6 de noviembre de 2026
Alfredo Cornejo enfrenta cuestionamientos por las deficiencias de control detectadas en el programa de subsidios laborales Enlazados.
Una investigación penal por una presunta estafa de $27.222.400 y las observaciones del Tribunal de Cuentas sobre el sistema informático de Enlazados exponen las debilidades de los controles del gobierno de Alfredo Cornejo en Mendoza. Aunque la Provincia denunció las irregularidades y apartó a una de las trabajadoras involucradas, una auditoría posterior volvió a detectar problemas para supervisar los movimientos y reconstruir las operaciones dentro del programa.
El fallo 18.476, fechado el 14 de septiembre de 2026, reúne dos aspectos que comprometen políticamente a la administración provincial: el seguimiento de la investigación penal por fondos presuntamente malversados y la persistencia de deficiencias en los permisos y registros del sistema utilizado para gestionar los subsidios laborales.
El expediente deja una pregunta que excede la actuación de los dos exempleados investigados: ¿cómo pudo funcionar un mecanismo de estas características sin controles informáticos capaces de detectar y reconstruir las operaciones?
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Enlazados forma parte de las herramientas de promoción laboral del Ministerio de Producción de Mendoza, encabezado por Rodolfo Vargas Arizu, y de la Subsecretaría de Empleo y Capacitación, a cargo de Emilce Vega Espinoza. Se trata, por lo tanto, de una política pública cuya administración y supervisión se encuentran bajo la órbita del gabinete de Alfredo Cornejo.
La responsabilidad penal de los acusados deberá determinarse en la Justicia. Sin embargo, la dimensión política del caso involucra a quienes tienen a su cargo el funcionamiento del programa, la supervisión de sus procedimientos y el resguardo de los recursos públicos.
El propio gobierno provincial denunció las irregularidades y desvinculó a una de las trabajadoras involucradas en abril de 2024. Pero las observaciones del Tribunal de Cuentas muestran que, durante la auditoría correspondiente a 2025, todavía había aspectos centrales del control informático que necesitaban resolverse.
Una investigación por una presunta estafa de $27,2 millones y las observaciones del Tribunal de Cuentas complican al gobierno mendocino.
Los principales imputados son Valentina Clara Cáceres Dimarco, quien se desempeñaba como personal técnico contratado por el fideicomiso, y Germán Exequiel Valdeomillos Tobares, su pareja y exempleado de la misma dependencia.
Según la reconstrucción del expediente publicada por Los Andes, la fiscal Gabriela García Cobos les atribuyó una maniobra desarrollada entre octubre de 2023 y abril de 2024. La acusación sostiene que incorporaban beneficiarios mediante relaciones laborales ficticias, obtenían los subsidios correspondientes y posteriormente eliminaban las inscripciones del sistema.
Las cargas se habrían realizado antes de la liquidación mensual, mientras que los datos eran borrados una vez procesados los pagos. El perjuicio económico atribuido a la maniobra asciende a $27.222.400. En noviembre de 2025, la fiscalía también había dispuesto embargos preventivos y restricciones de viaje, según la información publicada sobre la causa.
El problema para la administración de Cornejo es que las irregularidades no se limitaron a la investigación penal. En febrero de 2025, el auditor contable solicitó una revisión especial del sistema de gestión de Enlazados.
El primer informe detectó deficiencias en los permisos de acceso, ausencia de registros de actividad de los usuarios, falta de integración automática entre sistemas y controles limitados para validar los datos.
Los responsables presentaron una respuesta en septiembre de ese año. Sin embargo, una segunda revisión reconoció avances en materia de integración y validación, aunque advirtió que persistían problemas de acceso y trazabilidad.
Entre las observaciones, el Tribunal señaló que el nuevo sistema mantenía perfiles estáticos que no permitían asignar permisos específicos según las funciones de cada trabajador. Además, la asignación generalizada del perfil de administrador diluía las responsabilidades y aumentaba el riesgo de acciones no autorizadas.
Tampoco pudo constatarse la existencia de un registro consultable que permitiera reconstruir la actividad de un usuario determinado durante un período específico. Por ese motivo, el organismo recomendó continuar con el desarrollo del sistema y corregir las deficiencias detectadas.
El dato adquiere especial relevancia por el antecedente penal: la maniobra investigada habría aprovechado precisamente los accesos internos y la posibilidad de eliminar registros. El fallo no acredita un nuevo desvío durante 2025, pero sí deja documentado que las debilidades informáticas todavía no estaban completamente resueltas.
El Tribunal de Cuentas aprobó la rendición y liberó de cargo a los funcionarios en función de la documentación examinada. Sin embargo, esa decisión administrativa no equivale a una absolución de los imputados ni clausura la investigación penal.
En el mismo fallo, el organismo retomó una instrucción anterior para recuperar los fondos entregados a personas que no pertenecían al programa. También informó que la Fiscalía de Estado y la Asesoría de Gobierno habían intervenido en las actuaciones, que describió como próximas a su elevación a juicio. El documento no precisa cuánto dinero fue recuperado ni acredita que esa instancia judicial ya se haya concretado.
Para Alfredo Cornejo, el expediente deja expuesta una deuda de gestión que no puede reducirse a la conducta de dos exempleados. La denuncia de las irregularidades fue una respuesta, pero no alcanza para despejar los interrogantes sobre el funcionamiento del programa.
La persistencia de problemas en los permisos, la falta de trazabilidad y las dificultades para reconstruir las operaciones plantean un cuestionamiento concreto a los mecanismos de supervisión de la Provincia. En definitiva, no alcanza con investigar a quienes presuntamente aprovecharon las vulnerabilidades del sistema: el gobierno de Cornejo también debe responder por los controles que debían impedirlas y garantizar que los subsidios laborales llegaran a quienes correspondía.
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