16 de noviembre de 2026
El Ministerio de Economía reglamentó el sistema de acceso abierto para permitir que diferentes operadores utilicen la red ferroviaria mediante el pago de peajes. Techint, Roggio, grandes cerealeras y compañías mineras aparecen entre los interesados, mientras la privatización del Belgrano Cargas espera ofertas para diciembre.
El Gobierno de Javier Milei avanzó con la apertura del transporte ferroviario de cargas al sector privado al establecer las reglas que permitirán a distintas empresas utilizar la red nacional mediante el pago de un peaje, independientemente de quién administre las vías. La decisión fue oficializada este lunes 16 de noviembre a través de la Resolución 1984/2026 del Ministerio de Economía, firmada por Luis Caputo, y busca facilitar la incorporación de nuevos operadores en un negocio estratégico para la producción agroindustrial, la minería y el comercio exterior argentino.
La medida llega en medio de las negociaciones para concretar la privatización del Belgrano Cargas, un proceso que sufrió modificaciones después del retiro del conglomerado mexicano Grupo México y que ahora tiene prevista la apertura de ofertas para el 21 de diciembre. Entre los principales interesados aparecen un consorcio integrado por cinco grandes compañías cerealeras, además de Techint, Roggio, Emepa y empresas vinculadas con proyectos mineros, aunque todavía no está definido cuáles competirán formalmente por las concesiones.
La nueva reglamentación establece las condiciones de funcionamiento del sistema conocido como open access o acceso abierto, que permite separar la administración de la infraestructura ferroviaria de la operación de los trenes. De esta manera, una compañía podrá transportar sus propias cargas o prestar servicios a terceros sobre vías administradas por otro concesionario, siempre que cumpla con los requisitos técnicos, operativos y de seguridad.
La Resolución 1984/2026 reglamenta aspectos operativos de una modalidad que ya estaba contemplada en la legislación ferroviaria argentina, pero cuya implementación efectiva permanecía pendiente. El objetivo es establecer reglas comunes para las empresas que administren las vías y aquellas que pretendan utilizarlas para transportar mercadería.
Bajo el nuevo esquema, los administradores de infraestructura deberán permitir el ingreso de operadores habilitados mediante condiciones de acceso transparentes y no discriminatorias. Las empresas interesadas deberán solicitar capacidad de circulación, acreditar las condiciones técnicas de sus formaciones y abonar los peajes correspondientes por el uso de la red.
Uno de los puntos centrales es que las solicitudes de nuevos operadores deberán recibir una respuesta en un plazo máximo de 30 días hábiles. La normativa también contempla mecanismos para asignar horarios de circulación, coordinar los servicios y garantizar que los concesionarios no favorezcan injustificadamente a compañías vinculadas con sus propios grupos económicos.
El sistema tendrá supervisión de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), organismo que deberá proponer un régimen de sanciones para los casos de incumplimiento. La reglamentación incluye además disposiciones destinadas a preservar la seguridad operativa y evitar que circulen locomotoras o vagones que no reúnan las condiciones exigidas.

La apertura del negocio despertó el interés de distintos grupos empresarios que ya participan de actividades ferroviarias, industriales o logísticas. Entre ellos aparece Techint, el conglomerado encabezado por Paolo Rocca, que mantiene vinculación con el transporte de cargas a través de Ferroexpreso Pampeano (FEPSA) y podría evaluar su participación en las nuevas concesiones.
Otro de los interesados es el Grupo Roggio, que cuenta con antecedentes en la operación ferroviaria y manifestó interés en el proceso de privatización. También figura Emepa, compañía vinculada históricamente con la industria ferroviaria y los servicios de mantenimiento, que aparece entre los posibles participantes de la licitación.
A estos grupos se suman operadores privados que ya desarrollan actividades de transporte de mercancías, como Nuevo Central Argentino (NCA), vinculado con el Grupo Urquía, y Ferrosur Roca. La nueva estructura podría abrir oportunidades para que empresas con experiencia en el sector amplíen su participación mediante la adquisición de material rodante o la operación de trenes sobre vías administradas por terceros.
Sin embargo, el interés empresarial no equivale a la presentación de una oferta definitiva. Las compañías deberán evaluar los costos de operación, las condiciones de mantenimiento de la infraestructura y las inversiones requeridas antes de comprometerse formalmente con una concesión.
Uno de los principales grupos que analiza ingresar al negocio está integrado por Aceitera General Deheza (AGD), Bunge, Cargill, Louis Dreyfus Company (LDC) y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA). Estas empresas mantienen una relación directa con el transporte de productos agrícolas y consideran que el ferrocarril puede desempeñar un papel importante para reducir los costos logísticos de sus operaciones.
La participación de las cerealeras adquiere relevancia porque una parte considerable de la producción agroindustrial debe recorrer largas distancias desde las provincias productoras hasta los puertos de exportación. La posibilidad de operar formaciones ferroviarias permitiría a esas compañías organizar sus propios servicios y disponer de mayor previsibilidad en el traslado de granos y subproductos.
El consorcio aparece entre los principales interesados en el proceso, aunque sus integrantes todavía deben definir las condiciones de una eventual presentación. La licitación establece requisitos técnicos y financieros que deberán ser evaluados antes de comprometer inversiones en infraestructura y material rodante.
La incorporación de grandes exportadoras también plantea interrogantes sobre las condiciones de competencia para otros usuarios del sistema. Precisamente por eso, el esquema de acceso abierto busca evitar que una empresa que administre vías pueda otorgar ventajas injustificadas a sus propias operaciones, una cuestión especialmente relevante cuando los posibles concesionarios también son grandes demandantes de transporte.
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El nuevo escenario también genera interés entre compañías vinculadas con la minería, especialmente aquellas que desarrollan proyectos de litio y cobre en el norte argentino. Entre las firmas mencionadas en las conversaciones aparecen Rio Tinto, Glencore, First Quantum y Vicuña, que analizan alternativas para mejorar la logística de sus emprendimientos.
Para estas empresas, la disponibilidad de transporte ferroviario puede resultar determinante al momento de trasladar insumos, maquinaria y minerales desde las zonas de producción hasta los centros industriales o puertos. La importancia del ferrocarril aumenta especialmente en proyectos que requieren movilizar grandes volúmenes de carga durante períodos prolongados.
El interés minero está relacionado con los corredores del Belgrano Cargas, que conectan diferentes provincias del norte con centros logísticos y terminales portuarias. Sin embargo, algunas empresas podrían optar por contratar servicios ferroviarios en lugar de asumir directamente la administración de infraestructura o la operación de trenes.
La participación definitiva dependerá de los proyectos de inversión, las condiciones de la red y la capacidad de cada compañía para incorporar el transporte ferroviario a su estructura logística. Por el momento, no existe una adjudicación confirmada a ninguna de estas firmas.
La reglamentación se conoce después de un episodio que modificó las expectativas del proceso privatizador. Grupo México, uno de los principales operadores ferroviarios del continente, decidió retirarse de la licitación tras cuestionar las condiciones del modelo de acceso abierto impulsado por el Gobierno argentino.
El conglomerado había evaluado un proyecto de inversión que alcanzaba aproximadamente US$3.000 millones, pero expresó objeciones a la separación entre la administración de las vías y la explotación de los servicios ferroviarios. Según su posición, ese diseño podía afectar las economías de escala necesarias para sostener inversiones de gran magnitud.
La salida del grupo mexicano generó incertidumbre sobre la cantidad de competidores y llevó al Ministerio de Economía a modificar el cronograma de la privatización. Mediante la Resolución 1914/2026, el Gobierno postergó la apertura de ofertas del 11 de noviembre al 21 de diciembre y flexibilizó algunas condiciones de participación para facilitar la conformación de consorcios.
La nueva normativa sobre acceso abierto busca responder a parte de los interrogantes planteados por los interesados, especialmente en relación con el uso de las vías, el cobro de peajes y la asignación de capacidad de circulación. Sin embargo, todavía resta comprobar si estas precisiones resultarán suficientes para atraer nuevas ofertas.

La privatización comprende aproximadamente 7.594 kilómetros de infraestructura ferroviaria, correspondientes a las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, que atraviesan 16 provincias argentinas. El esquema contempla concesiones de largo plazo, con una duración prevista de 50 años, y obligaciones de inversión destinadas a recuperar y mantener la infraestructura.
La propuesta contempla adjudicar la administración de vías e inmuebles vinculados con la actividad ferroviaria, mientras que las locomotoras, los vagones y los talleres forman parte de procedimientos específicos. Esta separación constituye uno de los aspectos centrales del modelo elegido por el Gobierno y modifica la estructura tradicional de las concesiones integradas.
La extensión de los corredores convierte al proceso en una operación estratégica para la logística argentina. Las líneas conectan regiones agrícolas, industriales y mineras con puertos y centros de consumo, por lo que las condiciones de funcionamiento pueden influir sobre los costos de transporte de diferentes sectores productivos.
La licitación también prevé obras obligatorias durante los primeros años de concesión y mecanismos para financiar parte de esas intervenciones. El desafío estará en conseguir operadores capaces de realizar las inversiones requeridas y sostener servicios competitivos frente al transporte de mercaderías por camión.
Uno de los aspectos centrales de la resolución está vinculado con los peajes que deberán pagar los operadores para circular por las vías. La reglamentación establece que esos cargos contemplarán el derecho de paso y determinados servicios obligatorios, como el acceso a instalaciones ferroviarias, la organización de recorridos y la gestión de la circulación.
En cambio, prestaciones adicionales como el abastecimiento de combustible o determinadas reparaciones podrán tener condiciones comerciales específicas. El objetivo es establecer una base común para la utilización de la infraestructura y permitir que las empresas conozcan con anticipación los principales costos de su actividad.
La normativa también incorpora mecanismos para evitar discriminaciones entre operadores. Entre los parámetros de control se contemplan diferencias superiores al 15% en la asignación de horarios preferenciales y desvíos injustificados mayores al 10% en los peajes, que podrán dar lugar a intervenciones regulatorias.
Además, se prevén garantías para las empresas que realicen inversiones destinadas a mejorar determinados ramales, de manera que puedan conservar capacidad de circulación sobre los tramos intervenidos. La medida busca otorgar previsibilidad a los proyectos privados sin eliminar las obligaciones de acceso para otros operadores.
La apertura ferroviaria forma parte de la estrategia oficial de ampliar la participación privada en empresas e infraestructura que actualmente permanecen bajo administración estatal. Para el Ministerio de Economía, la incorporación de nuevos operadores permitiría aumentar el volumen de mercaderías transportadas, mejorar la utilización de la red y fomentar inversiones en infraestructura.
Sin embargo, el resultado dependerá de la respuesta del sector empresario y de la capacidad para compatibilizar la competencia entre operadores con el mantenimiento de los corredores. Las condiciones de acceso, los peajes y las garantías para quienes financien obras serán factores determinantes al momento de evaluar los proyectos.
La presencia de cerealeras, empresas mineras y grupos industriales entre los posibles interesados también refleja la importancia del sistema ferroviario para diferentes sectores de la economía. No obstante, el proceso todavía debe superar la presentación de ofertas, la evaluación técnica y la adjudicación de las concesiones.
Con la reglamentación del acceso abierto, el Gobierno dio un nuevo paso hacia la incorporación de operadores privados en los trenes de carga. La atención estará puesta ahora en la licitación del 21 de diciembre, cuando se conocerá qué empresas deciden competir formalmente por la infraestructura ferroviaria y cuáles podrían convertirse en protagonistas del nuevo negocio.