12 de noviembre de 2026
Eduardo Taiano cuestionó el pedido de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas para retomar la investigación por la presunta criptoestafa. Mientras el Presidente y su hermana mantienen sus sobreseimientos, la Justicia deberá definir si el expediente continúa cerrado.
Festejo. El fiscal Eduardo Taiano rechazó reabrir la causa $LIBRA y ratificó su posición favorable al sobreseimiento de Javier y Karina Milei.
El fiscal federal Eduardo Taiano rechazó el pedido para reabrir la causa $LIBRA y ratificó su postura a favor del sobreseimiento del presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y otros nueve imputados. La decisión, conocida este jueves, se produjo después de que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) solicitara asumir la investigación por considerar que el expediente había sido cerrado de manera prematura y todavía existían medidas de prueba pendientes.
El pronunciamiento representa un nuevo respaldo al cierre de la causa por la presunta criptoestafa que se originó tras la promoción del token por parte del mandatario en febrero de 2025. Sin embargo, el rechazo de Taiano no constituye una resolución judicial definitiva, ya que será el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi quien deberá determinar si admite el planteo de la PIA o mantiene el criterio que permitió sobreseer a los acusados.
La controversia también expone diferencias dentro del propio Ministerio Público Fiscal. Mientras Taiano considera que las pruebas reunidas no permiten atribuir delitos a los funcionarios investigados, Sergio Rodríguez, titular de la PIA, sostiene que todavía existen elementos que justifican continuar con la pesquisa y revisar las responsabilidades de quienes participaron del lanzamiento de la criptomoneda.
En un escrito presentado ante la Justicia, el fiscal Eduardo Taiano cuestionó los argumentos utilizados por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas para reclamar la reapertura del expediente. El funcionario judicial defendió su actuación durante la instrucción y sostuvo que las pruebas reunidas respaldan la decisión de dar por concluida la investigación.
"Como Fiscal interviniente durante toda la sustanciación del proceso, es que sostengo el criterio propugnado al momento de solicitar el sobreseimiento de los nombrados en estas actuaciones", expresó Taiano en su presentación, según informó la Agencia Noticias Argentinas.
El fiscal también calificó de "sorpresiva" la intervención del organismo especializado en investigar hechos de corrupción, debido a que había tenido acceso al expediente durante un período limitado de 2025. Según su interpretación, esa circunstancia impedía que la PIA conociera la totalidad de los elementos probatorios incorporados posteriormente.
Taiano consideró "desacertada" la conclusión de Rodríguez y sostuvo que sus cuestionamientos estaban basados en "afirmaciones antojadizas, más propias de un conversatorio televisivo que de los datos que surgen del expediente".
Aunque rechazó los fundamentos utilizados para solicitar la reapertura, el fiscal aclaró que no tenía objeciones procesales respecto de la posibilidad formal de presentar el planteo. De esta manera, distinguió entre la admisibilidad del pedido y su desacuerdo con los argumentos utilizados para cuestionar el cierre de la investigación.
La intervención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas se produjo después de que el juez Martínez de Giorgi sobreseyera a los once imputados en octubre, siguiendo el criterio previamente expresado por Taiano.
El organismo encabezado por Sergio Rodríguez consideró que la resolución había sido prematura porque todavía existían aspectos de la operatoria de $LIBRA que no habían sido suficientemente esclarecidos. Para la PIA, los elementos reunidos no justificaban dar por terminada la investigación y correspondía continuar produciendo pruebas antes de adoptar una decisión definitiva.
"No existió un agotamiento de la investigación, sino todo lo contrario", sostuvo Rodríguez al fundamentar el planteo que busca reactivar el expediente. La presentación también cuestionó que el cierre se hubiera dispuesto sin completar determinadas medidas y sin esclarecer completamente los vínculos entre los involucrados.
Entre los aspectos pendientes, la Procuraduría mencionó la necesidad de profundizar las investigaciones sobre la difusión del contrato del token, así como revisar documentación y peritajes tecnológicos incorporados durante la instrucción.
El organismo también pidió evaluar otras posibles figuras penales una vez completada la recolección de pruebas. Sin embargo, reconoció que los elementos disponibles todavía no resultaban suficientes para solicitar declaraciones indagatorias, una circunstancia que no modificó su posición contraria al cierre definitivo del caso.
El conflicto judicial comenzó el 22 de octubre, cuando Taiano solicitó dar por concluida la investigación y sobreseer a Javier Milei, Karina Milei y los otros nueve imputados por considerar que los hechos analizados no configuraban los delitos denunciados.
Al día siguiente, el juez Marcelo Martínez de Giorgi aceptó el planteo y dictó los sobreseimientos. La decisión alcanzó tanto al Presidente y a la secretaria general de la Presidencia como a empresarios, intermediarios y otras personas vinculadas con el lanzamiento del activo digital.
Para fundamentar el cierre, la Fiscalía sostuvo que no se habían acreditado maniobras de engaño penalmente relevantes en la comercialización de la criptomoneda. También consideró que la publicación realizada por Milei en su cuenta personal de X no constituía, por sí misma, un acto administrativo oficial ni permitía establecer una conducta delictiva.
Respecto de Karina Milei, Taiano sostuvo que las pruebas reunidas no acreditaban su participación en maniobras de tráfico de influencias vinculadas con los empresarios investigados. El análisis fiscal también tuvo en cuenta informes de organismos estatales sobre el carácter de las publicaciones presidenciales y la ausencia de actos oficiales relacionados con el proyecto.
No obstante, esos argumentos fueron cuestionados por quienes buscan reabrir la causa. La PIA considera que todavía existen interrogantes sobre las relaciones entre los participantes, la operatoria del lanzamiento y las circunstancias en las que el Presidente difundió el activo.
La discusión por el futuro del expediente tiene otro frente abierto en la Cámara Federal de Casación Penal, donde se analiza la situación de dos damnificados que habían participado de la investigación como querellantes y posteriormente fueron apartados.
La intervención del tribunal resulta importante porque, si las víctimas recuperan su condición de querellantes, podrían impulsar una revisión de los sobreseimientos dictados en octubre. Por el momento, esa posibilidad depende de una resolución que todavía no fue adoptada y que, según las previsiones judiciales, podría conocerse durante 2027.
La presentación de la PIA también estuvo vinculada con planteos realizados por el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), organizaciones que cuestionaron la decisión de cerrar el caso.
Para estos sectores, el expediente todavía requiere medidas destinadas a esclarecer la actuación de los funcionarios y empresarios involucrados. En cambio, Taiano sostiene que los cuestionamientos expresan diferencias en la interpretación de las pruebas, pero no justifican prolongar la investigación.
De esta manera, la controversia continúa abierta tanto por el pedido de intervención de la fiscalía especializada en corrupción como por la posibilidad de que las víctimas recuperen su participación procesal.
El caso $LIBRA comenzó el 14 de febrero de 2025, cuando Javier Milei publicó en su cuenta de X un mensaje en el que difundía el lanzamiento de una criptomoneda presentada como una iniciativa destinada a financiar emprendimientos en la Argentina.
Después de la publicación presidencial, el precio del activo registró una suba extraordinaria y posteriormente sufrió un desplome que provocó pérdidas entre numerosos inversores. La secuencia generó denuncias judiciales y cuestionamientos políticos por el papel del mandatario en la promoción del proyecto.
Entre los principales protagonistas de la investigación aparecieron el empresario estadounidense Hayden Davis, vinculado con la creación del token, y los intermediarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, quienes habían mantenido contactos con el entorno presidencial.
Las denuncias buscaron determinar si existió una maniobra fraudulenta y si alguno de los funcionarios investigados había utilizado su posición institucional para favorecer intereses privados.
Milei sostuvo públicamente que había actuado de buena fe y negó haber participado de una estafa. Posteriormente eliminó la publicación original y argumentó que no conocía todos los detalles del proyecto cuando decidió difundirlo.
Después del rechazo de Eduardo Taiano, el futuro inmediato de la causa $LIBRA quedó en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien deberá analizar el planteo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y determinar si corresponde habilitar una nueva instancia de investigación.
La decisión judicial deberá resolver si el organismo especializado puede asumir el impulso de la acción penal y continuar con la producción de pruebas, o si se mantiene el criterio utilizado para cerrar el expediente en octubre.
Para el Gobierno nacional, la continuidad de los sobreseimientos representa una situación procesal favorable, aunque la controversia todavía no está definitivamente resuelta. La eventual reincorporación de los querellantes también podría abrir una nueva discusión sobre el alcance de las resoluciones que beneficiaron al Presidente y a su hermana.
La disputa tiene relevancia institucional porque enfrenta dos interpretaciones dentro del Ministerio Público Fiscal sobre los elementos necesarios para dar por concluida una investigación que involucra a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo.
Con su nuevo dictamen, Eduardo Taiano volvió a respaldar el sobreseimiento de Javier y Karina Milei y rechazó los argumentos para reabrir el caso $LIBRA. Sin embargo, la última palabra todavía no está dicha: la Justicia deberá resolver el planteo de la PIA, mientras Casación mantiene abierta la discusión sobre la participación de los damnificados.
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