11 de noviembre de 2026
El juez Daniel Rafecas le impuso un año y tres meses de prisión en suspenso al agente de la Policía Federal Cristian Rivaldi. El efectivo también recibió una inhabilitación por atacar con gas pimienta a una menor de diez años y a su madre frente al Congreso, en septiembre de 2024.
Sentencia. El policía federal Cristian Miguel Rivaldi fue condenado a un año y tres meses de prisión en suspenso por gasear a una nena de diez años y a su madre durante una marcha de jubilados.
El juez federal Daniel Rafecas condenó este miércoles al policía Cristian Miguel Rivaldi a un año y tres meses de prisión en suspenso por haber rociado con gas pimienta a una nena de diez años y a su madre durante una manifestación de jubilados frente al Congreso Nacional. El efectivo fue encontrado responsable de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y lesiones leves, en un proceso que investigó el uso injustificado de la fuerza durante el operativo policial del 11 de septiembre de 2024.
La sentencia también estableció una inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena, equivalente a dos años y seis meses. Al tratarse de una pena de ejecución condicional, Rivaldi no deberá cumplirla en una cárcel, aunque la resolución constituye un antecedente judicial relevante por tratarse del primer agente de seguridad condenado por su actuación durante las movilizaciones semanales de jubilados.
Las víctimas fueron Fabrizia Pegoraro, que tenía diez años al momento de los hechos, y su madre, Carla Mariana Pegoraro, quienes participaban de una protesta en las inmediaciones de las avenidas Rivadavia y Callao. El caso adquirió repercusión nacional después de que las imágenes del ataque circularan por medios de comunicación y redes sociales, donde pudo observarse al efectivo utilizando el aerosol irritante contra ambas.
El episodio ocurrió el 11 de septiembre de 2024, durante una movilización convocada en defensa de los jubilados y en rechazo al veto del presidente Javier Milei a una reforma de los haberes previsionales.
En medio del operativo de seguridad desplegado alrededor del Congreso, los efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) recibieron la orden de avanzar para despejar la avenida Rivadavia. En ese momento, Fabrizia y su madre se encontraban sentadas sobre la calzada, sin agredir a los uniformados ni ofrecer resistencia.
Rivaldi, quien se desempeñaba en la División de Operaciones Urbanas de Contención de Actividades Deportivas (DOUCAD), utilizó el aerosol disuasivo que tenía asignado y roció a ambas con gas irritante desde una distancia reducida.
Las imágenes incorporadas al expediente permitieron reconstruir la secuencia y determinar la participación del efectivo. Según la acusación fiscal, el policía dirigió deliberadamente el dispositivo hacia las víctimas, pese a que ninguna representaba una amenaza para los integrantes de la fuerza.
Después del ataque, madre e hija recibieron asistencia de otras personas que participaban de la manifestación. Dos días más tarde, Fabrizia fue atendida en el Hospital Oftalmológico Santa Lucía, donde los profesionales le diagnosticaron conjuntivitis química, una lesión compatible con la exposición al gas irritante.
La investigación estuvo impulsada por el fiscal federal Eduardo Taiano, quien solicitó la elevación de la causa a juicio en octubre de 2025, después de analizar los registros audiovisuales, las declaraciones testimoniales y la documentación médica.
En su requerimiento, el representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que Rivaldi había actuado "de forma desmedida e injustificada, y a una corta distancia", al utilizar el gas contra dos personas que permanecían sentadas en la vía pública.
"Las imágenes son elocuentes", afirmó Taiano al describir los videos incorporados al expediente, que permitieron observar el momento en que el policía accionó el aerosol y la reacción de la menor después de recibir el impacto.
El fiscal también cuestionó que Rivaldi hubiera utilizado un dispositivo químico sin que existiera una agresión inminente que justificara esa intervención. Para fundamentar su acusación, recordó que las normas de actuación policial establecen que los efectivos deben recurrir a "la mínima fuerza necesaria y suficiente", especialmente cuando hay niños, mujeres embarazadas o adultos mayores.
La causa había llegado a juicio después de que la Cámara Federal de Buenos Aires confirmara el procesamiento del efectivo en julio de 2025. En aquella resolución, los camaristas consideraron que existían elementos suficientes para sostener que el policía había utilizado intencionalmente el gas contra dos personas que no representaban un peligro para la autoridad.
Durante la investigación, Rivaldi negó haber advertido la presencia de la menor y sostuvo que había recibido instrucciones de avanzar para dispersar a los manifestantes. También argumentó que se habían producido enfrentamientos con algunas personas y que el uso de elementos disuasivos respondía a las circunstancias del operativo.
El efectivo aseguró que, de haber visto a una niña entre los manifestantes, habría intentado retirarla del lugar para evitar que resultara lesionada. Sin embargo, la Fiscalía cuestionó esa versión y señaló que los videos mostraban que Rivaldi tenía parcialmente levantado el visor de su casco, circunstancia que le permitía observar con mayor claridad lo que ocurría frente a él.
El caso también generó controversia por las declaraciones realizadas desde el Ministerio de Seguridad, que entonces estaba encabezado por Patricia Bullrich. Después de que se difundieran las imágenes, la funcionaria cuestionó públicamente a la madre por haber llevado a su hija a una manifestación en la que podían producirse incidentes.
Por su parte, Alejandra Monteoliva, quien se desempeñaba como segunda autoridad de la cartera, planteó inicialmente que el gas podría haber sido arrojado por una persona ajena a las fuerzas federales, identificada por su vestimenta de color naranja. La hipótesis apuntaba hacia una mujer que desarrollaba tareas de asistencia durante la protesta.
No obstante, los elementos incorporados al expediente permitieron identificar a Rivaldi como el responsable del ataque, mientras que la explicación sobre la intervención de una tercera persona no encontró respaldo suficiente en los registros audiovisuales analizados por la Justicia.
La querella estuvo representada por el abogado Gregorio Dalbón, quien acompañó a Fabrizia y a su madre durante el proceso judicial y solicitó una condena para el integrante de la Policía Federal.
Antes del comienzo del juicio, el letrado había destacado la necesidad de determinar la responsabilidad penal individual del efectivo por el uso injustificado de la fuerza durante la manifestación.
"Se juzga una decisión individual de un funcionario público que usó la fuerza del Estado contra una nena y su mamá que no agredían a nadie", sostuvo Dalbón, quien también aclaró que el proceso no tenía como objeto juzgar a toda la institución policial ni a una política de seguridad en su conjunto.
El debate se desarrolló en una única jornada ante el juez Daniel Rafecas, con la incorporación de las pericias realizadas durante la investigación y la declaración de dos testigos ofrecidos por la defensa.
La sentencia estableció la responsabilidad penal de Rivaldi por el ataque contra madre e hija, después de más de dos años de investigación judicial y de un proceso que estuvo atravesado por la discusión sobre el uso de elementos químicos durante las manifestaciones públicas.
La condena adquiere una dimensión institucional porque el episodio ocurrió durante uno de los operativos de seguridad desplegados en el marco del protocolo antipiquetes, impulsado por Patricia Bullrich durante su gestión al frente del Ministerio de Seguridad.
La normativa establece criterios para la intervención de las fuerzas federales frente a protestas que afectan la circulación, pero también contempla límites al uso de la fuerza y medidas de protección para personas especialmente vulnerables.
Durante la investigación, Taiano sostuvo que la conducta del efectivo había vulnerado esas disposiciones, al utilizar un agente químico contra una menor y su madre cuando ambas permanecían sentadas y no ofrecían resistencia.
La sentencia no implica que el tribunal haya declarado ilegal la totalidad del protocolo ni atribuye responsabilidad penal a las autoridades políticas que lo impulsaron. Su alcance se concentra en la actuación concreta de Rivaldi durante la manifestación del 11 de septiembre de 2024.
Sin embargo, el fallo constituye un antecedente para el análisis judicial de intervenciones policiales durante protestas, especialmente cuando se utilizan elementos disuasivos contra personas que no representan una amenaza.
Con la condena de Cristian Miguel Rivaldi, la Justicia estableció una responsabilidad penal por uno de los episodios más cuestionados de los operativos desarrollados durante las marchas de jubilados. El policía recibió un año y tres meses de prisión en suspenso y una inhabilitación especial, mientras el caso vuelve a instalar el debate sobre los límites de la actuación de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones públicas.
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