14 de noviembre de 2026
La Casa Rosada eliminó los beneficios fijos del 30% y el 50% para las unidades que utilizan energías alternativas y modificó el sistema de compensaciones en el AMBA. Las compañías advierten que la decisión podría paralizar proyectos de renovación de flotas, pese a que el ahorro fiscal será prácticamente nulo.
Motosierra. El Gobierno de Javier Milei eliminó los incentivos fijos para colectivos a gas y eléctricos, una medida que genera preocupación por las inversiones en transporte sustentable.
El Gobierno de Javier Milei avanzó con una nueva modificación del sistema de subsidios al transporte público y eliminó los incentivos fijos del 30% para los colectivos a gas natural comprimido (GNC) y del 50% para las unidades eléctricas que operan en las líneas de jurisdicción nacional del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La decisión generó preocupación entre las empresas del sector, que advierten sobre una posible paralización de inversiones destinadas a incorporar vehículos menos contaminantes.
La medida fue establecida mediante la Resolución 83/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada el viernes 13 de noviembre en el Boletín Oficial y firmada por Mariano Ignacio Plencovich. La normativa reemplaza los porcentajes fijos por una metodología basada en los costos operativos de cada tecnología, lo que podría reducir considerablemente los recursos que perciben las compañías que utilizan colectivos a gas y electricidad.
El cambio tiene una particularidad: su impacto sobre las cuentas públicas será prácticamente insignificante, debido a que solamente 36 de los 6.855 colectivos que dependen de la jurisdicción nacional en el AMBA utilizan esas tecnologías. Sin embargo, desde el sector empresario advierten que la eliminación de los beneficios podría afectar proyectos de inversión y modificar las condiciones económicas bajo las cuales se adquirieron nuevas unidades.
Hasta ahora, el sistema de compensaciones contemplaba un reconocimiento diferencial para las empresas que incorporaran unidades impulsadas por energías alternativas al gasoil.
En enero de 2026, la Secretaría de Transporte había establecido un adicional del 30% por pasajero transportado en colectivos a GNC y del 50% en unidades eléctricas. El objetivo era incentivar la renovación de las flotas mediante tecnologías que permitieran reducir el consumo de combustibles tradicionales y avanzar hacia un sistema de movilidad menos contaminante.
El esquema había sido ratificado a fines de mayo, pero ahora el Gobierno decidió modificarlo mediante una nueva metodología de cálculo de las compensaciones tarifarias.
La resolución reemplaza los porcentajes fijos por una Tarifa Teórica de Referencia (TTR) determinada según el costo por kilómetro correspondiente a cada tecnología: gasoil, GNC o electricidad. El sistema también contempla el costo de adquisición de las unidades, la amortización de infraestructura y los gastos financieros asociados con las inversiones.
En términos prácticos, esto significa que las empresas dejarán de recibir automáticamente un porcentaje adicional por transportar pasajeros en colectivos a gas o eléctricos. El reconocimiento económico dependerá de los parámetros de costos establecidos por la autoridad nacional.
La metodología será aplicada a las liquidaciones correspondientes a octubre de 2026 y los períodos posteriores, según establece la normativa oficial.
La eliminación de los beneficios fijos provocó cuestionamientos entre los empresarios del transporte, que consideran que el Gobierno modificó las condiciones económicas utilizadas para justificar inversiones en unidades de menor impacto ambiental.
Según informó Ámbito, fuentes del sector estiman que el nuevo diferencial reconocido para los colectivos a GNC podría ubicarse entre el 6% y el 14% por kilómetro, dependiendo de los costos considerados por la Secretaría de Transporte.
De confirmarse esas estimaciones, las compensaciones serían considerablemente inferiores al adicional del 30% que estaba vigente hasta ahora. Las empresas advierten que el cambio podría reducir los ingresos previstos para amortizar vehículos que requieren mayores desembolsos iniciales.
Otro aspecto que genera preocupación es la posibilidad de que la autoridad de aplicación modifique periódicamente los parámetros de cálculo. Mientras el esquema anterior establecía porcentajes determinados, la nueva metodología permite revisar los valores de acuerdo con la evolución de los costos y las condiciones económicas del sistema.
Para las compañías, esa modificación introduce incertidumbre sobre la rentabilidad de futuras inversiones y dificulta proyectar la recuperación del capital destinado a renovar las flotas.
Fuentes empresariales consultadas por Ámbito señalaron que algunas líneas nacionales podrían suspender inversiones que tenían previstas, debido a la reducción de los incentivos y a la falta de previsibilidad sobre las compensaciones futuras.
Entre las compañías que podrían verse perjudicadas aparece Metropol, uno de los principales operadores de transporte de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires.
La empresa inició un proceso de transformación de su flota mediante la incorporación de unidades impulsadas por gas natural comprimido. En ese marco, realizó una inversión de aproximadamente US$45 millones para importar 149 colectivos desde China, destinados a circular en la Ciudad de Buenos Aires.
La adquisición fue impulsada mediante incentivos establecidos por el Gobierno porteño para favorecer la incorporación de vehículos menos contaminantes. Sin embargo, el nuevo esquema nacional modifica las condiciones económicas para los servicios que dependen de la Secretaría de Transporte de la Nación.
La situación expone las diferencias entre las políticas de promoción de energías alternativas aplicadas por distintas jurisdicciones del AMBA.
Mientras la administración porteña impulsó incentivos para la incorporación de colectivos a gas, el Gobierno nacional decidió abandonar los porcentajes fijos de reconocimiento económico y reemplazarlos por un sistema que depende de los costos de cada tecnología.
Es importante distinguir ambos esquemas: la resolución nacional se aplica a los servicios bajo jurisdicción de la Nación y no elimina automáticamente los incentivos que pueda mantener el Gobierno de la Ciudad.
Uno de los aspectos más llamativos de la medida es que la reducción de los beneficios tendrá un impacto limitado sobre el gasto público.
Según los datos oficiales citados por Ámbito, el sistema de colectivos bajo jurisdicción nacional en el AMBA está integrado por 6.855 unidades, de las cuales solamente 33 funcionan con GNC y tres utilizan electricidad.
Esto significa que los vehículos alcanzados directamente por la eliminación de los porcentajes fijos representan aproximadamente el 0,5% del parque automotor comprendido en el sistema.
Por ese motivo, el ahorro fiscal derivado del cambio será prácticamente insignificante en comparación con el volumen total de recursos destinados a subsidiar el transporte público.
Sin embargo, las consecuencias podrían ser mayores sobre las decisiones de inversión de las empresas, especialmente si las nuevas condiciones económicas desalientan la incorporación de tecnologías alternativas.
La preocupación del sector no se concentra únicamente en las unidades que actualmente circulan, sino también en los proyectos de renovación de flotas que podrían quedar suspendidos ante la modificación de los incentivos.
La resolución se inscribe en una reorganización más amplia del sistema de compensaciones económicas que reciben las empresas de transporte público.
De acuerdo con los datos de la Administración Pública Nacional (APN), durante septiembre de 2026 el gasto destinado a subsidios para colectivos alcanzó los $161.750 millones, lo que representó un incremento real del 67,6% respecto del mismo período del año anterior.
Para octubre, en cambio, la Secretaría de Transporte estableció compensaciones por $101.728,45 millones, según la Resolución 80/2026, publicada a comienzos de noviembre. Ese monto representó una reducción real del 13% en comparación con octubre de 2025.
La misma normativa autorizó el pago de $38.840,84 millones adicionales por diferencias de recaudación acumuladas entre junio y septiembre, que comenzarán a liquidarse durante noviembre.
El nuevo esquema de cálculo de las tarifas de referencia se aplicará sobre una estructura de costos vigente entre octubre de 2026 y enero de 2027.
La modificación no supone la eliminación general de los subsidios al transporte, sino una redefinición de los criterios utilizados para distribuir las compensaciones entre las empresas que operan con diferentes tecnologías.
Frente a las críticas empresariales, la Secretaría de Transporte defendió la resolución y sostuvo que la nueva metodología no implica abandonar la política de promoción de energías alternativas.
Desde el organismo explicaron que el objetivo es reemplazar porcentajes uniformes por un sistema de compensaciones basado en los costos reales de operación, inversión y financiamiento de cada tecnología.
La dependencia del Ministerio de Economía aseguró que los incentivos a la transición energética se mantienen, aunque ahora estarán vinculados con parámetros técnicos que podrán actualizarse según la evolución del sector.
En ese sentido, la Secretaría argumentó que el sistema anterior podía generar diferencias entre los beneficios otorgados y los costos efectivamente afrontados por las empresas.
Para el Gobierno, la nueva metodología permitirá distribuir los recursos de manera más transparente y evitar distorsiones entre los operadores que utilizan gasoil, GNC y electricidad.
Sin embargo, las compañías cuestionan que el cambio se haya implementado después de que algunas empresas realizaran inversiones bajo el esquema anterior. La discusión enfrenta así dos criterios diferentes: la intención oficial de ajustar las compensaciones a los costos y el reclamo empresario por mantener condiciones previsibles para recuperar las inversiones.
La modificación anunciada por el Gobierno afecta principalmente al sistema de compensaciones que reciben las empresas y no establece por sí misma un aumento inmediato del boleto de colectivo.
La resolución mantiene la estructura general de tarifas y contempla los mecanismos de cálculo asociados con los servicios comunes, expresos y expresos por autopista.
En consecuencia, el cambio no significa que los pasajeros deban afrontar automáticamente un incremento del 30% o del 50% en sus pasajes. Esos porcentajes correspondían a reconocimientos económicos para las empresas, no a descuentos directos aplicados sobre el precio del boleto.
De todas formas, la evolución de los subsidios continúa siendo una variable importante para la economía del transporte público, debido a que influye sobre los ingresos de las compañías y los costos que el Estado reconoce para mantener las prestaciones.
El impacto de la nueva metodología dependerá de las futuras liquidaciones y de la manera en que la Secretaría de Transporte actualice los parámetros correspondientes a cada tecnología.
La decisión del Gobierno de Javier Milei vuelve a instalar el debate sobre los incentivos económicos necesarios para modernizar el transporte público argentino.
Los colectivos a gas natural comprimido y los eléctricos permiten diversificar las fuentes de energía utilizadas por el sistema, aunque su incorporación requiere inversiones importantes en vehículos, infraestructura y mantenimiento.
Para las empresas, la existencia de reglas económicas previsibles constituye un factor determinante al momento de decidir la adquisición de nuevas unidades. Desde esa perspectiva, la eliminación de los porcentajes fijos podría retrasar proyectos que apuntaban a reducir la dependencia del gasoil.
El Gobierno, por su parte, sostiene que la transición energética debe realizarse mediante criterios que reflejen los costos de cada tecnología y permitan asignar los recursos públicos de manera más eficiente.
Con la Resolución 83/2026, la administración de Milei modificó los incentivos que habían sido establecidos para promover colectivos a gas y eléctricos. Aunque el ahorro fiscal será prácticamente nulo por la escasa cantidad de unidades alcanzadas, las empresas advierten que las nuevas condiciones podrían frenar inversiones y complicar la renovación tecnológica del transporte público.
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