12 de noviembre de 2026
Una denuncia presentada ante la Legislatura provincial acusa al gobernador de presunto mal desempeño por demoras en las transferencias a Río Grande. El municipio reclama $17.294 millones y el planteo recupera el antecedente de Jorge Colazo, destituido en 2005 por un conflicto similar.
Presión. El gobernador Gustavo Melella enfrenta un pedido de juicio político por presuntas demoras en la transferencia de fondos de coparticipación al municipio de Río Grande.
El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, quedó en el centro de una nueva controversia institucional después de que se presentara un pedido de juicio político en su contra por presunto mal desempeño del cargo y retención indebida de fondos coparticipables. La denuncia, ingresada formalmente a la Legislatura provincial el miércoles 11 de noviembre, sostiene que el mandatario incumplió sus obligaciones constitucionales al demorar las transferencias de recursos que corresponden al municipio de Río Grande.
La presentación fue realizada por el periodista Carlos Roberto Muzón, quien solicitó que se investigue la conducta del gobernador a partir de la deuda que reclama la administración municipal encabezada por Martín Pérez. Según la documentación incorporada al expediente legislativo, el Gobierno provincial acumularía obligaciones pendientes por $17.294 millones, correspondientes a coparticipación, regalías y otros recursos, con demoras que superarían los 45 días.
El planteo adquiere especial relevancia porque recupera un antecedente de la historia política fueguina: la destitución del gobernador Jorge Colazo en diciembre de 2005, después de un juicio político que también involucró incumplimientos en la transferencia de recursos a Río Grande. Sin embargo, la presentación contra Melella todavía debe ser evaluada por la Legislatura y no implica que se haya iniciado formalmente el proceso de destitución.
El pedido de juicio político fue fundamentado en los artículos 114, 115 y 135 de la Constitución de Tierra del Fuego, que establecen las obligaciones de los funcionarios provinciales y los mecanismos de responsabilidad política.
Muzón sostiene que el Ejecutivo fueguino habría incumplido reiteradamente su obligación de transferir en tiempo y forma los recursos correspondientes al municipio. Para respaldar su planteo, incorporó documentación relacionada con la evolución de la deuda, las intimaciones realizadas por las autoridades municipales y los antecedentes del conflicto financiero.
La Constitución provincial establece que la remisión de los fondos coparticipables a las municipalidades y comunas debe realizarse dentro de los plazos correspondientes. El incumplimiento de esa obligación puede constituir una falta grave, aunque su eventual configuración debe ser determinada mediante el procedimiento institucional previsto por la normativa.
El denunciante considera que las demoras atribuidas a la administración de Melella justifican activar ese mecanismo de control. En consecuencia, solicitó que la Legislatura constituya una comisión investigadora y evalúe si existen elementos suficientes para formular una acusación contra el mandatario.
La presentación fue recibida por el Poder Legislativo provincial, según consta en la documentación difundida por medios fueguinos. Hasta el momento, no existe una resolución legislativa que haya declarado responsable al gobernador ni que disponga su suspensión o destitución.
El conflicto financiero se intensificó el 30 de octubre, cuando el municipio de Río Grande formalizó un reclamo ante el Gobierno provincial por una deuda acumulada de $17.294 millones.
La cifra comprende recursos de coparticipación, regalías y conceptos vinculados con el Bono de Compensación, según la información difundida por la administración municipal. Las autoridades locales sostienen que las demoras en las transferencias superaron los 45 días y que esa situación afecta la previsibilidad financiera del municipio.
Uno de los elementos mencionados en la denuncia corresponde a la liquidación definitiva de coparticipación de julio de 2026. Según el planteo, los recursos correspondientes a ese período fueron remitidos recién el 19 de octubre, una demora que el denunciante considera incompatible con las obligaciones constitucionales de la Provincia.
El conflicto tiene consecuencias sobre la administración municipal porque los fondos coparticipables representan una fuente importante de financiamiento para los servicios públicos, el pago de compromisos y el funcionamiento de las distintas áreas del Estado local.
Desde Río Grande advierten que la falta de regularidad en las transferencias dificulta la planificación presupuestaria y obliga a reorganizar recursos destinados a las necesidades de los vecinos.
La deuda denunciada todavía debe ser examinada mediante la documentación contable correspondiente. El monto de $17.294 millones surge del reclamo municipal y no constituye, por sí mismo, una deuda certificada mediante una resolución definitiva de los organismos de control.
La controversia se profundizó después de una reunión realizada el 3 de noviembre en Ushuaia, en la que participaron el ministro de Economía provincial, Alejandro Barrozo, y representantes de los municipios de Río Grande, Ushuaia y Tolhuin.
Durante el encuentro, las autoridades municipales reclamaron una solución para las transferencias pendientes y solicitaron que la Provincia estableciera un cronograma de cancelación. Sin embargo, según los representantes de Río Grande, la reunión terminó sin una propuesta concreta para regularizar los recursos adeudados.
La secretaria de Finanzas municipal, Valeria Capotorto, expresó su preocupación por la falta de respuestas después de participar de las negociaciones con el equipo económico fueguino.
"No hemos obtenido ninguna propuesta de cancelación de la deuda", afirmó la funcionaria, quien también cuestionó que los recursos pertenecientes a los municipios no fueran transferidos dentro de los plazos correspondientes.
Desde la administración de Martín Pérez sostienen que la situación compromete la autonomía financiera municipal y limita la capacidad de atender las necesidades de la población.
El desacuerdo también involucra a otros municipios fueguinos, aunque la presentación de juicio político está fundamentada principalmente en los recursos reclamados por Río Grande.
Uno de los aspectos centrales de la denuncia es la comparación con el caso del exgobernador Jorge Colazo, quien fue destituido mediante un juicio político el 2 de diciembre de 2005.
Aquel procedimiento incluyó acusaciones relacionadas con el incumplimiento de obligaciones constitucionales en la transferencia de fondos de coparticipación federal a la Municipalidad de Río Grande.
El proceso se desarrolló ante la Legislatura provincial y concluyó con una votación que determinó la responsabilidad política del entonces mandatario. Como consecuencia, Colazo fue separado de su cargo y recibió una inhabilitación de cuatro años para ejercer funciones públicas.
Muzón incorporó a su presentación un resumen del Diario de Sesiones correspondiente a aquella jornada, con el objetivo de demostrar que la Legislatura fueguina ya había considerado las irregularidades en la transferencia de fondos municipales como una posible causal de destitución.
El antecedente representa un elemento de relevancia para el planteo, aunque no significa que la situación actual sea jurídicamente idéntica ni que la responsabilidad de Melella esté demostrada.
Para establecer si corresponde aplicar una sanción institucional, la Legislatura deberá analizar las circunstancias específicas, los montos involucrados, las obligaciones legales y las eventuales explicaciones del Gobierno provincial.
La denuncia incorpora otro aspecto políticamente significativo: los reclamos que el propio Gustavo Melella realizó cuando era intendente de Río Grande, antes de asumir la Gobernación.
Según la documentación presentada, en agosto de 2013 Melella envió una carta documento a la Tesorería General de Tierra del Fuego para exigir la transferencia de recursos atrasados. En aquella oportunidad, el entonces jefe municipal advirtió que podría recurrir a la Justicia si la administración provincial no regularizaba los pagos.
El escrito también recupera un reclamo de septiembre de 2019, cuando Melella ya había sido elegido gobernador, pero todavía continuaba al frente de la Intendencia. En ese momento, cuestionó una deuda provincial que superaba los $285 millones y pidió establecer un cronograma para cancelar los compromisos pendientes.
Para Muzón, esos antecedentes demuestran que el actual mandatario conocía la importancia institucional de garantizar las transferencias municipales y que, durante su gestión local, había exigido el cumplimiento de obligaciones similares a las que ahora se le reclama respetar.
La presentación también menciona el denominado sistema de goteo diario, un mecanismo destinado a transferir automáticamente los recursos coparticipables a los municipios para evitar retrasos administrativos.
El denunciante sostiene que Melella había defendido ese sistema durante su etapa municipal, aunque posteriormente adoptó decisiones diferentes cuando llegó al Poder Ejecutivo provincial.
La comparación representa uno de los principales argumentos políticos del pedido de juicio político, pero su alcance jurídico deberá ser evaluado por la Legislatura en caso de que la denuncia avance.
Además de solicitar el juicio político, Carlos Roberto Muzón presentó pedidos de acceso a la información pública ante distintos organismos de control para reunir documentación que respalde sus acusaciones.
Entre las instituciones alcanzadas aparecen el Tribunal de Cuentas de la Provincia, el Tribunal de Cuentas Municipal y la Secretaría de Finanzas de Río Grande.
El denunciante solicitó informes relacionados con las transferencias de coparticipación, las liquidaciones realizadas durante 2025 y 2026 y los montos que permanecen pendientes de pago.
También pidió certificar deudas correspondientes a períodos anteriores, entre ellas una estimación de aproximadamente $11.000 millones al cierre de 2025 y otra referencia de $16.000 millones vinculada con documentación municipal.
Estas cifras corresponden a distintos momentos y solicitudes de certificación, por lo que no deben sumarse automáticamente ni confundirse con los $17.294 millones reclamados en octubre de 2026.
El pedido incluye copias de la intimación realizada por el municipio el 30 de octubre, del acta de la reunión con el Ministerio de Economía del 3 de noviembre y de la liquidación de coparticipación correspondiente a julio.
El objetivo es determinar la evolución de los recursos adeudados y establecer si existen elementos documentales suficientes para fundamentar un procedimiento de responsabilidad política contra el gobernador.
La presentación ingresada a la Legislatura de Tierra del Fuego no significa que el gobernador haya sido sometido formalmente a un juicio político.
De acuerdo con el procedimiento previsto en la Constitución provincial, la denuncia debe atravesar una etapa de evaluación y eventualmente dar lugar a la intervención de una comisión investigadora y de la Sala Acusadora.
Para que el proceso avance hacia una instancia de juzgamiento se requiere una mayoría agravada de los integrantes del órgano legislativo correspondiente. Durante el procedimiento deben garantizarse las posibilidades de defensa del funcionario denunciado y el análisis de las pruebas presentadas.
Muzón solicitó que se investigue la conducta de Melella y que, en caso de acreditarse la responsabilidad por mal desempeño, se disponga su destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Sin embargo, esa consecuencia constituye una pretensión del denunciante y no una decisión adoptada por la Legislatura.
La continuidad del trámite dependerá de la evaluación política y jurídica que realicen los legisladores, así como de la documentación que puedan aportar los organismos de control y las partes involucradas.
El pedido de juicio político se produce en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno provincial y la administración municipal de Martín Pérez, que mantiene reclamos por los recursos necesarios para sostener el funcionamiento de Río Grande.
Las diferencias exceden una discusión administrativa, debido a que la coparticipación constituye uno de los principales instrumentos de financiamiento de los municipios y está vinculada directamente con su autonomía económica.
La presidenta del Concejo Deliberante de Río Grande, Guadalupe Zamora, también cuestionó las demoras en las transferencias y advirtió que la situación condiciona la planificación presupuestaria local.
"El ajuste de Milei y la retención de fondos de Melella condicionan el futuro de Río Grande", sostuvo la dirigente, quien señaló que las restricciones financieras afectan la capacidad municipal para responder a las necesidades de la comunidad.
La controversia también adquirió relevancia por el antecedente de Jorge Colazo y por el hecho de que Melella había formulado reclamos similares durante sus años como intendente.
Con una deuda municipal denunciada por más de $17.000 millones y un pedido formal de juicio político, Gustavo Melella enfrenta un nuevo frente de conflicto institucional en Tierra del Fuego. La Legislatura deberá determinar si corresponde avanzar con la investigación, mientras la administración de Río Grande continúa reclamando la regularización de los fondos coparticipables.
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