5 de noviembre de 2026
La tecnológica ITTI suspendió empleados en Buenos Aires y admitió que no tiene fondos para pagar los salarios de octubre. La crisis financiera provocó la intervención de la entidad paraguaya y precipitó la renuncia del presidente Santiago Peña.
El colapso de Ueno Bank en Paraguay comenzó a tener consecuencias directas sobre la Argentina, donde una empresa tecnológica vinculada al conglomerado propietario de la entidad financiera suspendió a parte de sus trabajadores por 30 días sin goce de sueldo y reconoció que atraviesa dificultades para afrontar el pago de salarios. La situación afecta a ITTI, una compañía que emplea a más de 900 personas en Buenos Aires a través de su estructura local, Kaitel SRL.
La crisis se desató después de que el Banco Central del Paraguay (BCP) dispusiera la intervención y el inicio del procedimiento de resolución de Ueno Bank, tras detectar un grave deterioro en sus indicadores de solvencia. La medida alteró el funcionamiento de las empresas del Grupo Vázquez, propietario de la entidad financiera, y comprometió los mecanismos de financiamiento de su operación tecnológica en territorio argentino.
El escándalo también provocó un terremoto político en el país vecino. El presidente Santiago Peña presentó su renuncia este jueves 5 de noviembre, después de que legisladores opositores y sectores de su propio partido impulsaran un juicio político por la crisis bancaria. El mandatario había tenido participación accionaria en el grupo vinculado con Ueno Bank, una relación que quedó bajo cuestionamiento tras la intervención.
La situación laboral se agravó cuando los empleados de Kaitel SRL Sucursal Argentina, la sociedad mediante la cual opera ITTI en el país, comenzaron a recibir correos electrónicos con diferentes instrucciones sobre la continuidad de sus tareas.
Una parte de la plantilla fue notificada de una suspensión sin goce de haberes entre el 5 de noviembre y el 4 de diciembre de 2026, mientras que otros trabajadores recibieron indicaciones de continuar prestando servicios de manera remota, por considerar que sus funciones resultan esenciales para mantener determinadas operaciones.
En el comunicado dirigido al personal suspendido, la empresa atribuyó la decisión a una situación extraordinaria provocada por la intervención del banco paraguayo, que habría afectado considerablemente su disponibilidad de recursos financieros.
"Las restricciones operativas y financieras derivadas de dicha medida han afectado los mecanismos habituales de financiamiento de la Compañía, provocando la paralización temporal de sus actividades", sostuvo Kaitel en la notificación enviada a sus empleados.
La firma invocó disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo relacionadas con suspensiones laborales y situaciones de fuerza mayor. También aclaró que las relaciones laborales continuarán vigentes durante el período anunciado y que los trabajadores deberán reincorporarse el 5 de diciembre, salvo que reciban nuevas instrucciones.
Sin embargo, todavía no se informó cuántos de los más de 900 empleados fueron efectivamente suspendidos, por lo que no corresponde considerar que la totalidad de la plantilla quedó alcanzada por la medida.
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La situación de los trabajadores argentinos se agravó porque Kaitel reconoció que todavía no consiguió los fondos necesarios para abonar los salarios correspondientes a octubre.
En una segunda comunicación interna, dirigida a los empleados que deben continuar trabajando, la compañía aseguró que se encuentra realizando gestiones para obtener financiamiento y regularizar las remuneraciones pendientes.
"La Compañía se encuentra realizando todas las gestiones y esfuerzos a su alcance para obtener los recursos económicos necesarios que permitan afrontar el pago de los salarios correspondientes al mes de octubre", expresó la empresa.
La incertidumbre también alcanza a noviembre, debido a que la firma no pudo garantizar que dispondrá del dinero necesario para afrontar las obligaciones salariales del mes en curso.
Según testimonios de trabajadores, la estructura de remuneraciones presentaba una particularidad: una parte de los ingresos se abonaba en cuentas bancarias argentinas y otra mediante Deel, una plataforma internacional utilizada para realizar pagos a trabajadores y profesionales.
Los empleados señalaron que los depósitos esperados no fueron acreditados en ninguna de las dos modalidades, lo que incrementó la preocupación sobre la continuidad de los puestos de trabajo.
La empresa tampoco comunicó una fecha concreta para cancelar las remuneraciones adeudadas ni explicó cómo resolverá los compromisos laborales si las dificultades financieras continúan.
La crisis contrasta con los planes de expansión que ITTI había anunciado en agosto de 2025, cuando inauguró sus oficinas en Buenos Aires y presentó a la Argentina como uno de sus principales centros de desarrollo tecnológico. La compañía forma parte del Grupo Vázquez, uno de los conglomerados empresariales más importantes de Paraguay, con negocios vinculados con servicios financieros, tecnología, comercio y otras actividades.
Su operación argentina estaba dedicada principalmente al desarrollo de sistemas, aplicaciones, infraestructura digital y servicios tecnológicos para las empresas del grupo, especialmente para Ueno Bank.
Durante la inauguración de sus oficinas en el barrio porteño de Belgrano, la compañía contaba con aproximadamente 850 profesionales y proyectaba continuar ampliando su estructura laboral. El crecimiento fue acelerado y, según testimonios recogidos entre los empleados, la dotación llegó a acercarse a las 1.200 personas antes de que comenzaran los primeros ajustes.
Sin embargo, a fines de agosto de 2026 se produjo una reducción de personal que habría alcanzado a unos 200 trabajadores, en una primera señal de dificultades dentro del grupo.
La intervención del banco terminó profundizando el deterioro de la operación argentina, que pasó de proyectar nuevas incorporaciones a comunicar suspensiones y reconocer problemas para pagar los salarios.

El origen de la crisis se encuentra en los problemas financieros de Ueno Bank, una entidad que había experimentado un crecimiento extraordinario durante los últimos años y llegó a reunir aproximadamente 2,9 millones de clientes.
El Banco Central del Paraguay anunció el 3 de noviembre que había decidido iniciar el procedimiento de resolución del banco, después de constatar que sus indicadores patrimoniales se encontraban por debajo de los niveles mínimos exigidos por la regulación.
Según el organismo, el índice de solvencia de Ueno había caído por debajo del 50% del mínimo requerido, como consecuencia de ajustes realizados en los estados financieros durante el proceso de regularización.
La intervención tiene como objetivo preservar los activos disponibles, proteger a los depositantes y establecer los mecanismos necesarios para resolver la situación patrimonial de la entidad.
El banco central aclaró que se trata de un problema específico de Ueno Bank y que, de acuerdo con su evaluación, no representa una crisis generalizada del sistema financiero paraguayo.
Sin embargo, la magnitud de la entidad convirtió el episodio en uno de los acontecimientos económicos más importantes de Paraguay durante los últimos años, debido a la cantidad de clientes y a las conexiones comerciales del grupo propietario.
La crisis también quedó bajo investigación por presuntas irregularidades relacionadas con operaciones financieras entre el banco y compañías vinculadas con sus accionistas.
La intervención de Ueno Bank también desencadenó una crisis institucional que terminó con la renuncia del presidente paraguayo Santiago Peña, quien enfrentaba crecientes cuestionamientos por sus vínculos anteriores con el grupo propietario del banco.
El mandatario había sido accionista de una sociedad vinculada con Ueno Bank hasta 2025, mientras que durante su gestión el banco experimentó una expansión significativa y recibió importantes depósitos de organismos públicos.
Además, Peña había designado al frente del Banco Central a Carlos Carvallo, quien anteriormente había presidido la entidad financiera que dio origen a Ueno Bank. Carvallo presentó su renuncia después de que estallara la crisis.
Las revelaciones sobre las relaciones entre el poder político, los organismos de supervisión y los principales accionistas del banco alimentaron los reclamos de investigación parlamentaria.
La situación se agravó cuando legisladores del oficialista Partido Colorado comenzaron a respaldar un pedido de juicio político, que también recibió apoyo del expresidente Horacio Cartes.
Ante la pérdida de respaldo político, Peña anunció su decisión de abandonar la Presidencia, en una jornada marcada por protestas de ahorristas y cuestionamientos al funcionamiento de los organismos de control.
La salida del mandatario representa una consecuencia política de enorme magnitud para una crisis que comenzó en el sistema financiero y se extendió rápidamente hacia las instituciones del Estado.
La crisis también puso bajo atención la estructura del Grupo Vázquez, conglomerado que controla Ueno Bank y reúne empresas dedicadas a distintas actividades económicas.
Entre sus principales compañías se encuentra ITTI, responsable de desarrollar sistemas tecnológicos para las operaciones financieras y comerciales del grupo.
Esta relación explica por qué la intervención de un banco paraguayo terminó afectando directamente a trabajadores contratados en la Argentina, pese a que sus tareas se desarrollaban fuera del país vecino.
La operación tecnológica dependía en buena medida de los recursos y proyectos provenientes del conglomerado, por lo que la interrupción de sus mecanismos de financiamiento generó dificultades para sostener la actividad.
El caso refleja los riesgos que pueden enfrentar empresas proveedoras de servicios cuando una parte importante de sus ingresos depende de un mismo grupo económico.
La situación también abre interrogantes sobre la autonomía financiera de las sociedades vinculadas y la disponibilidad de recursos para afrontar obligaciones laborales cuando se produce una crisis dentro del conglomerado.
En el caso argentino, la empresa empleadora es Kaitel SRL, por lo que las obligaciones laborales deben analizarse dentro del marco normativo local, independientemente de los problemas financieros que atraviesa Ueno Bank en Paraguay.
El futuro laboral de los empleados de ITTI en la Argentina permanece condicionado por la capacidad de la compañía para recuperar el financiamiento y normalizar sus operaciones.
Por el momento, las suspensiones comunicadas tienen una duración prevista de 30 días, aunque la empresa dejó abierta la posibilidad de modificar las condiciones anunciadas si se producen cambios en su situación financiera.
La falta de pago de los salarios constituye uno de los problemas más urgentes, especialmente porque los trabajadores afectados todavía no recibieron precisiones sobre cuándo podrán cobrar los haberes pendientes.
Además, las suspensiones sin goce de sueldo podrían generar controversias legales sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos por la legislación laboral argentina para justificar medidas de fuerza mayor.
La validez de esas decisiones dependerá de las circunstancias específicas, la documentación presentada por la compañía y la eventual intervención de las autoridades laborales.
El colapso de Ueno Bank expuso las consecuencias que puede tener una crisis financiera regional sobre el empleo argentino. Mientras Paraguay enfrenta el derrumbe de una de sus principales entidades bancarias y una crisis política que provocó la salida de su presidente, cientos de trabajadores en Buenos Aires esperan respuestas sobre sus salarios y la continuidad de sus puestos.