7 de noviembre de 2026
El ex presidente fue trasladado a una dependencia militar tras una noche de protestas frente a su residencia y deberá responder por presuntas irregularidades vinculadas con Ueno Bank. Mientras tanto, su sucesor inició la reorganización del gabinete y prepara sus primeros decretos.
La crisis política de Paraguay sumó un nuevo capítulo este sábado, después de que el ex presidente Santiago Peña fuera detenido y trasladado al Regimiento Escolta Presidencial, en medio de una investigación por presuntas irregularidades vinculadas con el colapso de Ueno Bank. El mandatario, destituido el viernes mediante un juicio político aprobado por unanimidad en el Senado, fue citado a prestar declaración indagatoria ante el Ministerio Público, mientras su sucesor, Pedro Alliana, comenzó sus primeras actividades oficiales al frente del Gobierno.
La detención de Peña se produjo pocas horas después de que perdiera la Presidencia, en una jornada que también estuvo marcada por su fallido intento de renunciar antes de que concluyera el procedimiento parlamentario. Los fiscales que investigan el escándalo bancario dispusieron inicialmente su permanencia bajo arresto domiciliario, pero durante la madrugada las autoridades resolvieron trasladarlo a una instalación militar debido a las manifestaciones que se desarrollaban frente a su vivienda en Asunción.
Mientras el expresidente afronta una investigación por posibles delitos de lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en provecho propio, Alliana llegó al Palacio de López poco después de las seis de la mañana para reunirse con integrantes del gabinete y comenzar a definir las primeras decisiones de su administración. La transición dejó una imagen inédita para la política paraguaya: un presidente destituido bajo custodia y su antiguo vicepresidente intentando recuperar la estabilidad institucional en medio de una crisis financiera de alcance nacional.
La situación judicial del ex mandatario se agravó durante la noche del viernes, cuando representantes del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional de Paraguay acudieron a su residencia para ejecutar una orden de detención vinculada con la investigación sobre Ueno Bank.
Los fiscales Christian Benítez y Silvia Franco participaron del procedimiento, durante el cual se constató que Peña se encontraba en su domicilio y se le notificaron las disposiciones correspondientes. Inicialmente, las autoridades determinaron que permaneciera bajo arresto domiciliario mientras avanzaban las actuaciones judiciales.
Sin embargo, durante la madrugada del sábado comenzaron a concentrarse manifestantes frente a la vivienda del expresidente, ubicada en el barrio Mburucuyá de Asunción. Los participantes reclamaban que fuera trasladado a una dependencia penitenciaria y cuestionaban la posibilidad de que continuara cumpliendo la medida en su residencia particular.
Ante ese escenario, los organismos de seguridad evaluaron que no estaban dadas las condiciones para garantizar su integridad física. La decisión fue trasladarlo al Regimiento Escolta Presidencial, una instalación militar donde quedó bajo custodia mientras se desarrollan las actuaciones judiciales.
El operativo incluyó la salida de tres camionetas desde el domicilio del exmandatario, en medio de una fuerte presencia policial y de manifestantes que permanecían en las inmediaciones. El traslado respondió a razones de seguridad y no implica una condena penal ni determina anticipadamente la responsabilidad de Peña por los hechos investigados.
La orden de detención fue instrumentada mediante la Resolución Fiscal N.º 7, del 6 de noviembre de 2026, correspondiente a la causa penal 92/2026, identificada como una investigación contra Santiago Peña Palacios y otras personas por presunta lesión de confianza y otros hechos.
Los representantes del Ministerio Público convocaron al expresidente a prestar declaración este sábado a las 11 de la mañana, con el objetivo de avanzar en el esclarecimiento de las operaciones financieras que terminaron provocando el colapso de Ueno Bank.
La investigación contempla inicialmente posibles delitos de lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en provecho propio, aunque los fiscales deberán determinar qué hechos concretos pueden atribuirse a cada una de las personas investigadas.
Uno de los principales interrogantes está relacionado con los vínculos comerciales que Peña mantuvo con empresas asociadas al grupo propietario del banco, así como con la actuación de organismos estatales durante la expansión de la entidad financiera.
La causa también incluye al ex presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Dagoberto Carvallo, quien se presentó ante las autoridades policiales durante la noche del viernes después de que se ordenara su detención.
Carvallo había ocupado anteriormente funciones directivas en la institución financiera que dio origen a Ueno Bank, una circunstancia que adquirió relevancia política cuando comenzaron a investigarse las decisiones adoptadas por el organismo encargado de supervisar el sistema bancario.
La eventual formulación de cargos y las medidas cautelares posteriores dependerán de la evaluación de la Fiscalía y de las decisiones judiciales correspondientes. Hasta el momento, la destitución política de Peña y su investigación penal constituyen procedimientos diferentes, por lo que el resultado de uno no determina automáticamente las responsabilidades que puedan establecerse en el otro.
El abogado Ricardo Preda, defensor de Santiago Peña, cuestionó las circunstancias de la detención y sostuvo que no existen elementos suficientes para justificar una eventual prisión preventiva.
El letrado explicó que su representado colaborará con las autoridades judiciales y que se presentará ante los investigadores para conocer los hechos que se le atribuyen y ejercer su derecho de defensa.
"Se va a someter como cualquier ciudadano", afirmó Preda, quien recordó que el exmandatario ya había comparecido ante otras actuaciones relacionadas con el control de su situación patrimonial.
El abogado también señaló que, hasta ese momento, desconocía los hechos específicos que la Fiscalía pretendía atribuirle a su defendido. En ese sentido, cuestionó que se mencionaran posibles calificaciones penales sin que, a su criterio, estuvieran suficientemente detalladas las conductas investigadas.
Preda sostuvo que una eventual prisión preventiva debería justificarse mediante elementos concretos que demostraran riesgo de fuga u obstrucción de la investigación. También advirtió que las medidas cautelares no pueden utilizarse como una forma de castigo anticipado frente a la presión social generada por el escándalo financiero.
La defensa anticipó que analizará los argumentos de la Fiscalía antes de definir su estrategia procesal, mientras el Ministerio Público continúa reuniendo documentación vinculada con las operaciones de Ueno Bank y las relaciones comerciales de sus principales accionistas.
La crisis que terminó con la destitución de Santiago Peña comenzó a agravarse después de que el Banco Central del Paraguay dispusiera la intervención de Ueno Bank, una entidad financiera digital que había experimentado un crecimiento acelerado durante los últimos años.
El organismo regulador detectó problemas patrimoniales que comprometían la solvencia del banco y decidió iniciar un procedimiento de resolución destinado a proteger a los depositantes y limitar las posibles consecuencias sobre el sistema financiero.
La medida provocó una fuerte preocupación entre los aproximadamente 2,9 millones de clientes de la entidad, que enfrentaron dificultades para acceder normalmente a sus depósitos. El episodio desencadenó protestas y reclamos contra las autoridades económicas, mientras aumentaban los cuestionamientos sobre las relaciones entre el banco y distintos organismos públicos.
Uno de los puntos bajo investigación es el manejo de fondos estatales depositados en la institución, además de las operaciones financieras realizadas con empresas vinculadas con sus accionistas. Las sospechas también alcanzaron a la actuación del Banco Central durante el período de mayor expansión de Ueno Bank, especialmente por los antecedentes profesionales de algunos de sus funcionarios.
El escándalo adquirió una dimensión política cuando comenzaron a conocerse los vínculos empresariales que Peña había mantenido con el conglomerado propietario de la entidad. Aunque el exmandatario negó haber intervenido directamente en la administración bancaria, las relaciones comerciales despertaron cuestionamientos sobre posibles conflictos de intereses y decisiones adoptadas durante su gestión.
La crisis terminó debilitando al Gobierno dentro del propio Partido Colorado, donde diferentes sectores comenzaron a respaldar el procedimiento de juicio político impulsado en el Congreso.
La caída de Santiago Peña se aceleró durante el jueves 5 de noviembre, cuando el entonces presidente anunció su intención de renunciar en medio de la presión parlamentaria y social provocada por el escándalo financiero.
Sin embargo, el Congreso no aceptó su dimisión y decidió continuar con el procedimiento de juicio político, una decisión que abrió una discusión sobre las consecuencias institucionales de una salida voluntaria frente a una destitución.
El viernes, el Senado de Paraguay aprobó la remoción de Peña con los votos favorables de los 44 legisladores presentes, después de considerar acreditado el mal desempeño de sus funciones.
La resolución representó una derrota política de enorme magnitud para el mandatario, que había llegado al poder en agosto de 2023 con el respaldo del Partido Colorado y una mayoría parlamentaria favorable a su administración.
La decisión también puso fin a la posibilidad de que Peña completara el mandato presidencial previsto hasta agosto de 2028, aunque no resolvió las investigaciones judiciales relacionadas con Ueno Bank.
La rapidez del procedimiento generó cuestionamientos de la defensa del expresidente, que había solicitado más tiempo para preparar sus argumentos. Pese a esas objeciones, el Senado avanzó con la votación y declaró formalmente su destitución.
Horas después, Pedro Alliana prestó juramento ante el Congreso Nacional y asumió la Presidencia para completar el período constitucional, mientras la Fiscalía comenzaba a ejecutar las medidas dispuestas contra su antecesor.
Mientras Santiago Peña permanecía bajo custodia, Pedro Alliana inició este sábado su primera jornada oficial como presidente de Paraguay, con una agenda centrada en la reorganización del Poder Ejecutivo y la continuidad de los servicios estatales.
El mandatario llegó al Palacio de López poco después de las seis de la mañana, donde comenzó a mantener reuniones con integrantes del gabinete heredado de la administración anterior. El objetivo es definir qué ministros continuarán en sus cargos y cuáles serán reemplazados durante los primeros días de su gestión.
Su primera reunión estuvo dedicada al sistema sanitario, uno de los sectores que enfrenta mayores dificultades presupuestarias y operativas. Alliana recibió al ministro de Salud Pública y Bienestar Social, Isaías Fretes, para abordar las necesidades de los hospitales y los problemas relacionados con el abastecimiento de medicamentos.
El nuevo presidente aseguró que la salud será una de las prioridades de su Gobierno y que buscará responder a las necesidades más urgentes de la población. La decisión de comenzar con esa cartera representó una primera señal de continuidad administrativa, mientras se prepara una reorganización más amplia de las autoridades nacionales.
Entre los ministros convocados para mantener encuentros con Alliana aparecen Rubén Ramírez Lezcano, de Relaciones Exteriores; Óscar Lovera, de Economía y Finanzas; Marco Riquelme, de Industria y Comercio; y Rolando de Barros, de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Una de las designaciones más urgentes será la del nuevo ministro del Interior, después de que Enrique Riera presentara su renuncia durante la crisis que terminó con la destitución de Peña.
Alliana también deberá resolver otros puestos vacantes y formalizar mediante decretos las designaciones o ratificaciones correspondientes. Por el momento, las reuniones con los funcionarios no implican necesariamente que todos hayan sido confirmados en sus cargos.
La reorganización del gabinete no es el único desafío de Pedro Alliana, quien asumió la conducción del país en medio de una crisis financiera que afecta a millones de usuarios y compromete la confianza en las instituciones públicas.
Durante su discurso de asunción, el nuevo mandatario prometió trabajar para garantizar la devolución de los depósitos afectados por el colapso de Ueno Bank y avanzar con medidas destinadas a recuperar la estabilidad económica.
El compromiso adquiere una importancia especial porque el procedimiento de resolución bancaria involucra tanto a particulares como a organismos estatales que mantenían recursos en la entidad financiera.
Además de la situación de los ahorristas, el Gobierno deberá afrontar las consecuencias económicas sobre empresas y trabajadores vinculados con el conglomerado propietario del banco, que mantiene operaciones en diferentes sectores de actividad.
La continuidad de los servicios públicos y las prestaciones sociales también aparece entre las prioridades de una administración que comenzó su mandato de manera imprevista, después de una crisis política desarrollada en apenas unos días.
Alliana pertenece al mismo espacio político que Peña y había sido su compañero de fórmula en las elecciones presidenciales de 2023. Por ese motivo, su llegada no representa una alternancia partidaria, sino una sucesión dentro del Partido Colorado que deberá administrar las consecuencias de las decisiones tomadas por el Gobierno anterior.
La continuidad política convive, sin embargo, con la necesidad de marcar diferencias y recuperar la confianza pública, especialmente mientras la Fiscalía investiga posibles responsabilidades relacionadas con el manejo de Ueno Bank.
La destitución de Santiago Peña y su posterior detención abrieron una etapa inédita para Paraguay, donde el cambio de mando presidencial coincidió con el avance de una investigación penal sobre presuntas irregularidades financieras.
El expresidente enfrenta ahora un proceso judicial que deberá determinar si existieron responsabilidades en las operaciones vinculadas con Ueno Bank y en las decisiones de los organismos estatales durante su administración. La citación a indagatoria constituye una instancia relevante dentro de esa investigación, aunque no representa una condena ni permite anticipar cuál será su situación procesal definitiva.
Mientras tanto, Pedro Alliana comenzó su gestión con reuniones ministeriales, la preparación de decretos y la necesidad de reorganizar un gabinete afectado por la salida de su antecesor.
El contraste entre ambas situaciones refleja la magnitud de la crisis política paraguaya: el mandatario que hasta hace pocas horas conducía el país permanece bajo custodia, mientras su antiguo vicepresidente debe asumir la conducción del Estado y ofrecer respuestas frente al escándalo financiero.
Con Santiago Peña detenido y citado a declarar por el caso Ueno Bank, Paraguay atraviesa una transición presidencial marcada por la incertidumbre judicial y los desafíos de gobernabilidad. Las primeras decisiones de Alliana permitirán conocer cómo pretende reorganizar el Poder Ejecutivo, mientras la investigación contra su antecesor comienza a avanzar en los tribunales.
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