7 de noviembre de 2026
La crisis de la entidad financiera paraguaya suma nuevas sospechas sobre el posible acceso a información privilegiada. Las versiones involucran transferencias hacia el Banco Nación y eventuales gestiones de organismos públicos, aunque todavía no existen pruebas que confirmen las maniobras.
Escándalo. La crisis de Ueno Bank en Paraguay sumó denuncias sobre posibles retiros millonarios realizados por ciudadanos argentinos antes de la intervención de la entidad.
El escándalo de Ueno Bank en Paraguay sumó un nuevo capítulo con posibles ramificaciones en la Argentina, después de que trascendieran denuncias sobre presuntos retiros millonarios realizados por más de mil ciudadanos argentinos antes de la intervención de la entidad financiera. La información fue difundida por el periodista económico Carlos Burgueño, quien planteó interrogantes sobre la posibilidad de que determinados depositantes hubieran recibido advertencias anticipadas acerca de los problemas patrimoniales del banco.
La controversia aparece en medio de la crisis institucional que provocó la destitución del ex presidente Santiago Peña, cuya relación con el conglomerado propietario de Ueno Bank quedó bajo investigación judicial. Mientras las autoridades paraguayas avanzan con los mecanismos de devolución de depósitos y la identificación de posibles irregularidades financieras, las versiones sobre movimientos realizados desde la Argentina incorporaron una nueva dimensión al caso.
Uno de los aspectos más sensibles es que parte de los fondos presuntamente retirados habría sido transferida hacia el Banco de la Nación Argentina, aunque hasta el momento no se difundieron registros bancarios que permitan comprobar esas operaciones. Tampoco existe una nómina pública de los supuestos beneficiarios ni documentación independiente que confirme que los movimientos se realizaron utilizando información reservada.
La denuncia fue planteada por Carlos Burgueño, quien sostuvo que más de mil ciudadanos argentinos habrían conseguido retirar importantes sumas de dinero de Ueno Bank durante el período previo a su intervención por parte del Banco Central del Paraguay (BCP).
Según la versión difundida, las operaciones se habrían concentrado en un intervalo reducido, antes de que se comunicara públicamente la magnitud de los problemas financieros que atravesaba la entidad. De confirmarse, esos movimientos podrían resultar relevantes para reconstruir cómo circuló la información sobre la crisis bancaria y si determinados clientes conocieron anticipadamente decisiones que todavía no habían sido anunciadas.
La principal incógnita es si los supuestos retiros respondieron a decisiones individuales de los ahorristas o si existió algún mecanismo de advertencia anticipada. La diferencia resulta fundamental, porque retirar depósitos antes de una intervención bancaria no constituye, por sí mismo, una conducta irregular, mientras que la utilización indebida de información reservada podría requerir una investigación específica.
Hasta ahora, no se conocen registros públicos que acrediten la participación de más de mil argentinos, tampoco los montos que habrían movilizado ni las fechas exactas de las transacciones. La información permanece en el terreno de las denuncias periodísticas y necesita una verificación documental para determinar su alcance real.
La controversia también adquirió una dimensión política debido a las referencias a posibles movimientos financieros hacia entidades argentinas y a personas vinculadas con la administración económica nacional.
Entre los nombres mencionados por Burgueño aparecen el ministro de Economía, Luis Caputo, y el economista Guillermo Nielsen, quien ocupó diferentes responsabilidades públicas y tuvo participación en debates sobre la política financiera argentina.
Sin embargo, las menciones no constituyen pruebas de participación en maniobras irregulares. No se difundió documentación que permita atribuir a ninguno de ellos una intervención concreta en los presuntos retiros ni demostrar que hayan facilitado información privilegiada a depositantes argentinos.
Otro de los aspectos señalados está relacionado con la posibilidad de que parte del dinero hubiera sido transferido al Banco Nación, una hipótesis que requeriría reconstruir las operaciones de origen y destino para determinar si efectivamente existieron movimientos extraordinarios.
La participación de una entidad bancaria argentina como eventual receptora de transferencias tampoco implica necesariamente una irregularidad. Para evaluar el caso sería indispensable conocer la identidad de los titulares, las fechas, los montos y el fundamento de cada operación, además de establecer si se cumplieron los controles correspondientes.
El interrogante adquiere relevancia porque, mientras numerosos clientes paraguayos enfrentaban restricciones para disponer de sus ahorros, algunos depositantes podrían haber conseguido retirar recursos antes de que se conociera públicamente la situación del banco.
Las versiones también incorporaron a la Embajada argentina en Paraguay y a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), organismo encargado de administrar el complejo hidroeléctrico compartido por ambos países.
Según los señalamientos difundidos, habrían existido posibles gestiones relacionadas con la protección o el traslado de recursos vinculados con la actividad binacional. Sin embargo, no se dispone de documentación pública que confirme transferencias específicas ni que permita asociarlas con los presuntos retiros anticipados de ciudadanos argentinos.
La referencia a Yacyretá resulta especialmente sensible debido a que administra una infraestructura estratégica para ambos países y mantiene relaciones financieras necesarias para sostener sus operaciones.
Cualquier movimiento extraordinario de recursos vinculados con ese organismo requeriría una reconstrucción documental que permitiera establecer qué autoridades intervinieron, bajo qué procedimientos se realizaron las operaciones y si existió alguna advertencia previa sobre la situación de Ueno Bank.
Por el momento, no está acreditado que la Embajada argentina haya intervenido en una maniobra irregular ni que Yacyretá haya transferido fondos utilizando información privilegiada.
El caso plantea, de todas maneras, interrogantes sobre los mecanismos de comunicación entre autoridades financieras y organismos públicos de ambos países durante los días anteriores a la intervención bancaria.
La controversia por los supuestos retiros anticipados se produce después de que el Banco Central del Paraguay iniciara el procedimiento de resolución de Ueno Bank el 2 de noviembre de 2026, tras constatar un deterioro significativo en los indicadores de solvencia de la entidad.
Según informó el organismo, los índices patrimoniales habían descendido por debajo del 50% del mínimo exigido por la normativa financiera, una situación que motivó la intervención y la adopción de medidas destinadas a proteger los activos disponibles.
El procedimiento fue comunicado públicamente durante la madrugada del 3 de noviembre y desencadenó una crisis que afectó a aproximadamente 2,9 millones de clientes. Muchos usuarios encontraron dificultades para operar con sus cuentas y comenzaron a reclamar explicaciones sobre el destino de sus ahorros.
El escándalo adquirió rápidamente una dimensión política porque Santiago Peña había mantenido vínculos empresariales con el conglomerado propietario del banco, mientras que durante su Presidencia la entidad experimentó una expansión significativa y recibió depósitos de organismos estatales.
La presión social y parlamentaria terminó con la destitución de Peña mediante un juicio político aprobado por unanimidad en el Senado, después de que el mandatario perdiera el respaldo de sectores importantes del Partido Colorado.
Su salida abrió paso a la asunción de Pedro Alliana, quien deberá completar el mandato presidencial y administrar las consecuencias financieras e institucionales de la crisis.
En paralelo, las autoridades judiciales paraguayas avanzan con investigaciones sobre presuntas irregularidades cometidas por directivos y personas vinculadas con el banco, mientras continúan las actuaciones relacionadas con el expresidente.
La denuncia sobre los movimientos de ciudadanos argentinos incorpora una pregunta que todavía no tiene respuesta: si existieron retiros extraordinarios durante los días anteriores a la intervención y si alguno de esos movimientos estuvo relacionado con información que no era de conocimiento público.
Para establecerlo sería necesario reconstruir las transacciones realizadas en Ueno Bank durante el período previo al cierre, identificar a los titulares de las cuentas y contrastar las fechas de los movimientos con las decisiones adoptadas por el Banco Central del Paraguay.
También resultaría relevante determinar si hubo comunicaciones entre autoridades, funcionarios, representantes diplomáticos o personas vinculadas con el sector financiero que permitieran conocer anticipadamente las dificultades de la entidad.
El análisis debería distinguir los movimientos bancarios habituales de aquellos que pudieran presentar características excepcionales. Una transferencia de dinero, incluso por montos elevados, no demuestra por sí sola la existencia de una maniobra ilícita, por lo que cualquier eventual responsabilidad dependería de pruebas adicionales.
La investigación también permitiría establecer si las versiones sobre el Banco Nación y los fondos vinculados con Yacyretá tienen sustento documental o si corresponden a operaciones independientes de la crisis bancaria.
El colapso de Ueno Bank ya había tenido consecuencias económicas en territorio argentino debido a los problemas atravesados por ITTI, una empresa tecnológica vinculada con el conglomerado propietario de la entidad paraguaya.
La compañía, que opera en la Argentina mediante Kaitel SRL, emplea a más de 900 personas y comunicó dificultades para afrontar el pago de salarios, además de suspensiones temporales de trabajadores.
Ahora, las denuncias sobre posibles retiros anticipados de ahorristas argentinos agregan otro elemento al conflicto, aunque todavía no cuentan con respaldo documental independiente.
La situación también mantiene bajo atención las relaciones entre funcionarios públicos, organismos estatales y empresas financieras que operan a ambos lados de la frontera.
Mientras Paraguay intenta recuperar la estabilidad después de la destitución de Santiago Peña, la denuncia sobre presuntos retiros millonarios realizados por argentinos abre una nueva serie de interrogantes. La principal cuestión será determinar si esos movimientos efectivamente existieron y, de confirmarse, si respondieron a operaciones bancarias regulares o al eventual acceso anticipado a información sobre la crisis de Ueno Bank.
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