7 de noviembre de 2026
El juez Humberto Otazú consideró que existen riesgos de fuga y de obstrucción de la investigación. El exmandatario permanecerá detenido en una instalación militar, mientras la Fiscalía investiga su presunta intervención en operaciones con fondos públicos.
Fin de ciclo. Santiago Peña deberá cumplir prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial mientras avanza la investigación por el colapso de Ueno Bank.
La Justicia de Paraguay ordenó este sábado la prisión preventiva del ex presidente Santiago Peña, destituido apenas un día antes mediante un juicio político, en el marco de la investigación por el colapso financiero de Ueno Bank. La medida fue dispuesta por el juez penal de Garantías especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú, quien consideró necesario mantener al exmandatario privado de su libertad para garantizar su participación en el proceso y evitar posibles interferencias en las actuaciones judiciales.
La decisión llegó después de que el Ministerio Público imputara formalmente a Peña por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio, dos delitos vinculados con las operaciones financieras que habrían comprometido importantes recursos de organismos estatales y previsionales. El expresidente compareció ante las autoridades judiciales acompañado por su abogado, Ricardo Preda, pero optó por abstenerse de declarar durante la audiencia de imposición de medidas.
El magistrado también resolvió que Peña continúe detenido en el Regimiento Escolta Presidencial, una dependencia militar de Asunción a la que había sido trasladado durante la madrugada después de las protestas registradas frente a su residencia. La disposición generó una situación particular: aunque el juez consideró necesario imponer la prisión preventiva, descartó enviarlo a un establecimiento penitenciario común por razones relacionadas con la información confidencial a la que tuvo acceso como jefe de Estado.
La resolución fue adoptada después de que los fiscales encargados de investigar el caso Ueno Bank solicitaran que Peña permaneciera detenido mientras avanza la causa penal.
Durante la audiencia, el juez Humberto Otazú explicó que uno de los fundamentos centrales de la medida es la necesidad de garantizar que el expresidente permanezca a disposición de las autoridades judiciales. Según su evaluación, las circunstancias del expediente justifican adoptar una medida restrictiva de la libertad durante la investigación.
"Se debe tener la garantía de su permanencia en el país", sostuvo el magistrado al explicar la decisión, que también contempla la posibilidad de que el exmandatario interfiera en la obtención de pruebas.
Otazú señaló que, durante su paso por la Presidencia, Peña tuvo acceso a información vinculada con el funcionamiento del sistema financiero y otras áreas sensibles del Estado. Esa circunstancia fue considerada relevante al momento de evaluar los riesgos procesales, especialmente por la posibilidad de que determinados conocimientos o contactos pudieran utilizarse para obstaculizar las investigaciones.
La resolución no supone una condena ni determina que el expresidente haya cometido los delitos que se le atribuyen. La prisión preventiva constituye una medida cautelar que deberá mantenerse bajo control judicial, mientras la Fiscalía reúne las pruebas necesarias para establecer las eventuales responsabilidades penales.
Uno de los aspectos más llamativos de la decisión judicial es que Santiago Peña no será trasladado a una cárcel común, sino que continuará alojado en el Regimiento Escolta Presidencial, donde pasó la noche posterior a su destitución.
La dependencia militar se encuentra en Asunción y está vinculada con las tareas de protección de las máximas autoridades del Estado. Peña había sido trasladado allí después de que manifestantes se concentraran frente a su vivienda particular para reclamar que fuera enviado a un establecimiento penitenciario.
El juez Otazú justificó la decisión de mantenerlo en ese lugar al considerar la información sensible que el exmandatario conoció durante su gestión. Entre los asuntos mencionados aparecen cuestiones vinculadas con el sistema financiero y el crimen organizado, cuyo manejo requiere condiciones especiales de seguridad.
"Se tiene en consideración toda la información que él pudo haber manejado como primer mandatario", explicó el magistrado al referirse a los factores que influyeron en la elección del establecimiento.
La medida establece una diferencia respecto de otros investigados por el colapso de Ueno Bank, entre ellos antiguos directivos de la entidad que fueron enviados al Centro Nacional de Prevenidos, conocido anteriormente como Tacumbú, para cumplir sus respectivas prisiones preventivas.
Sin embargo, la permanencia de Peña en una instalación militar no significa que haya recuperado la libertad ni que se trate de un arresto domiciliario. El expresidente continuará sujeto a una medida de privación de libertad dispuesta judicialmente, aunque bajo condiciones de alojamiento diferentes a las de un establecimiento penitenciario ordinario.
La investigación penal se concentra en la relación entre el Gobierno de Santiago Peña, el conglomerado propietario de Ueno Bank y los recursos que distintas instituciones públicas depositaron en la entidad financiera durante los últimos años.
El Ministerio Público imputó al expresidente por lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, en calidad de autor. La acusación sostiene que Peña habría tenido intervención en circunstancias relacionadas con la colocación, renovación y permanencia de importantes sumas de dinero pertenecientes a organismos estatales y previsionales.
La Fiscalía también puso bajo análisis las relaciones económicas y corporativas que el exmandatario había mantenido con Ueno Holding, el grupo empresarial vinculado con el banco cuya intervención desencadenó la crisis financiera y política.
Entre los organismos cuyos recursos aparecen mencionados en las investigaciones se encuentran el Instituto de Previsión Social (IPS), la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y entidades relacionadas con el sistema previsional y energético paraguayo.
Los investigadores buscan determinar si existieron decisiones administrativas destinadas a favorecer a la entidad financiera, si los fondos fueron colocados en condiciones irregulares y qué responsabilidades podrían corresponder a funcionarios o empresarios involucrados.
La acusación todavía deberá ser examinada mediante las pruebas reunidas durante el proceso. Peña rechaza haber participado en maniobras ilícitas, por lo que corresponde distinguir las hipótesis formuladas por los fiscales de los hechos que eventualmente puedan considerarse acreditados.
Durante la audiencia de imposición de medidas, Santiago Peña decidió no prestar declaración, una facultad reconocida dentro del procedimiento penal y que no puede interpretarse por sí misma como una admisión de responsabilidad.
Su abogado, Ricardo Preda, rechazó los argumentos utilizados para justificar la prisión preventiva y sostuvo que no existen elementos concretos que permitan considerar que su defendido intentará abandonar Paraguay o interferir en las actuaciones judiciales.
La defensa argumentó que Peña ya no ocupa la Presidencia de la República y que, por lo tanto, su capacidad para influir sobre organismos públicos es diferente de la que tenía durante su gestión.
Preda también cuestionó la utilización de la medida cautelar más restrictiva y anticipó que analizará los fundamentos escritos del juez antes de decidir si presenta una apelación.
El letrado expresó su convencimiento de que el proceso terminará con el sobreseimiento definitivo de Peña, al sostener que el expresidente no tuvo intervención en las operaciones de Ueno Bank ni en las decisiones sobre depósitos de organismos públicos.
Aunque cuestionó la prisión preventiva, el abogado consideró adecuado que, una vez ordenada la detención, el magistrado dispusiera su cumplimiento dentro del Regimiento Escolta Presidencial.
La investigación no se limita a Santiago Peña. La Fiscalía también imputó a Carlos Dagoberto Carvallo, quien presidió el Banco Central del Paraguay (BCP) durante la gestión del mandatario destituido.
Carvallo está investigado por presunta lesión de confianza, administración en provecho propio y producción de documentos públicos de contenido falso. Su participación resulta especialmente relevante porque anteriormente había ocupado cargos directivos en la institución financiera que dio origen a Ueno Bank.
Los fiscales buscan reconstruir las decisiones tomadas durante el crecimiento de la entidad y establecer si existieron irregularidades en los mecanismos de supervisión del sistema bancario.
La investigación también alcanza a exdirectivos de Ueno Bank, varios de los cuales ya fueron sometidos a medidas cautelares. Entre los delitos examinados aparecen presuntas conductas indebidas durante una situación de crisis, violación de obligaciones contables y otras posibles irregularidades financieras.
Además, el Ministerio Público solicitó medidas patrimoniales sobre los bienes de Peña y Carvallo, entre ellas la identificación de cuentas bancarias, activos financieros, inmuebles y vehículos.
Estas actuaciones buscan preservar elementos relevantes para la investigación y determinar el alcance de las operaciones económicas examinadas, aunque la existencia de medidas cautelares patrimoniales tampoco representa una declaración de culpabilidad.
La decisión judicial se produjo después de una sucesión de acontecimientos que transformaron por completo el escenario político paraguayo. El jueves 5 de noviembre, Santiago Peña anunció su renuncia a la Presidencia en medio de la presión parlamentaria provocada por el colapso de Ueno Bank. Sin embargo, el Congreso decidió continuar con el procedimiento de juicio político para resolver institucionalmente su salida.
El viernes, el Senado aprobó la destitución del mandatario por unanimidad, con los votos favorables de los 44 legisladores presentes. La resolución puso fin al mandato que Peña había iniciado en agosto de 2023 y abrió paso a la sucesión presidencial.
Su vicepresidente, Pedro Alliana, asumió la conducción del Poder Ejecutivo con el compromiso de recuperar la estabilidad política y dar respuestas a los ahorristas afectados por la crisis bancaria.
Pocas horas después de la destitución, las autoridades ejecutaron una orden de detención contra Peña. Inicialmente permaneció en su domicilio, pero las protestas frente a su residencia llevaron a disponer su traslado a la dependencia militar.
El sábado, después de comparecer ante la Fiscalía y quedar formalmente imputado, el expresidente fue presentado ante el juez Otazú, quien decidió mantenerlo privado de su libertad mientras continúa la investigación penal.
La sucesión de acontecimientos convirtió el caso en uno de los episodios institucionales más significativos de la historia reciente de Paraguay, debido a la rapidez con la que un escándalo financiero terminó provocando la destitución de un presidente y su posterior prisión preventiva.
El origen de la crisis se encuentra en la intervención de Ueno Bank, una entidad financiera digital que había experimentado un crecimiento acelerado y llegó a reunir aproximadamente 2,94 millones de clientes.
El Banco Central del Paraguay dispuso un procedimiento de resolución después de detectar problemas graves en sus indicadores de solvencia, una situación que comprometió el funcionamiento de la entidad y provocó dificultades para acceder a los depósitos.
La crisis afectó tanto a particulares como a instituciones públicas que mantenían recursos en el banco, lo que desencadenó cuestionamientos sobre la supervisión financiera y las relaciones entre sus accionistas y las autoridades políticas.
Las investigaciones se concentraron especialmente en las operaciones realizadas con fondos estatales y previsionales durante la gestión de Peña, así como en los vínculos empresariales previos del mandatario con el grupo propietario de la entidad.
La situación también provocó una ruptura dentro del Partido Colorado, cuyos legisladores terminaron acompañando el procedimiento de destitución pese a que Peña había llegado al poder con el respaldo de esa misma fuerza política.
Para el nuevo presidente, Pedro Alliana, la crisis representa un desafío inmediato de gobernabilidad. Su administración deberá garantizar la continuidad de los servicios estatales, coordinar las medidas vinculadas con la devolución de los depósitos y reorganizar el gabinete en medio de una investigación que alcanza a funcionarios de la gestión anterior.
La prisión preventiva de Santiago Peña marca una nueva etapa del escándalo de Ueno Bank. Después de perder la Presidencia mediante un juicio político, el exmandatario enfrenta ahora un proceso penal que busca determinar su eventual responsabilidad en operaciones vinculadas con fondos públicos. Mientras la defensa prepara sus próximos pasos, la Justicia paraguaya deberá establecer si existen pruebas suficientes para avanzar hacia una acusación definitiva.
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