14 de noviembre de 2026
La Casa Rosada asegura contar con las firmas necesarias para obtener dictamen el próximo martes, pero todavía necesita sumar aliados para llegar a la mayoría requerida en el recinto. Santilli negocia con gobernadores, mientras Bullrich se mantiene al margen de las conversaciones.
Confianza. El Gobierno de Javier Milei asegura contar con los votos necesarios para dictaminar la suspensión de las PASO en el Senado, mientras Diego Santilli negocia con los gobernadores.
El Gobierno de Javier Milei dio un paso importante en su intento de suspender las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de 2027, después de asegurar los apoyos necesarios para avanzar con el dictamen de la reforma electoral en el Senado. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, La Libertad Avanza cuenta con el respaldo de 10 de los 19 integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que se reunirá el próximo martes para discutir la iniciativa.
El avance parlamentario representa una señal favorable para la estrategia de la Casa Rosada, aunque todavía no garantiza la aprobación de la reforma. El oficialismo necesita alcanzar 37 votos en el recinto y actualmente dispone de 21 senadores propios, por lo que deberá conseguir al menos 16 respaldos adicionales entre la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y los bloques provinciales.
Las negociaciones quedaron principalmente en manos del jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien mantiene conversaciones con gobernadores y dirigentes aliados para consolidar una mayoría antes de la sesión que el oficialismo pretende realizar el 26 de noviembre. Las tratativas también quedaron atravesadas por las diferencias entre Patricia Bullrich y Karina Milei, así como por los reclamos de algunos legisladores para incorporar otros puntos a la reforma política.
La primera instancia decisiva tendrá lugar el martes a las 15, cuando la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, presidida por el legislador libertario Agustín Coto, se reúna para analizar el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo.
El cuerpo parlamentario está integrado por 19 senadores, por lo que el oficialismo necesita reunir diez firmas para emitir un dictamen favorable. La Libertad Avanza cuenta con seis integrantes propios y debe conseguir el acompañamiento de al menos cuatro representantes de otras fuerzas políticas para habilitar el tratamiento en el recinto.
Según la información publicada por Noticias Argentinas, el Gobierno considera que ya consiguió esa mayoría mediante acuerdos con legisladores aliados. Entre los respaldos mencionados aparecen Carlos Mauricio Espínola y Alejandra Vigo, vinculados con Provincias Unidas, y el radical Eduardo Vischi, mientras que también se negocia la incorporación del mendocino Rodolfo Suárez.
La situación todavía presenta algunas incertidumbres porque varios legisladores no anunciaron públicamente su posición definitiva. Entre ellos aparece Carolina Moisés, quien, de acuerdo con fuentes parlamentarias, dará a conocer su decisión el lunes, antes de la reunión de comisión.
La intención del oficialismo es obtener el dictamen sin nuevas demoras y trasladar rápidamente la discusión al recinto. Sin embargo, contar con las firmas para avanzar en comisión no significa disponer de los votos necesarios para aprobar la reforma, una diferencia que obliga al Gobierno a mantener abiertas las negociaciones.
El principal desafío de la administración libertaria será conseguir la mayoría absoluta del Senado, requisito establecido para modificar la legislación electoral nacional.
Con 21 bancas propias, La Libertad Avanza necesita sumar otros 16 senadores para alcanzar los 37 votos requeridos. La estrategia oficialista contempla incorporar respaldos de la UCR, el PRO y los bloques provinciales, aunque cada espacio mantiene condiciones particulares para acompañar la iniciativa.
Entre los radicales, el Gobierno considera favorables a Eduardo Vischi, Mercedes Valenzuela, Silvina Schneider, Eduardo Galaretto y Carolina Losada. También busca sumar a los mendocinos Rodolfo Suárez y Mariana Juri, cuyos posicionamientos están vinculados con las conversaciones que mantiene Santilli con el gobernador Alfredo Cornejo.
En esas negociaciones aparece una discusión electoral provincial. Según Noticias Argentinas, uno de los planteos atribuidos al mandatario mendocino está relacionado con la posibilidad de que Luis Petri compita por la Gobernación, una cuestión que podría influir en el respaldo de los senadores de esa provincia.
En cambio, los radicales Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger mantienen su oposición a la suspensión de las primarias. Los tres consideran necesario conservar ese mecanismo para definir candidaturas y ordenar las disputas internas de las fuerzas políticas.
El Gobierno también busca incorporar a los tres representantes del PRO, aunque el bloque todavía no comprometió sus votos y espera conocer el texto definitivo que impulsará el oficialismo.
La posición del PRO constituye otro de los principales obstáculos para que el Gobierno consiga la media sanción antes de fin de mes. Los senadores Martín Goerling Lara, Andrea Cristina y Victoria Huala tienen previsto definir su postura durante el lunes, después de analizar las modificaciones que La Libertad Avanza pretende introducir al proyecto original.
Goerling Lara manifestó que todavía no existe claridad sobre el alcance definitivo de la iniciativa y advirtió que el debate no debería limitarse a una modificación aislada del calendario electoral.
"Queremos ser serios y discutir todo", expresó el legislador en declaraciones a Noticias Argentinas, después de señalar que aparentemente el oficialismo presentará cambios respecto del proyecto que había ingresado originalmente al Congreso.
La discusión también incluye la posibilidad de incorporar la iniciativa de Ficha Limpia, que busca establecer restricciones a las candidaturas de personas condenadas por determinados delitos de corrupción mediante sentencias confirmadas en segunda instancia.
Algunos aliados consideran que, si el Gobierno decide avanzar únicamente con una parte de su reforma política, debería incluir ese capítulo dentro del nuevo texto. La negociación podría modificar el alcance de la iniciativa que finalmente llegue al recinto.
El planteo representa una dificultad adicional para Milei, porque obliga al oficialismo a buscar consensos no solamente sobre la suspensión de las PASO, sino también sobre otras modificaciones vinculadas con las reglas de competencia electoral.
El debate por las PASO también dejó expuestas las tensiones internas dentro de La Libertad Avanza, especialmente entre la conducción política de la Casa Rosada y el bloque oficialista del Senado.
Según Noticias Argentinas, Patricia Bullrich decidió mantenerse al margen de las negociaciones con los gobernadores, que quedaron bajo la responsabilidad de Diego Santilli. La decisión se produjo en medio de las diferencias que mantiene con Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y una de las principales figuras de la estructura política libertaria.
La situación generó movimientos dentro del oficialismo, particularmente después de que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, reclamara acelerar el tratamiento de la reforma electoral.
Menem considera que el Gobierno dispone de los respaldos necesarios para aprobar el proyecto en Diputados y pretende que el Senado avance cuanto antes, con el objetivo de evitar que la discusión se traslade al próximo año.
Sin embargo, desde el entorno parlamentario de Bullrich advierten que la obtención de un dictamen no garantiza la aprobación en el recinto y que será necesario cerrar previamente los acuerdos con los bloques aliados.
El conflicto también tiene una dimensión electoral porque Bullrich utilizó las PASO de 2023 para imponerse sobre Horacio Rodríguez Larreta en la interna presidencial de Juntos por el Cambio. La herramienta que el Gobierno busca suspender fue, por lo tanto, determinante para su propia candidatura en aquella elección.
El apoyo de los mandatarios provinciales será determinante para completar la mayoría que necesita el oficialismo, especialmente entre los bloques que no responden directamente a las principales fuerzas nacionales.
Según la información de Noticias Argentinas, los gobernadores Raúl Jalil, de Catamarca; Rolando Figueroa, de Neuquén; Martín Llaryora, de Córdoba; Ignacio Torres, de Chubut; y Gustavo Sáenz, de Salta, expresaron posiciones favorables a la suspensión o eliminación de las PASO.
Entre los legisladores vinculados con esas administraciones aparecen Guillermo Andrada, Julieta Corroza, Alejandra Vigo y Flavia Royón, cuyos votos forman parte de las conversaciones que desarrolla la Casa Rosada para consolidar una mayoría.
El Gobierno también pretende avanzar en acuerdos con Hugo Passalacqua, gobernador de Misiones, y Osvaldo Jaldo, de Tucumán. El primero podría aportar los respaldos de Carlos Arce y Sandra Decut, mientras que el segundo mantiene diferencias con la propuesta y todavía no comprometió el acompañamiento de sus representantes.
En el caso tucumano, las conversaciones involucran a Beatriz Ávila y Sandra Mendoza, aunque su eventual respaldo dependerá de los acuerdos que puedan alcanzarse durante los próximos días.
La búsqueda de votos muestra que la suspensión de las primarias se convirtió en una negociación que excede el funcionamiento del Congreso. Los intereses electorales de los gobernadores y las discusiones sobre candidaturas provinciales también influyen en las posiciones de los legisladores nacionales.
La eventual aprobación de la reforma modificaría uno de los principales mecanismos de selección de candidatos utilizado en las elecciones nacionales desde 2011.
Las PASO permiten que los ciudadanos participen en una instancia electoral previa a los comicios generales, donde las distintas listas de una misma agrupación pueden competir para definir sus candidaturas.
El Gobierno sostiene que el mecanismo representa un gasto innecesario para el Estado y que las internas partidarias deberían resolverse mediante procedimientos propios de cada organización política.
En cambio, los sectores que defienden las primarias consideran que constituyen una herramienta para ordenar la competencia interna y permitir la participación de los votantes en la definición de las candidaturas.
La diferencia entre suspender y eliminar las PASO también resulta central. La suspensión impediría su realización durante las elecciones de 2027, pero mantendría vigente el sistema para futuras convocatorias, mientras que una derogación definitiva implicaría modificar de manera permanente la legislación electoral.
El proyecto original del Ejecutivo contemplaba una reforma más amplia, que incluía modificaciones al financiamiento de los partidos políticos y otros aspectos del régimen electoral. Sin embargo, las dificultades para reunir consensos llevaron al oficialismo a priorizar una alternativa limitada a los próximos comicios.
El cronograma legislativo establece que la Comisión de Asuntos Constitucionales se reunirá el 17 de noviembre, mientras que el oficialismo pretende llevar la suspensión de las PASO al recinto el jueves 26.
Para cumplir ese objetivo, Diego Santilli deberá terminar de consolidar los acuerdos con los gobernadores y conseguir el respaldo de una parte importante de la UCR, el PRO y los bloques provinciales.
La Casa Rosada también deberá definir si mantiene el proyecto original o presenta una versión modificada que contemple los reclamos de sus aliados, especialmente en materia de Ficha Limpia y financiamiento político.
La negociación se desarrolla durante las últimas semanas del período ordinario del Congreso, mientras el Gobierno prepara una convocatoria a sesiones extraordinarias para avanzar con otras iniciativas, entre ellas el Presupuesto 2027.
Con los votos necesarios para impulsar el dictamen prácticamente asegurados, Milei consiguió destrabar la primera etapa de su reforma electoral en el Senado. Sin embargo, el oficialismo todavía deberá reunir una mayoría más amplia para conseguir la media sanción y avanzar hacia la suspensión de las PASO en las elecciones presidenciales de 2027.
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