6 de noviembre de 2026
Los 44 legisladores presentes votaron a favor de remover al mandatario por mal desempeño de sus funciones, en medio del escándalo financiero de Ueno Bank. Pedro Alliana lo reemplazará al frente del Ejecutivo, mientras la Justicia ya ordenó su pedido de captura y está yendo a detenerlo.
Afuera. Peña fue destituido por el Senado paraguayo y ya no es el presidente.
El Senado de Paraguay aprobó por unanimidad la destitución del presidente Santiago Peña este viernes, después de un juicio político que puso fin a su mandato en medio de una profunda crisis institucional y financiera. Los 44 legisladores presentes votaron a favor de removerlo por mal desempeño de sus funciones, a raíz de los cuestionamientos sobre sus vínculos con Ueno Bank, una de las principales entidades financieras del país, intervenida esta semana por el Banco Central.
La decisión representó el desenlace de una crisis que se agravó durante las últimas jornadas, después de que casi tres millones de clientes quedaran sin acceso a sus ahorros como consecuencia del procedimiento de resolución bancaria. El escándalo generó protestas multitudinarias y cuestionamientos sobre las relaciones entre el poder político, los organismos reguladores y los principales accionistas de la entidad financiera.
Aunque Peña había presentado su renuncia el jueves 5 de noviembre, el Congreso decidió continuar con el procedimiento de destitución para evitar que su salida voluntaria derivara en el acceso a las prerrogativas previstas para los expresidentes. Con el resultado de la votación, el vicepresidente Pedro Alliana quedó en condiciones de asumir la conducción del país hasta completar el período constitucional que finaliza en agosto de 2028.
La sesión decisiva se desarrolló en el Congreso Nacional de Paraguay, en Asunción, después de una jornada marcada por las tensiones entre los legisladores y los representantes legales del mandatario. La Cámara alta debía resolver la acusación formulada por Diputados, que había aprobado el inicio del juicio político por unanimidad el jueves.
La votación final reunió 44 votos favorables a la destitución, correspondientes a la totalidad de los senadores presentes. El único integrante de la Cámara que no participó fue Enrique Riera, quien había renunciado recientemente a su cargo como ministro del Interior y todavía no había asumido efectivamente su banca parlamentaria.
El resultado reflejó la pérdida completa de respaldo político del mandatario, incluso dentro del Partido Colorado, la fuerza que lo había llevado al poder en agosto de 2023 y que contaba con una posición dominante dentro del Congreso.
La acusación por mal desempeño de sus funciones estuvo vinculada principalmente con la crisis de Ueno Bank, las relaciones del mandatario con el grupo empresarial propietario de la entidad y las decisiones adoptadas por organismos públicos durante su administración.
La resolución también dispuso la remisión de antecedentes a la Fiscalía General del Estado, con el objetivo de determinar si existen elementos que justifiquen nuevas investigaciones penales. La destitución constituye una sanción institucional y no equivale, por sí misma, a una condena judicial por los hechos investigados.
Sentenciado. El Congreso paraguayo actuó rápido y destituyó al presidente Santiago Peña.
Uno de los aspectos más controvertidos del proceso fue la decisión del Congreso de avanzar con el juicio político pese a que Santiago Peña había anunciado su renuncia durante la jornada anterior.
El mandatario presentó su dimisión cuando comenzaron a consolidarse los apoyos parlamentarios necesarios para removerlo. Sin embargo, su salida quedó trabada y los legisladores resolvieron continuar con el procedimiento constitucional.
La discusión estuvo atravesada por las consecuencias institucionales de ambas alternativas. Mientras una renuncia aceptada podía habilitar el reconocimiento de determinadas prerrogativas como expresidente, la destitución por juicio político impide acceder a la condición de senador vitalicio, prevista en el artículo 189 de la Constitución paraguaya para los mandatarios electos que concluyen su gestión.
Los legisladores consideraron que esa diferencia resultaba relevante frente a la posibilidad de que avanzaran investigaciones judiciales sobre las relaciones entre el Gobierno y Ueno Bank.
Durante la sesión del viernes, la defensa de Peña cuestionó el procedimiento y solicitó una prórroga de 72 horas para preparar su presentación. Sin embargo, el Senado rechazó el pedido y continuó con el tratamiento de la acusación.
Los abogados sostuvieron que la rapidez del proceso afectaba el derecho de defensa del mandatario y anticiparon la posibilidad de recurrir a instancias judiciales nacionales e internacionales.
El escándalo comenzó cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso el procedimiento de resolución de Ueno Bank, después de detectar graves problemas de solvencia en la entidad.
El organismo regulador informó que el banco presentaba indicadores patrimoniales inferiores a los mínimos establecidos por la legislación, una situación que obligó a intervenir para proteger a los depositantes y evitar consecuencias más amplias sobre el sistema financiero.
La medida provocó la suspensión de operaciones y dejó a aproximadamente 2,9 millones de clientes sin acceso normal a sus cuentas, una cifra especialmente significativa para un país cuya población ronda los siete millones de habitantes.
La situación desencadenó manifestaciones de ahorristas que reclamaron explicaciones sobre el destino de sus depósitos y exigieron responsabilidades políticas por el deterioro de la entidad.
La controversia se agravó por la existencia de fondos públicos y previsionales depositados en Ueno Bank, incluidos recursos vinculados con el Instituto de Previsión Social (IPS). Los investigadores deberán determinar el alcance de esas operaciones y establecer si existieron irregularidades en su autorización, administración o supervisión.
La intervención bancaria también provocó fuertes cuestionamientos contra los organismos encargados de controlar el sistema financiero, especialmente por la velocidad con la que Ueno Bank había expandido sus operaciones durante los últimos años.
Protesta. Miles de manifestantes salieron a las calles a reclamar contra el accionar de Peña y el Ueno Bank.
Uno de los principales factores que convirtió la crisis bancaria en un escándalo institucional fueron los antecedentes comerciales de Santiago Peña con el grupo empresario vinculado a Ueno Bank.
El expresidente había mantenido una participación accionaria en una sociedad relacionada con el conglomerado propietario de la entidad hasta marzo de 2025, cuando ya llevaba más de un año y medio al frente del Gobierno.
Aunque Peña negó haber participado directamente en la administración bancaria, las relaciones comerciales despertaron cuestionamientos sobre posibles conflictos de intereses, especialmente por las decisiones de organismos públicos relacionadas con la entidad.
También quedó bajo atención la designación de Carlos Carvallo como presidente del Banco Central del Paraguay, debido a que anteriormente había ocupado funciones directivas en la institución que dio origen a Ueno Bank.
La combinación de estos antecedentes, las dificultades patrimoniales del banco y los recursos estatales comprometidos alimentó una crisis que terminó debilitando al Gobierno incluso dentro de sus propias filas.
Sin embargo, las investigaciones sobre las operaciones financieras y las eventuales responsabilidades penales siguen abiertas. La destitución no constituye una determinación judicial de que Peña haya cometido delitos vinculados con el banco.
La destitución activa el mecanismo constitucional de sucesión presidencial y coloca al vicepresidente Pedro Alliana al frente del Poder Ejecutivo paraguayo.
Alliana pertenece al Partido Colorado y había acompañado a Peña en la fórmula presidencial que ganó las elecciones generales de 2023. Antes de llegar a la Vicepresidencia, desarrolló una extensa trayectoria dentro del oficialismo y ocupó la presidencia de la Cámara de Diputados.
Su llegada al Gobierno se produce en un escenario especialmente delicado, debido a que deberá afrontar las consecuencias de la crisis bancaria, recuperar la confianza de los ahorristas y garantizar la continuidad institucional.
Una de las principales prioridades será coordinar con el Banco Central y las autoridades económicas las medidas destinadas a proteger los depósitos y establecer el destino de los fondos comprometidos.
El nuevo mandatario también deberá administrar las tensiones dentro del Partido Colorado, que perdió a su presidente en medio de un procedimiento respaldado tanto por el oficialismo como por la oposición.
Si no se producen nuevas alteraciones institucionales, Alliana completará el mandato presidencial correspondiente al período 2023-2028, sin que la destitución implique automáticamente la convocatoria a nuevas elecciones generales.
Sucesor. Peña junto a su entonces vicepresidente, Pedro Alliana, quién lo reemplazará en el Palacio de López.
La decisión del Senado representa un acontecimiento de enorme importancia para la historia política reciente de Paraguay. Santiago Peña se convirtió en el segundo presidente destituido mediante juicio político desde la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner, ocurrida en febrero de 1989.
El antecedente más importante corresponde a Fernando Lugo, removido de su cargo el 22 de junio de 2012 después de un procedimiento parlamentario que generó una fuerte controversia nacional e internacional.
En aquella oportunidad, el Senado aprobó la destitución por 39 votos contra cuatro, después de que la Cámara de Diputados impulsara la acusación.
A diferencia de aquel proceso, la remoción de Peña contó con el respaldo de todos los senadores presentes, una circunstancia que refleja la magnitud del aislamiento político que sufrió el mandatario durante las últimas jornadas.
El episodio también presenta una particularidad: Peña había llegado al poder con un importante respaldo parlamentario, debido al predominio del Partido Colorado en ambas cámaras.
Sin embargo, el colapso de Ueno Bank provocó una ruptura dentro del oficialismo y terminó unificando a los diferentes sectores políticos detrás de su destitución.
La crisis de Ueno Bank no quedó limitada al territorio paraguayo, debido a que también afectó a empresas tecnológicas vinculadas con el conglomerado propietario de la entidad.
Una de ellas es ITTI, que desarrolla actividades en la Argentina mediante la sociedad Kaitel SRL y cuenta con una estructura laboral de más de 900 empleados.
Durante los últimos días, trabajadores de la compañía denunciaron dificultades para cobrar sus remuneraciones y recibieron comunicaciones relacionadas con suspensiones temporales, en medio de los problemas financieros del grupo.
La situación refleja cómo la caída de una entidad financiera puede extender sus consecuencias hacia otras actividades económicas y países donde sus accionistas mantienen operaciones.
Sin embargo, no está confirmado que la totalidad de los trabajadores argentinos haya sido suspendida o despedida, por lo que corresponde distinguir entre la cantidad de empleados de la empresa y aquellos alcanzados efectivamente por las medidas.
El impacto regional también plantea interrogantes sobre la continuidad de los servicios tecnológicos que el conglomerado prestaba a distintas compañías.
La salida de Santiago Peña pone fin a una crisis política que se desarrolló a una velocidad extraordinaria, después de que la intervención de Ueno Bank desencadenara protestas, investigaciones y una ruptura dentro del oficialismo paraguayo.
El resultado del juicio político representa una derrota institucional para el expresidente, quien había llegado al poder en agosto de 2023 con el respaldo del Partido Colorado y una agenda centrada en la estabilidad económica, las inversiones y el fortalecimiento de las relaciones internacionales.
La principal incógnita ahora es cómo avanzarán las investigaciones sobre las operaciones bancarias y si las autoridades judiciales encontrarán elementos para determinar eventuales responsabilidades penales.
Para Pedro Alliana, el desafío inmediato será garantizar la estabilidad política y económica, mientras millones de ahorristas esperan respuestas sobre sus depósitos y las instituciones intentan recuperar la confianza pública.
Con 44 votos favorables y ninguno en contra, el Senado de Paraguay destituyó a Santiago Peña y cerró anticipadamente su mandato. El colapso de Ueno Bank terminó convirtiéndose en una crisis de poder que modificó la conducción política del país y dejó abiertos interrogantes sobre las responsabilidades de funcionarios, empresarios y organismos de supervisión.
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