñez, se configuró una mayoría abrumadora que superó holgadamente los dos tercios de los presentes exigidos por la Constitución (artículo 225) para formular la acusación.
El
origen de la crisis
El detonante fue la intervención de Ueno Bank por el Banco Central del Paraguay (BCP) hace unos días atrás. El regulador detectó que el índice de solvencia de la entidad había caído por debajo del 50% del mínimo legal (llegando a reportes de alrededor del 5,56% frente al 12% exigido), tras ajustes contables durante un proceso de regularización.
La decisión suspendió todos los servicios de la app, tarjetas y sucursales, dejando sin acceso inmediato a sus fondos a cerca de 2,9 a 3 millones de clientes -casi la mitad de la población adulta del país- e incluyendo depósitos públicos y fondos del Instituto de Previsión Social (IPS).
Ueno, un banco digital de rápido crecimiento del Grupo Vázquez, concentraba una porción significativa de depósitos (cerca del 9% del sistema) y había recibido voluminosas colocaciones del IPS, que según la acusación pasaron de unos 80 millones a 346.500 millones de guaraníes en pocos meses.
Las
acusaciones
El libelo, presentado este 4 de noviembre, imputa a Peña un "grave y sistemático mal desempeño" centrado en cinco ejes: conflicto de intereses por su participación accionaria en Ueno Holding (de la que se desvinculó en 2025), nombramiento de personas vinculadas como Carlos Carvallo (ex presidente de Financiera Ueno) al frente del BCP, modificaciones a la ley de conflictos de intereses y puertas giratorias, concentración irregular de fondos previsionales del IPS, y debilitamiento de controles regulatorios. Se le señala, además, responsabilidad política por la erosión de la confianza en el sistema financiero.
El detonante fue la intervención de Ueno Bank por el Banco Central del Paraguay (BCP) hace unos días atrás.
La
respuesta de Peña y el escenario político
Ante la presión, incluso de su propio partido, Peña presentó su renuncia a la Presidencia este jueves. En un mensaje difundido en redes sociales afirmó: "He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas". Priorizó "la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros" y pidió disculpas al pueblo "si en algún momento he fallado".
El Congreso debe formalizar la aceptación de la renuncia; de confirmarse, el vicepresidente Pedro Alliana asumiría el cargo hasta 2028. El pedido de juicio político contra Alliana no contó con el mismo respaldo y fue rechazado.
La aprobación en Diputados habilita el traslado del expediente al Senado, que actúa como tribunal y requiere una mayoría absoluta de dos tercios de sus 45 miembros (30 votos) para una eventual destitución. En paralelo, la Fiscalía avanza en investigaciones penales sobre la crisis bancaria y posibles responsabilidades.
La crisis ha generado protestas de ahorristas, incertidumbre en el sistema financiero y un golpe a la imagen de estabilidad de Paraguay. Mientras las autoridades organizan mecanismos de anticipos y garantías de depósitos (cubiertos hasta unos 228 millones de guaraníes por persona, equivalentes a unos US$38.000), el país enfrenta uno de los episodios políticos y financieros más graves de su historia reciente.
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